En una entrevista reciente, el CEO de Walmart en Chile relataba que les tomó 5 años obtener los permisos para un centro de distribución. Una locura. Esto ilustra un problema discutido en otra columna: un ecosistema de permisos largo, engorroso y muchas veces incierto. Esto disminuye el retorno de los proyectos. Es un impuesto indirecto a la inversión y es un impuesto alto. Por eso es bienvenido que, al alero de su “pacto fiscal”, el gobierno plantee dar prioridad a este problema. Un tema que analizamos en el “Informe del comité de expertos” que entregamos al ministro de Hacienda, cuantificando algunos de sus costos para la inversión y el crecimiento.

Partamos por señalar que los permisos son necesarios para resguardar una serie de bienes públicos y sociales (medio ambiente, comunidades, entre otros). Pero de ahí no se sigue que el ecosistema de permisos deba ser largo y engorroso. Ni tampoco que simplificarlo y acortar plazos implique rebajar el estándar. Puede ser lo contrario: una mejor regulación, más clara, simple y expedita, facilita su entendimiento, cumplimiento y fiscalización.

Como ha mostrado la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP, 2019; 2023), nuestro sistema de permisos tiene plazos muy extensos y que pueden superar varias veces el plazo legal, es descoordinado y con espacios de discrecionalidad. Como ha declarado su presidente, la elevada burocracia se erige en un severo freno a la productividad. Se llega al absurdo de que una planta desaladora requiera casi 12 años en permisos, mientras que un proyecto minero, 9. ¿Alguien dijo impuesto al desarrollo?

¿Cuál es el costo de tener plazos tan largos? En nuestro informe abordamos parte de la respuesta. Tomando un conjunto de proyectos en sectores que representan el 99,7% de la inversión, encontramos que el plazo promedio ponderado de los distintos permisos es de 6,6 años. Estimamos que reducir ese tiempo en 1/3 (2,2 años), meta planteada por el gobierno, equivale financieramente a una menor tasa de impuesto corporativo de 3,7 puntos. No hay duda: largos permisos son un impuesto indirecto a la inversión. Y un impuesto alto.

Por otra parte, la reducción de plazos incrementaría la inversión y aportaría, por esa vía, recaudación fiscal anual por unos US$ 1.340 millones (0,32% del PIB). A su vez aceleraría la recaudación de impuestos de proyectos en curso, aportando al fisco el equivalente (en valor presente) de US$ 940 millones anuales (0,27% del PIB).

Es importante consignar que hay una serie de otros costos asociados a los plazos. La discrecionalidad y falta de certeza sobre plazos generan una costosa incertidumbre. A su vez, plazos largos arriesgan la obsolescencia de la tecnología con que se evaluó un proyecto y actualizarla puede llevar a nuevos trámites. Hay proyectos con ventanas de oportunidad y otros con externalidades de red y complementariedades, por lo que el atraso en una etapa, atrasa el todo. Por último, puede haber un costo relevante para la competencia en los mercados: un engorroso y extenso sistema de permisos es una barrera a la entrada que beneficia a las empresas incumbentes a costa de los nuevos entrantes y de los consumidores.

Por todo lo anterior, es muy bienvenido que, en el marco del “pacto fiscal”, el gobierno haya comprometido una reforma al ecosistema de permisos. Se anuncian cambios legales a los permisos sectoriales y, a nivel ambiental, eliminar las instancias decisionales políticas. También, se plantea destrabar los cuellos de botella en concesiones marítimas y en el Consejo de Monumentos Nacionales (por lo mismo, cuesta entender que no se ponga urgencia a la Ley de Patrimonio del gobierno anterior, ya aprobada por la Cámara).

Siendo fundamentales los cambios legales, como señala la CNEP y subrayamos en nuestro informe, parte importante de las trabas son administrativas, por lo que la palanca es de gestión. Por ejemplo, la mesa técnica entre Hacienda y el sector minero identifica que el 61% de los problemas de permisos son administrativos. Por otra parte, no basta que la ley diga que se acortan los plazos. Si hoy los plazos legales muchas veces no se cumplen ¿qué garantiza que se cumplan mañana? Por eso, estimamos clave poner exigencias e incentivos a los funcionarios públicos para honrar los plazos legales.

El ministro de Hacienda ha dicho que hay proyectos que enfrentan una realidad burocrática que “casi desespera”. Tiene razón. Y la ventana de oportunidad para enmendar el rumbo es corta y es ahora. Urge un ecosistema de permisos que, sin rebajar estándares, sea más expedito y predecible. Porque lo cierto es que el esquema actual genera un impuesto alto a la inversión, a la competencia y al crecimiento.