Un empresario chileno, dueño de una pyme, con más de 30 años de trayectoria, comentó en una reunión que jamás había negociado con un trabajador su sueldo bruto, sino siempre el líquido. La experiencia de todos los que participábamos en esa conversación era la misma, y peor aún fue darnos cuenta que ninguno sabía claramente cuál era su sueldo bruto, simplemente porque no era tema o para otros “habían preferido no recordar” qué porcentaje del costo total de remuneraciones se va en impuestos de diferente índole, cotizaciones a los distintos sistemas de seguridad social, ya sea pagados por trabajadores o por empleadores.

Ante esto, si el 6% de aumento de las cotizaciones que propone el Ejecutivo en su reforma previsional lo pagará el trabajador o el empleador, resulta una discusión de sordos, porque sea quien sea el que asuma el costo directo de la cotización, será ‘el trabajo’ en sí mismo el que sumará una nueva carga impositiva.

Nadie puede negar que Chile necesita avanzar en cambios sustantivos que permitan generar un sistema de seguridad social robusto, eficiente y sustentable, que no afecte el empleo y donde los trabajadores logren enfrentar, tanto su vida laboral activa como su retiro con tranquilidad.

El problema es que, impuestos más, impuestos menos, en el fondo el sistema previsional actual resulta insatisfactorio para la mayoría de los pensionados por la insuficiencia del valor de las pensiones que reciben. Desde ahí, ¿cómo hacernos cargo de esta sensación? El valor percibido del aporte del trabajador y/o empleador a la seguridad social, en todos sus subsistemas, debe ser claro y tangible, y esto será lo que finalmente terminará por validar y viabilizar el sistema. De lo contrario, aumentar la carga para pensiones en este 6% o la próxima reforma al sistema de salud, se transformarán en un impuesto más al trabajo bajo el formato “directo a la vena”, sin que los trabajadores o empleadores puedan realmente sentir y valorar el beneficio que reciben y solo redundará en menores sueldos líquidos y mayor desempleo, con la consecuente insatisfacción respecto de la solución.

El sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo es hoy uno de esos impuestos específicos al trabajo que entrega servicios directos a los trabajadores y empleadores donde, además, se representa la exitosa colaboración público-privada en la provisión de servicios sociales. Considerando que la prima del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales es de cargo del empleador, tanto éste como todos los trabajadores de su dependencia son beneficiarios directos. Sin duda, la cotización del seguro es considerado un impuesto al trabajo, por lo que estas cotizaciones previsionales deben ser bien administradas y, claramente valoradas, por quien paga y por quien recibe el servicio.

Hoy en Chile existen tres mutualidades privadas sin fines de lucro que competimos por la preferencia de las empresas y sus trabajadores, a lo que le sumamos una cuarta institución estatal (hoy ISL) y con un creciente rol del Estado en materia de regulación y fiscalización. Este modelo diseñado en 1968 se funda en los principios de la seguridad social como la universalidad, solidaridad, integralidad e igualdad, donde se protege colectivamente a todos los trabajadores que cotizan; donde todos aportan por igual, lo que le permite a cualquier empresa (multinacional o pyme) contar con las prestaciones preventivas que requiera y un excelente seguro de salud laboral y prestaciones de primer nivel para sus trabajadores.

Con más de 7 millones de trabajadores protegidos por este sistema y más de 1.240.000 empleadores adheridos a las mutualidades, este es un sistema que muestra resultados más que satisfactorios en su quehacer. La tasa de accidentabilidad del trabajo está en torno al 2,6%, un 47% menos que hace 10 años, mientras que la tasa de mortalidad ha descendido desde el 6,1% en 2012 al 2,9% en 2021, demostrando que la necesaria labor preventiva ha sido exitosa. Al mismo tiempo, son los mismos trabajadores quienes evalúan sus servicios positivamente, alcanzando un 69% de satisfacción neta del sistema y un 77% neto de recomendación, y si consideramos específicamente el servicio de atención de salud en caso de accidente o enfermedad laboral, los niveles alcanzan al 82% neto.

Sin duda el de las mutualidades es un sistema perfectible donde debemos continuar avanzando en políticas públicas que, entre otras cosas, promuevan el bienestar y la vida sana de los trabajadores. Nuestro trabajo seguirá enfocado en la prevención y educación del sistema, ya que no puede existir en Chile ninguna organización ni trabajador que desconozca los beneficios y derechos que entrega este “impuesto específico al trabajo” en materias de seguridad, salud laboral y sus prestaciones sociales.