Columna de Alejandra Cox: Preocupantes antecedentes de la reforma de pensiones

Quienes desde hace décadas estudiamos los sistemas previsionales, entendemos que la construcción de pensiones tiene múltiples complejidades. No existe un sistema único en el mundo, sino que cada país debe evaluar cómo la composición poblacional, las características del mercado laboral y la salud financiera de su Estado confluyen en el diseño adecuado.

Tomando esto en cuenta, lo que se ha conocido de la futura reforma previsional enciende varias alarmas. En primer lugar, no está considerando un atributo fundamental para la ciudadanía: la libertad de elegir quién gestionará sus ahorros, y quién le entrega el servicio de atención. En esa lógica, la ventanilla única no tiene cabida; tener solo una modalidad de pensión, tampoco, y el fin de los multifondos, menos. La separación de la industria parece ser una excusa para recurrir al monopolio del Estado.

Un segundo atributo se refiere a la propiedad de los fondos y su carácter heredable. Por lo que conocemos, la heredabilidad será bajo ciertas condiciones y por un periodo de tiempo limitado. En tanto, la propiedad de los fondos se estaría garantizando, a medias. Con el 10% se dice que sí, pero no con el 6%. La ministra Vallejo fue clara en un matinal, al decir que la nueva cotización irá íntegra a un fondo común.

Tampoco se puede olvidar que para mejorar las pensiones se requiere una mayor base de cotización. Hoy, lo que se conoce del texto, parece mirar con espejo retrovisor los desafíos del mercado laboral. No sólo respecto a la informalidad, sino que a las nuevas formas de trabajo. Aquellas que con la pandemia se han acrecentado en grupos importantes de trabajadores.

En tercer lugar, y bajo el eslogan de poner fin a las AFP, la futura reforma plantea terminar con la administración privada, sin considerar que ésta presta diferentes servicios a los afiliados. No por nada acumulan más de 118 millones de atenciones presenciales, telefónicas y digitales; casi 9 millones de pensiones pagadas anuales y más de 15 millones de beneficios estatales entregados solo en 2021. A eso se suma la rentabilidad obtenida en el largo plazo y que corresponde al 79% del ahorro total de los afiliados. El que el ahorro estuviera resguardado -y creciendo- fue una de las evidencias que dejaron los tres retiros de fondos previsionales realizados bajo el más alto estándar de eficiencia y prontitud.

Preocupa que la propuesta no modifique al régimen de inversiones, dificultando la recuperación de los ahorros reducidos dramáticamente tras los retiros.

¿Qué pasará con la protección de los datos personales de los afiliados? Hoy son las administradoras privadas las responsables de evitar ataques cibernéticos. Para ello, invierten millonarios montos en control de fraudes, escaneos y múltiples test de seguridad de sus servidores. Una única agencia estatal, con casi 12 millones de datos de afiliados bajo su control, hace al menos plantearse si ese riesgo estará controlado eficientemente.

Las proyecciones de las autoridades muestran que gracias a la PGU la tasa de reemplazo sube sobre el 70%. Entonces, ¿por qué se destinará la cotización adicional del 6% a un fondo común y no a la cuenta de cada trabajador para incrementar su ahorro previsional?

Como todos los sistemas de pensiones, el chileno también necesita ser ajustado. Hoy con los mismos ahorros se ha hecho necesario financiar periodos cada vez más largos, lo que ha llevado a menores pensiones. Pero a diferencia de lo que pasa en el mundo, donde se está incorporando más ahorro y cambiando parámetros estructurales, en Chile se agregaría un componente de “reparto” lo que es un gran retroceso.