Codelco y SQM firmaron un memorándum de entendimiento y se cumple así un primer hito de la estrategia nacional del litio anunciada por el gobierno. Estrategia que desde Pivotes hemos criticado porque en vez de abrir la cancha a la participación de empresas públicas y privadas, chilenas y globales, compitiendo en igualdad de condiciones, optó por exigir que el Estado tuviera una participación controladora en las operaciones y proyectos de litio y por asignar contratos de arriendo o de operación a empresas del Estado en forma directa.

Reafirmamos un principio: la industria del litio tendría un mayor dinamismo, sostenibilidad e innovación si existieran diversas empresas desarrollando proyectos en múltiples salares. Y para que ello ocurriera, el litio siempre debió tener la misma condición que el resto de los minerales en Chile y el mundo: ser concesible o accesible a través de contratos de exploración y operación licitados en procesos abiertos y competitivos.

En coherencia con este principio, el Estado o Corfo debió convocar a una licitación internacional para adjudicar al mejor postor (quien ofreciera el mayor royalty, la mejor tecnología y los mejores estándares medioambientales) el contrato de arriendo hasta el año 2060 de sus pertenencias mineras en el salar de Atacama que hoy arrienda a SQM hasta el 2030.

¿Cómo se puede justificar una asignación directa de tamaño contrato (30 años, miles de millones de dólares) de Corfo a Codelco y luego de ésta a la sociedad conjunta que formará con SQM? Deben expresarse poderosas razones para ello, que debieran ser el centro del debate en vez de tanta algarabía del tipo “acuerdo histórico”. ¿Cuáles podrían ser?

En circunstancias que la ventana del litio es hoy y de incierta duración, era importante aumentar la producción de litio en esta década. La absurda inconcesibilidad y la ausencia de un marco normativo que obligue al Estado a hacer licitaciones abiertas y competitivas de contratos de operación, impidió que diversas empresas desarrollaran proyectos en los distintos salares, incluido Atacama. La inversión posiblemente hubiese incluido diversas tecnologías de extracción y fábricas de refinación ampliables (en operación o desarrollo) para procesar volúmenes adicionales. Esas empresas no sólo estarían operando estas iniciativas hace años, con lo que el Fisco se hubiese embolsado ya varios años de cuantiosa tributación, sino que también habrían sido postores reales y competitivos en una eventual licitación del contrato 2031-2060 que Corfo la asignó en forma directa a Codelco.

Se podría argumentar, entonces, que, por errores del pasado, para lograr el triple objetivo de extender el contrato de arriendo en el salar de Atacama sin interrupciones de producción, aumentar la producción en esta década e incrementar el valor capturado por el Estado, no quedó más alternativa que negociar directamente con SQM, y un buen vehículo para hacerlo era Codelco.

A las piezas naturales de esa negociación -rentas para el Estado, más producción en esta década y extensión de contrato- el gobierno le agregó una restricción: que el Estado tuviera el control de la sociedad conjunta. Cabe preguntarse, ¿cuánto valor dejó en la mesa por haber impuesto esa restricción?

Puesto en los zapatos de un accionista de Codelco y SQM y sujeto al rayado de cancha descrito, cabe celebrar el rol de los respectivos directorios y administraciones, pues ambas empresas salen fortalecidas con este acuerdo. Puesto en los zapatos de un ciudadano de esta república, por un lado, cabe desear que de este acuerdo se logre lo prometido: aumento de producción, mejoras tecnológicas, más royalties y mejores estándares ambientales. Ambas empresas tienen las capacidades para hacerlo, y es de esperar que la co-gobernanza no sea un impedimento para que se desplieguen.

Pero, por otro lado, mirando el futuro y el resto de las abundantes reservas de litio, es fundamental que se avance con urgencia en dos caminos paralelos: en el proyecto de ley que un grupo transversal de diputados presentó para normalizar la anomalía del litio y declararlo concesible como cualquier otro mineral, y en la licitación prometida por el gobierno para entregar contratos de exploración y explotación en otros salares, esta vez a empresas privadas. No sigamos postergando oportunidades de desarrollo.