Columna de Francisco Pérez Mackenna: “Ojo con el mercado laboral”

Como toda política de alto impacto, el acuerdo para la reforma de pensiones tiene, a ojos de la opinión pública, ganadores y perdedores, entusiastas y detractores. Y genera un amplio debate político y técnico, porque implica una serie de relaciones entre costos y beneficios.

Está claro que, en la propuesta, los ganadores son las personas mayores jubiladas o próximas a jubilarse, y las mujeres, quienes recibirán transferencias de los trabajadores jóvenes y de los cotizantes hombres. Pero, como lo que se quiere mejorar en el largo plazo y de manera sustentable son las pensiones, y estas son producto fundamental de un mercado laboral que ya tiene variados problemas, se debe evitar que la propuesta y su contexto regulatorio, en lugar de mejorar, terminen introduciendo nuevas complejidades al mercado laboral.

Milton Friedman ganó el Premio Nobel de Economía por su teoría del ingreso permanente, según la cual cada persona define su consumo presente como si tuviera a la vista todos los ingresos que espera recibir en el futuro. Esa “clarividencia” es cuestionada en los sistemas de pensiones cuando se obliga a las personas a ahorrar una parte para su jubilación. Como el trabajador recibirá su pensión 35 o 40 años después de iniciada su vida laboral, el legislador no deja la decisión de ahorrar al arbitrio del individuo, porque si las personas llegan sin fondos a la tercera edad, sus ingresos serán una carga para el Fisco. Así como esa “clarividencia” tiene un límite que motiva la obligación de ahorrar, también debiera haber un límite para el monto que la autoridad puede forzar a las personas a guardar recursos para el porvenir.

Si bien las cuentas individuales de capitalización tienen la virtud de hacer explícito a cada afiliado el saldo que ha acumulado para que pueda estimar su pensión, la multiplicidad de factores que inciden sobre ese resultado -salario futuro, estabilidad laboral, rentabilidad de los fondos, esperanza de vida, entre otros- hacen incierto el cálculo y generan ansiedad. Por ello, es natural que las encuestas reflejen alto apoyo ciudadano a la idea de elevar las cotizaciones con cargo al empleador: la persona puede mantener su consumo presente, mientras, en el papel, es otro el que ahorra para sus necesidades futuras. Sin embargo, la ciencia económica nos enseña que, con el tiempo, ese mayor costo se traspasará al mercado laboral en forma de menores remuneraciones líquidas y de mayores precios. Mal que mal, en una economía estacionaria como la nuestra (que no crece o crece poco), mejorar el futuro (pensiones) viene con el costo asociado de empeorar el consumo presente (salarios), pues hay que financiar esa mayor inversión.

Para poner las cifras del impacto de esta reforma en perspectiva, si sumamos solo los efectos de la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas con el aumento del 7% de la cotización para pensiones (que alcanza un 8,5% considerando el aporte que ya se realiza al SIS), el costo laboral registraría un incremento de 18%. Una cifra que contrasta con el 0,4% anual de aumento de productividad que muestra nuestro país, lo que significa que Chile se tomaría 45 años en recuperar la competitividad si todo lo demás se mantuviera constante. Dicho período es un límite superior del desafío, pues no todos trabajan en jornadas de 45 horas, muchos no cotizan y la economía real tiene muchas válvulas de escape, incluyendo la informalidad y los “pitutos” fuera de jornada. Pero, en este escenario, el desafío de mantener el empleo representa una cruzada titánica. Hacienda ha estimado que la reforma le podría costar al país 100.000 empleos, mientras que otros economistas sitúan el impacto por sobre ese número.

El momento de la reforma tampoco es inocuo. Tras al menos 15 años de debate sobre cómo abordar una reforma de pensiones y la necesidad de subir el ahorro, en el camino el mercado laboral se ha deteriorado, con una productividad estancada o que crece poco, tasas de informalidad por sobre lo deseado y costos de contratación cada vez mayores.

Por otra parte, la propuesta de establecer un préstamo reembolsable y transitorio del 1,5% de la cotización al Estado, que genera una especie de bono a nombre de cada aportante, si bien respeta la idea de las cuentas individuales, obliga al afiliado a invertir en un instrumento que puede no gustarle ni desde el punto de vista del riesgo (el Estado) ni de la rentabilidad. En este punto, ganan los adultos mayores, pero pierden los jóvenes. Mientras, el aumento del 1% para compensar las menores pensiones de las mujeres es financiado con un impuesto al trabajo. Bien por las mujeres, pero no así por el empleo, tanto de ellas como de los hombres.