A partir de este año, los Informes mensuales de ejecución presupuestaria que publica la Dirección de Presupuestos (Dipres), cuentan con la información de movimientos de transacciones “bajo la línea” de resultados. Estas transacciones, según el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI, corresponden a operaciones de financiamiento que modifican los activos financieros y pasivos del Gobierno Central y, a su vez, financian los movimientos “sobre la línea”, tales como gasto corriente, gastos de capital, entre otros y pueden distinguirse entre transacciones que tienen efectos de política pública y aquellas realizadas para gestionar liquidez.

Si bien estos flujos no afectan al Balance Estructural, se han vuelto incrementalmente relevantes para el financiamiento del Gobierno Central, presionando el nivel de deuda y la posición financiera neta de este. Es más, según los datos expuestos en la presentación del Presupuesto 2025, dos tercios del endeudamiento requerido es explicado para financiar estas necesidades bajo la línea, incluyendo las amortizaciones de deuda pública emitida en años anteriores.

Este avance en materia de transparencia fiscal es un paso necesario toda vez que, a partir del año 2022, la actual administración adicionó por primera vez una meta fiscal que fija un nivel prudente de deuda como porcentaje del PIB.

El valor agregado de esta publicación, que trabaja con datos que son de acceso público hace más de una década, es que estas transacciones se reportan y explican por primera vez de manera sistematizada, con una periodicidad mensual, en un formato más amigable para todo público.

De esta manera, se podrá monitorear mejor la posición fiscal, es decir, se avanza en línea con todas las recomendaciones internacionales sobre la materia, del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos que lo incluyó como parte del protocolo de acuerdo en la discusión presupuestaria.

Esta información se suma a otros importantes avances en materia de transparencia fiscal impulsados en estos tres años de Gobierno: la publicación de un código en R para hacer replicable el cálculo del Balance Cíclicamente Ajustado (BCA); el etiquetado que permite identificar en el presupuesto los recursos en materia de género y cambio climático; la revisión de normas de clasificación presupuestaria, incluyendo el Crédito con Aval del Estado (CAE); la diferenciación por género de las estadísticas de recursos humanos y de las cifras de ausentismo laboral en el sector público; la sistematización y publicación del número funcionarios públicos fuera del Gobierno Central (municipios, universidades, Centros de Formación Técnica y empresas estatales) con tal de poner a disposición del público en general la información correspondiente al Artículo 70 de la ley N°21.306; y el anexo que acompaña a la Ley de Presupuestos que, para cada programa estatal que tiene variación sustantiva de recursos, explica las razones de esta variación y su estado en términos de evaluación.

Estos avances y los que vendrán tienen un objetivo claro: contribuir a nutrir la discusión pública informada sobre política fiscal.

- La autora es directora de Presupuestos