La actualización al Decreto Supremo N° 13, que fija las normas de emisión para centrales termoeléctricas, entró en la recta final. Un proceso de revisión que ya lleva casi cinco años, y que mantiene en alerta a tres empresas que cuentan con unidades a carbón, y aún no tienen planes concretos de reconversión.

Se trata de Guacolda, controlado por Capital Advisors, con una capacidad instalada de 764 MW; Cochrane, controlado por Aes Andes, y una capacidad de 550 MW; y Santa María, la única central a carbón operada por Colbún, con una capacidad de 350 MW.

El proceso de actualización normativa, iniciado en 2020, cuenta desde el 31 de diciembre con un proyecto definitivo. Elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), el nuevo proyecto mantiene las exigencias que en su momento llevaron a las empresas a alertar de un potencial cierre anticipado de sus centrales a carbón. Estas implican una reducción a la mitad, o incluso menos, de los actuales umbrales máximos para las emisiones.

Además, para los procesos de reconversión, sólo se considerarán “aquellos que contemplen el tránsito del uso de combustibles sólidos al uso exclusivo de combustibles de bajas emisiones en las horas de operación en régimen, a más tardar el año 2038″, dice el proyecto definitivo.

Esto motivó a que dos de las empresas afectadas, Colbún y Guacolda, enviaran sendas cartas aportando mayores antecedentes, advirtiendo que las observaciones previas “no han sido debidamente ponderadas a la hora de elaborar el proyecto”.

“Esto es especialmente relevante porque varias de ellas han apuntado a relevar la falta de fundamentación técnica detrás del texto propuesto”, dice la misiva enviada por Daniel Gordon, gerente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de Colbún, con fecha 24 de enero.

La carta, dirigida a la ministra Maisa Rojas, afirma que la generadora del grupo Matte valora “positivamente la inclusión de disposiciones que incentiven la reconversión de centrales termoeléctricas que actualmente operan con carbón como idea matriz”. Sin embargo, advierte que la propuesta normativa “no es coherente con el Plan de Descarbonización presentado por el Ministerio de Energía”.

La carta añade otra crítica. Tras revisar los resultados del último Análisis General de Impacto Económico y Social (Agies) -documento clave a la hora medir los costos y beneficios de una revisión normativa-, la compañía afirma que “persiste la subestimación de costos de cumplimiento de los límites de NOx, lo que se ha repetido sistemáticamente en los distintos Agies”, lo que califica de “error grave que el sector eléctrico ha denunciado desde el anteproyecto”.

Según detalla, el documento oficial estima que el costo de abatimiento de NOx alcanzaría los US$1,47 millones, cifra que “no reflejan los costos reales”.

“De acuerdo con nuestras estimaciones, solamente la Central Termoeléctrica Santa María, ubicada en la comuna de Coronel, requiere inversiones cercanas a los US$60 millones para cumplir con los límites de NOx. Si agregamos las otras centrales a carbón que estarán en condiciones similares, estos costos bordearían los US$200 millones solo por reducción de NOx”, alerta.

Dan cuenta de otra “información errada o imprecisa”, ya que, según el Agies, Santa María ya contaría con plan de reconversión. Sin embargo, esto es rebatido por la empresa. “Aclaramos que Colbún ha evaluado internamente alternativas de reconversión, sin embargo, no hemos presentado oficialmente un plan o decisión en ese sentido”, señala.

La misiva cierra remarcando que algunas disposiciones del proyecto de actualización normativa “hacen inviable la reconversión de centrales termoeléctricas”, por lo que esperan que estas observaciones se acojan “y, en consecuencia, proceda a modificar el Proyecto en lo que sea pertinente antes de su sometimiento al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático”.

Consultada por Pulso, desde Colbún remarcaron que la compañía “promueve una transición energética responsable, suscribió un acuerdo de descarbonización con el Estado de Chile y considera relevante actualizar la norma de emisiones. Sin embargo la actual propuesta de proyecto presenta ciertas falencias que consideramos deben ser ajustadas para ser consistentes con la ruta de descarbonización que exitosamente se ha venido materializando en el sector eléctrico”.

El gerente general de Guacolda Energía, Marco Arrospide, también hizo lo propio. El 20 de enero remitió una carta dirigida al Comité de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, sosteniendo que el proyecto definitivo “no se alinea con la transición energética justa y los planes del Ministerio de Energía (Descarbonización e Hidrógeno Verde)”.

Según advierte, el proyecto de reconversión en el que la firma está avanzando, quedaría excluido de la nueva normativa.

“La co-combustión de carbón con amoniaco es una tecnología en desarrollo, que están implementando decididamente países como Japón y Corea (...) . Sin embargo, aún en estos países desarrollados, no existe por ahora el compromiso de cambiar al uso exclusivo de este combustible de bajas emisiones, lo que en la práctica tampoco sería co-firing”, indica.

“Lo anterior, no por falta de voluntad, sino porque todavía no existe certeza acerca del comportamiento de las calderas de las centrales termoeléctricas a carbón usando 100% amoniaco”, remarca.

Así, manifiesta que “tal como está redactada la norma de emisión, esta no resulta coherente con la realidad de los procesos de co-firing en el mundo, ni con el aporte que ve en ello el Plan de Descarbonización o el de Hidrógeno Verde, liderados por el Ministerio de Energía”.

En su carta, Arrospide apunta a la “discrecionalidad de la autoridad al ajustar los límites de emisión”. Esto, ya que plantea que el nuevo Agies fue generado “sin las debidas evidencias que permitan justificarlo”, y que no contó con una “adecuada consulta pública”, lo que “representa una omisión en el proceso administrativo, que no sólo lo vicia, sino que pasa por alto los principios esenciales de democracia ambiental que consagra el Acuerdo de Escazú”.

Agrega que, a pesar de “las observaciones realizadas en temas operacionales por las empresas generadoras, apoyadas por el Ministerio de Energía, la versión definitiva de proyecto de la norma insiste en imponer criterios contrarios a la realidad técnica de las instalaciones de generación, los que afectarán negativamente la operación del sistema eléctrico y con ello la transición energética”.

Consultado el MMA defendió la propuesta. En una declaración enviada a Pulso, afirmaron que “la propuesta de norma sí permite y promueve la reconversión de unidades de generación y la implementación de planes de co-firing”, asegurando que lo hace a través de “incentivos durante el periodo de reconversión”. A su vez, señalaron que los resultados del Agies “en todos los casos, se realizan en base a proyecciones”, pero añadieron que “cualquier posible modificación no generaría cambios relevantes en el resultado final de la relación costo-beneficio, por lo que no implica una modificación en los límites establecidos en el proyecto definitivo”.

Sobre los vicios advertidos por las empresas, indicaron que “actualmente, nos encontramos revisando y dando respuesta final a las observaciones realizadas durante el proceso de consulta ciudadana, las cuales serán remitidas durante la próxima semana”.

Finalmente, señalaron que la próxima convocatoria para que el Comité de Ministerios para la Sustentabilidad y el Cambio Climático vea el proyecto “será informado oportunamente”.

En tanto, desde el Ministerio de Energía declinaron entregar comentarios.