El Consejo Fiscal Autónomo ha vuelto a alertar sobre la estrechez fiscal. Su presidente ha sido enfático: “No hay espacio para gastos, no solo en los dos años que le queda a este gobierno, sino que prácticamente en todo el gobierno siguiente”. En buen chileno: no hay plata. Chile arrastra años de sistemáticos déficits estructurales bajo gobiernos de distinto signo. ¿Resultado? Aumento de la deuda pública y un gasto en intereses que ya se acerca a los US$ 4.000 millones anuales. ¿Por qué este desequilibrio? Porque comprometemos gastos permanentes con la ilusión de nuevos ingresos tributarios permanentes que siempre se quedan cortos. Y en el debate actual corremos el mismo riesgo. Necesitamos un plan de acción.
Entre 2013 y 2025 el déficit estructural anual habrá promediado 1,1% y 1,4% bajo la actual administración. Con este telón de fondo, el gobierno ha planteado un “pacto fiscal” para financiar nuevos gastos. El proyecto de “cumplimiento tributario”, cuya orientación es bienvenida (aunque con importantes elementos por resolver), aportaría 1,5% del PIB. Sin embargo, el FMI alerta que lo realista es 0,5% del PIB. La diferencia es grande y tampoco sabemos el timing. Por eso, no es prudente comprometer gastos permanentes contra ingresos inciertos que arriesgan quedarse cortos, acrecentando el déficit futuro. Lo razonable es hacerlo cuando se materialicen esos ingresos estructurales.
Supongamos que el proyecto recaude 0,9% del PIB. En paralelo, se plantea un alza de impuestos personales a las rentas mensuales mayores a $4,5 millones (2,5% del total). Ello solo allega 0,2% del PIB, monto que se netea con una moderada baja al impuesto corporativo. ¿Eliminar más exenciones? Deseable. Asumamos 0,2% del PIB. Sumando y restando, habría ingresos adicionales por 1,1% del PIB. Esto alcanza para cerrar el déficit estructural promedio, pero no para nuevos gastos permanentes. No hay plata. Al menos no, en el corto plazo.
¿Qué hacer ante esta incómoda aritmética fiscal? Se requiere un plan que parta por ajustar el gasto hoy a la realidad que tenemos y no a la que imaginamos que tendremos. Y, en adelante, comprometer gastos permanentes solo cuando los ingresos estructurales ocurran o sean ciertos. En segundo lugar, por generar creíblemente mayores ingresos estructurales a través de las tres fuentes posibles: crecimiento de tendencia, eficiencia estructural del gasto y el eje tributario. El “pacto fiscal” del gobierno aborda esos ejes, pero, en mi opinión, sus énfasis requieren ajustes. Veamos.
Si el crecimiento es central, lo relevante para la política fiscal es el tendencial. No se puede comprometer gasto antes de que el cambio de tendencia se materialice y sea refrendado por el comité de expertos independientes del gobierno. También es útil poner las cifras en perspectiva: un punto más de crecimiento tendencial anual, allega ingresos por 0,24% del PIB y holguras por 0,16% (Comisión Marfán). Por otra parte, ese dividendo de crecimiento no ocurre de la noche a la mañana, ni menos por voluntarismo. Responde a una pega larga y estructural. Para ello, en mi opinión, requerimos un pacto de desarrollo con objetivos claros en productividad e inversión, particularmente en sectores estratégicos en que tenemos ventajas (minería, energías renovables, forestal, por ejemplo). Ello al alero de: i) mantener y profundizar como política de Estado la valiosa agenda de simplificación de permisos iniciada por el gobierno; ii) generar certezas de largo plazo para la inversión; iii) una rebaja compensada y más agresiva de la tasa corporativa, llevándola a 20% en 10 años y iv) invertir en capital humano.
Eficientar el gasto público es otra clave. Y aquí debemos ser muchos más ambiciosos que el modesto 0,13% del PIB que plantea el gobierno. Por otra parte, esto no puede quedar entregado a las buenas intenciones de cada administración. Para ser compatible con la regla fiscal, se requiere un compromiso creíble, ambicioso y permanente de eficiencia y gestión. Lo primero es congelar futuras contrataciones (el gasto en remuneraciones ha aumentado en 1% del PIB en los últimos 15 años). Lo segundo es estructural: reemplazar el actual estatuto administrativo, verdadera camisa de fuerza heredada de la dictadura y abrazada por la ANEF, que atenta contra la buena gestión. No tiene necesariamente que hacerse en este gobierno, pero sí ser parte del plan acordado.
Finalmente está la verdad incómoda tributaria: la brecha de recaudación respecto a la OCDE no está en el IVA, ni en el alto impuesto a las empresas (27% vs. 23%), sino que en los impuestos personales. Esta brecha se explica por una amplísima base exenta (3 de casa 4 personas), tasas bajas en los primeros tramos y una creciente informalidad. El tema es políticamente espinudo y el pacto fiscal del gobierno le hace el quite. Pero eso es seguir haciéndose trampa. Reconociendo esa dificultad y sin tocar impuestos personales hoy, al menos debiéramos acordar hoy un mecanismo para ir ampliando muy gradualmente (10 años) y en función del crecimiento, los umbrales que definen los tramos de impuestos personales. De esta forma, poco a poco, más personas irán entrando en ellos.
Es hora de sincerar la realidad y convenir un plan de acción que sobrepase al gobierno de turno. De lo contrario, seguiremos deteriorando la situación fiscal. Autoengañándonos con ingresos que no tenemos y, de paso, frustrando a la ciudadanía con promesas infinanciables.
