Adultos a menudo niegan creer en la magia, dice el psicólogo suizo Gustav Kuhn. En su libro “Experimentar lo imposible” (2019; MIT Press), el experto en magia y cognición muestra que la verdad se ve diferente: creencias “mágicas” juegan un rol importante en nuestros procesos cognitivos cotidianos, e influyen también el comportamiento en los mercados. Queriendo o no, la amplia mayoría de personas vestimos espacio y tiempo de objetos y rituales que, quizás, nos puedan sostener algo mejor - entre lo que suponemos que existe, y el vacío de lo desconocido e incierto-. Así, creencias y comportamientos supersticiosos parecen darnos una ilusión de control. Las personas suelen negar eso, pero, pensando el mundo al revés: ¿quién se tomaría una bebida que diría en su etiqueta “te quito alas”? Como dice Kuhn: nos gusta vernos como individuos racionales, pero nuestros comportamientos están arraigados en el pensamiento mágico.

La evidencia muestra también cuán importante es que las creencias complementen -y no sustituyen- a la ciencia y los datos. En caso contrario, creencias podrán ser dañinas: por ejemplo, percepciones de buena o mala suerte frente a oscilaciones del mercado podrán aumentar la volatilidad de precios bursátiles y del ciclo económico en sí, especialmente cuando faltan datos para contrarrestar. Aumentar la transparencia del mercado ayuda en este sentido, porque limita el espacio para creencias excesivas, mientras a la vez produce confianza, que es una forma de creencia tan mágica como positiva.

Se podrá interpretar que en esta dirección apunta el proyecto de ley para crear un “Registro Nacional de Personas Beneficiarias Finales”, presentado esta semana por el Ejecutivo. Se trata de una herramienta añorada por la sociedad civil, desde años. De aprobarse en el Congreso, permitiría registrar información sobre las personas naturales que controlan o se benefician de personas jurídicas. Al transparentar estos datos frente al SII y otras instituciones públicas en Chile, se fortalecería la lucha contra la evasión, el lavado de activos, el narcotráfico, y la corrupción. Se trata, entonces, de una herramienta que facilitaría creer en nuestro futuro.

Comparado con 2022, la propuesta evidencia una mayor preocupación de no solo instalar este registro, sino efectivamente instalarlo bien. Mejora la gobernanza desde el SII, y reconoce los esfuerzos históricos de múltiples actores, lo que se agradece. Se pueden mencionar, eso sí, dos aspectos principales a revisar, considerando que i) en caso de asociaciones sin fines de lucro se proponen excepciones para el registro; y que ii) se busca restringir el acceso público a los datos. En este contexto es valioso recordar la propuesta reciente de la CPC, de apoyar la creación de un Registro de Beneficiarios Finales, siguiendo las buenas prácticas de la OCDE y FMI. Considerar ello, implicaría que no solo autoridades deberán acceder a los datos, sino también partes interesadas del sector privado, como instituciones bancarias y otros negocios y profesiones no-financieras designadas (como agentes inmobiliarios, notarios y abogados). De orientarse además según las buenas prácticas a nivel europeo, especialmente la 4. Directiva Antilavado (AMLD4) desde 2015, y las interpretaciones conservadoras del Tribunal de Justicia de Europa, un legítimo interés de acceder a la data de beneficiarios finales deberá tener también la prensa y la sociedad civil especializada en materia probidad. Solo el acceso abierto para investigadores y periodistas da garantía de que los datos serán analizados con regularidad y objetividad, resaltó a su vez el economista Luigi Zingales en su informe para Chile (2023).

Contrario a ello, ya durante los diálogos tributarios, expertos relacionados al Partido Comunista abogaban por no compartir datos de beneficiarios finales con las instituciones privadas, a menos que se trate de excepciones, como en caso de compras públicas. Parece irónico, entonces, que los propios empresarios promueven un mayor acceso a los datos de empresas, siguiendo la tendencia internacional. ¿Cuáles intereses podrán alejar al Ejecutivo de una mayor transparencia?

Aparte de ello, el Registro Nacional de Personas Beneficiarias Finales propuesto por el gobierno es una iniciativa sumamente positiva, por lo que cabe esperar una buena acogida en el Congreso, donde se podrán corregir todavía ciertos aspectos -para agregar, por ejemplo, una mayor transparencia de la respectiva información-. Jamás habrá que subestimar el efecto positivo de todo ello en su conjunto, al facilitar una mayor confianza en el mercado. Creer sobre esa base en un futuro positivo, permitiría avanzar efectivamente en esta dirección. Al final, ¿no sería eso realmente mágico?