A pocas horas de que la Corte Suprema exigiera a la jueza Ángela Vivanco informar acerca del juicio de Codelco con el Consorcio Belaz Movitec (CBM), la Corporación estatal expuso el episodio ante la comisión de ética del tribunal máximo de Justicia.

Según un escueto comunicado, Codelco precisó que “ha ejercido todos los derechos, recursos y acciones que le otorga la ley para intentar revertir las irregularidades que se han verificado en la tramitación y conocimiento de los recursos de protección que se siguieron por parte de CBM ante la Corte Suprema”.

Adicionalmente, Codelco, a través del abogado patrocinante en la causa, Raimundo Labarca -quien actuó como abogado externo de la cuprera estatal-, “expuso esta situación ante la comisión de ética de la Corte Suprema y ha colaborado activamente con el objeto de que se aclaren las anomalías que dieron origen a las resoluciones judiciales dictadas en contra de la Corporación, en el marco de este juicio”.

La cuprera estatal precisó, finalmente, que “seguirá colaborando con los tribunales de justicia y entregará todos los antecedentes necesarios al Ministerio Público, a fin de que este investigue los hechos que pueden revestir caracteres de delito, junto con evaluar nuevas acciones judiciales que tengan por propósito defender los intereses de la Corporación”.

Durante este lunes, la Corte Suprema comunicó que dio un plazo de 20 días a la suspendida jueza Ángela Vivanco para que informe de seis hechos.

Uno de ellos, el segundo dado a conocer por el máximo tribunal en una declaración en el mediodía de este lunes, se refiere a las “irregularidades cometidas en la tramitación y conocimiento de la causa de Consorcio Belaz Movitec SPA con Codelco”.

Esto, en alusión a un fallo de principios de julio de 2023 que ordenó a la minera chilena a devolver maquinarias y fondos retenidos por sobre $11 mil millones al Consorcio Belaz Movitec (CBM), conformado por Movitec y Belaz, una empresa estatal de Bielorrusia, en el marco de un litigio por el proyecto Rajo Inca para extender la operación de la División El Salvador.

El caso estalló el 1 de febrero de 2023, cuando la minera estatal chilena decidió rescindir el contrato por “el atraso en las obras e incumplimiento reiterado de las estipulaciones contractuales” y ejecutó el cobro de cuatro boletas de garantía por 323.854 UF, más de $11.429 millones.

Cinco meses después, la Tercera Sala del máximo tribunal falló acogiendo un recurso del consorcio y ordenó a Codelco “poner fin inmediato a la retención de los fondos”. Según reveló El Mostrador, la causa fue vista cuando Vivanco ocupó provisoriamente la presidencia de la sala. Además, se dispuso que la estatal devolviera 78 equipos al consorcio, entre los que se cuentan excavadoras, bulldozers y 34 camiones mineros de 300 y 100 toneladas.

El fallo pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema, fue de 4 votos a favor y 1 en contra, que fue de la ministra integrante María Cristina Gajardo, quien no compartió aspectos centrales del fallo, lo cual quedó consignado en el documento que estableció la decisión en contra de Codelco.

Además de Gajardo, los otros integrantes fueron los ministros Ángela Vivanco M. (quien ejercía como presidenta provisional de la sala), Mario Carroza E., y las abogadas integrantes Leonor Etcheberry C. y María Angélica Benavides C.

Codelco interpuso una demanda en el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago, acusando perjuicios avaluados en más de $70.836 millones, como consecuencia de los incumplimientos en que habría incurrido el consorcio.