La disputa por el control de la economía de recursos naturales tiene a una parte importante de las inversiones del país paralizadas o postergadas. Habiéndose rechazado la propuesta constitucional que incluía una extensa regulación sobre el uso de los Bienes Comunes Naturales, el gobierno busca ahora impulsar una política industrial a través del “Estado Emprendedor” para, por ejemplo, cartelizar la producción de litio con Argentina y Bolivia, operar plantas desalinizadoras en las regiones de O’Higgins y Coquimbo o distribuir e instalar paneles solares en el techo de las casas a través de los municipios. Cabe preguntarse entonces si esta mirada se extenderá luego al hidrógeno verde o a otras industrias basadas en recursos naturales. Por su parte, el mundo empresarial continúa ensimismado elaborando proyectos de inversión que, temprana (bajo el eufemismo de la información insuficiente) o tardíamente, son sacados o rechazados del proceso de evaluación ambiental. En lo que va del año así ha ocurrido con 96 proyectos, equivalentes a US$4.000 millones de inversión.
En el intertanto en el mundo, el precio del litio se ha más que triplicado desde 2018; BP anunció una inversión en Australia de US$36 miles de millones para producir 1,6M toneladas métricas de hidrógeno verde; Emiratos Árabes inauguró en marzo la planta desalinizadora de osmosis reversa más grande del mundo con capacidad para producir 600.000 m3/día; Brasil aumenta en 50% sus plantaciones forestales y producción de celulosa en la última década y Noruega se propone duplicar sus exportaciones de salmón al 2030.
Así, mientras esos países invierten en las oportunidades que se generan por tendencias globales como la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, la transformación energética, el reemplazo del plástico por materiales que facilitan la economía circular y la alimentación saludable, nuestro país, a pesar de tener extraordinarios recursos para contribuir a ellos, se paraliza para resolver la duda existencial de ser o no ser “extractivista”. Para avanzar, tenemos que partir por entender que para una mayoría de la opinión pública los recursos naturales son la principal riqueza del país y, por tanto, su futuro debiera descansar en alianzas público-privadas para alcanzar un equilibrio entre la conservación del medioambiente y el progreso del país. Pero, entonces, ¿qué forma deben tomar esas anheladas alianzas en el Chile actual?
Respondamos esta pregunta para territorios concretos que requieren de nuevas gobernanzas público-privadas para progresar, con sostenibilidad y desarrollo social, en las oportunidades que presentan sus recursos naturales para contribuir a las tendencias globales referidas: (i) el litio en Atacama; (ii) el hidrógeno verde en Magallanes; (iii) la desalinización de agua de mar en Coquimbo y Valparaíso; (iv) el desarrollo agrícola, forestal y de energía eólica en los cientos de miles de hectáreas en La Araucanía no cubiertos por bosque nativo que están hoy sin uso y en proceso de erosión; y (v) la salmonicultura en la macrozona austral. Consideramos que el modelo adoptado por Bolivia para el litio de formar empresas estatales con socios privados minoritarios, no es la respuesta más adecuada para enfrentar desafíos que requieren capacidades (tecnológicas, de gestión y velocidad de ejecución) que están distribuidas en una gran diversidad de empresas, más todavía teniendo a la vista los escasos avances que muestra luego de invertir casi US$1 billón en ese mineral.
Para superar el punto muerto en que nos encontramos, se requiere más bien innovar en la gobernanza y los mecanismos de colaboración público-privada, una de las materias que estamos debatiendo en el foro sobre economía de recursos naturales que hemos convocado en Pivotes. De ese debate han surgido ideas como: (i) conformar en esas macrozonas gobernanzas público-privadas livianas con dispositivos de participación ciudadana e integradas por representantes del Estado (central y regional), empresas, academia, ONG y organizaciones comunitarias para proponer en un plazo acotado un marco general de línea base medio ambiental, ordenamiento territorial y valor compartido asociado al desarrollo de sus recursos naturales; y (ii) mandatar a una institución pública (o público-privada) que trascienda el ciclo político-electoral (¿Fundación Chile 2.0?) para convocar a las empresas nacionales y extranjeras con los mejores desarrollos tecnológicos, estándares de sostenibilidad y “time to market” para desarrollar las 4 oportunidades indicadas.
En estos días la Comisión de Futuro del Senado trabaja en la búsqueda del diseño de una nueva institucionalidad del Estado para fortalecer su capacidad de pensamiento estratégico y de prospección de escenarios futuros, lo que es fundamental para enfrentar desafíos como los mencionados. Puede ser ese el espacio propicio para promover también nuevas gobernanzas de colaboración público-privada como las indicadas, complementos fundamentales para transformar el pensamiento estratégico en acciones concretas. Limitarse a hacer más de lo mismo (comisiones, mesas, encuentros, llamados, acuerdos nacionales, políticas nacionales 2050, listas de propuestas) seguirá impidiendo que retomemos ese estrecho pasillo que conduce a los países al desarrollo integral.
