Desde 2010 hemos implementado en Chile nueve reformas tributarias, mientras que el PIB per cápita del país lleva los últimos 10 años estancado. Por ello, si se trata de discutir nuevas reformas, la prioridad debiera ser recuperar el crecimiento y la competitividad de nuestra economía con el mundo, para asegurar así una mayor recaudación que provenga de agrandar el tamaño de la torta que se quiere repartir. Porque sin crecimiento, no hay recursos para programas sociales ni oportunidades para todos.

En economía, mayores impuestos implican más costos para todos quienes compiten, los que terminan siendo traspasados a mayores precios, menores salarios y mayores tasas de interés. En la práctica y más allá de las intenciones que se proclaman desde la política, los más afectados por los impuestos suelen ser los consumidores, deudores, profesionales independientes, empleados o quienes dan sus primeros pasos para transformarse en los emprendedores del futuro.

La institucionalidad chilena entrega sabiamente la definición de la estructura tributaria al poder Ejecutivo y al Legislativo, integrados por representantes electos por la ciudadanía. Ellos debieran tener siempre como norte el bien común y operar dentro de las restricciones determinadas por la Constitución. Su legitimidad proviene de que se someten periódicamente al escrutinio de los electores y, también, de que se informen adecuadamente, conociendo el respaldo técnico de las políticas públicas que impulsan. Por lo tanto, si bien todos tenemos derecho a dar nuestra opinión y proponer ideas para su análisis, una reforma tributaria se trata de una materia que es iniciativa del Ejecutivo y debe resolverse en el Congreso, escuchando a la sociedad civil, pero sin dejar que grupos de interés coopten la discusión.

Personalmente, siempre he pensado que países pequeños como el nuestro, que ya fueron capaces de darse una institucionalidad capaz de generar crecimiento, debieran transformar su estructura tributaria en un arma competitiva en favor de la inversión y del desarrollo humano sostenible, como lo han hecho estados como Irlanda y Nueva Zelandia, entre otros.

Para tomar ese camino hay que tener en cuenta algunos números básicos: hoy en Chile las personas que declaran ingresos suman aproximadamente 10,5 millones, pero de ellos sólo uno de cada cuatro paga impuestos a la renta. Las tasas son crecientes para el 26% que sí paga, entre 4% y 40% dependiendo de los ingresos de cada cual. Los dos tramos más altos de ingreso, que solventan en el margen tasas superiores al 35%, suman algo menos del 1% del total de las personas, pero aportan casi el 60% de la recaudación por este tributo. Por ese motivo, los expertos de la OCDE han observado que en Chile la base de contribuyentes debe ampliarse pensando en la estabilidad fiscal futura. No se pueden financiar los programas sociales solo con un cuarto de los contribuyentes pagando impuestos, y con apenas un 0,8% de ellos cargando con el 60% del esfuerzo.

Si se quiere hacer reformas estructurales para aumentar los ingresos del país, valdría la pena, entonces, pensar fuera de la caja a la hora de elaborarlas.

A modo de ejemplo, sería interesante evaluar una alternativa que rompa esquemas y pueda darle a Chile una ventaja competitiva como país: un “flat tax” (tasa pareja) de 10% que grave igualmente las rentas anuales de quienes ganan más de $850.000 al mes, lo que permitiría recaudar probablemente más de lo que hoy hace nuestro complejo sistema tributario. Al ser la tasa marginal más baja, habría menos incentivos a los llamados “escudos tributarios”, lo que permitiría formalizar un porcentaje mayor de las rentas. La misma tasa de 10%, al ser menor, podría permitir la desintegración de la estructura tributaria, quedando los intereses ganados, dividendos percibidos, ganancias de capital y las remuneraciones, gravados todos por igual.

Siguiendo con este ejemplo, la reducción de la tasa marginal de impuestos del 40% al 10% traería consigo una reducción muy relevante del costo del capital, con el consiguiente beneficio para quienes requieren de inversión en maquinarias y equipos para poder mejorar su productividad y, con ello, sus remuneraciones. Esto hace probable que suban con claridad las rentas antes de impuestos de los tramos más bajos de ingreso, compensando el alza de tasas de su tramo.

Más allá de este ejemplo u otra propuesta que surja, es un hecho que es momento de pensar distinto. Una década de estancamiento en el ingreso per cápita de las personas en Chile nos da una clara señal: quienes están llevando el peso de nueve reformas tributarias consecutivas no son solo los que pagan al SII, sino aquellos que ven sus remuneraciones y márgenes de negocio estancados por lo caro que resulta el capital como consecuencia de las altas tasas marginales. Y todo el país que deja de generar empleos, aumentos de salarios y oportunidades.