La importancia del crecimiento económico está de regreso. Si para algunos este parecía secundario, la realidad “con guitarra” devela su crucial valor. Pero tomarnos el crecimiento en serio implica reconocer que nuestro problema es estructural. Que Chile esté creciendo al 2% no debiera sorprender: es nuestro mediocre potencial y la misma tasa de la última década (que fue la mitad que la del resto del mundo). Y así seguiremos de no mediar necesarias reformas. Tomarnos el crecimiento en serio también obliga a salir de los meros deseos y de las cómodas explicaciones monocausales de tal o cual reforma pasada. Obliga a pasar del dicho al hecho y hacer la pega. Para ello, un pacto por el desarrollo es urgente.

Un pacto de desarrollo para los próximos 25 años que nos saque del cortoplacismo y señale un claro “para allá vamos”. Una estrategia con una hoja de ruta de reformas estructurales ambiciosas y un sueño país que invite a creer que salir del marasmo es posible. ¿Y el crecimiento de corto plazo? Si el pacto es lo suficientemente ambicioso y creíble, marcaría un giro de timón, despertando los espíritus animales y el crecimiento hoy mismo.

Esta hoja de ruta parte por implementar los cambios anunciados en nuestro sistema político. La reforma que se conoce no es perfecta, pero es una señal importante y un habilitante para el crecimiento. Inversión, productividad e innovación dependen de incentivos generados por políticas públicas que surgen del sistema político. Mientras este siga bloqueado, sin acuerdos para impulsar el desarrollo, no cabe esperar mejores resultados.

Un elemento central del pacto es reconocer, sin complejos, nuestras ventajas en recursos naturales: minería, energías renovables, turismo, agroindustria y el sector forestal, entre otros. El objetivo debiera ser claro: incrementar decididamente la producción de estos sectores críticos de forma sustentable. Debemos emular a países como Nueva Zelanda, que ven sus recursos naturales como fuentes de orgullo y riqueza, además de catalizadores de cadenas de valor en bienes, servicios y logística.

¿Es dicho objetivo políticamente factible? Pienso que sí. Para sectores de derecha el atractivo estaría en fomentar la inversión privada, el crecimiento y el empleo, mientras que para parte de la izquierda podría radicar en reivindicar ese foco como propio de una política industrial moderna.

Si hay consenso en el objetivo, acordar los medios es más sencillo. Se trata de establecer condiciones favorables y predecibles para atraer las multimillonarias inversiones privadas, locales y extranjeras, necesarias. Por un lado, un marco tributario competitivo y estable, incluyendo contratos de invariabilidad tributaria. Por otro, profundizar y extender la agenda de “permisología” iniciada por el gobierno, convirtiéndola en una prioritaria política de Estado. El objetivo debe ser maximizar la inversión, cumpliendo los estándares regulatorios, en lugar de cumplirlos porque se minimiza la inversión. El principio es claro: definido un objetivo regulatorio debemos tener una “tramitología” simple, clara y predecible. Este mismo principio debe extenderse a otros ámbitos a través de una agenda de simplificación regulatoria general.

El pacto incluye una modernización y racionalización del empleo público a través de un estatuto administrativo moderno. Se trata de dignificar la carrera funcionaria, privilegiando el acceso y la progresión por mérito, evaluaciones reales y mayor adaptabilidad para un Estado centrado en el ciudadano. Al mismo tiempo, se deben limitar al máximo los cargos cuoteados políticamente, ya que desvían recursos de todos y menoscaban el mérito en la función pública.

El pacto es trunco si no atendemos al capital humano. Y aquí, es urgente un gran acuerdo por la educación preescolar y escolar. No se trata de reinventar la rueda ni apostar por objetivos galácticos, sino de asegurar lo más básico: que todos los estudiantes de Chile lean, comprendan lo que leen y tengan las competencias aritméticas básicas. ¿Mucho pedir?

Para consensuar reformas, es valioso dotar al pacto de una institucionalidad permanente de diálogo que aúne diagnósticos y propuestas sobre desafíos a largo plazo. Siguiendo el ejemplo de países como Irlanda, que salieron del estancamiento y dieron el salto, sería valioso crear un Consejo Económico y Social con representantes de empresas, trabajadores, gobierno y academia. Su misión sería elaborar “libros blancos” que faciliten la discusión legislativa sobre temas clave hoy ausentes como, por ejemplo, el futuro del trabajo y la necesidad de una regulación laboral adaptativa ante la revolución tecnológica y de la IA.

Chile puede y merece superar la mediocridad económica que viene arrastrando hace años. Para lograrlo, es urgente un pacto de desarrollo con una visión estratégica clara que marque el rumbo futuro. Porque sin un cambio de timón y reformas estructurales, no cabrá sorprenderse de seguir marcando el paso creciendo al 2%.