La nueva ley de delitos económicos precisa una mayor responsabilidad frente a delitos cuando estos se cometen desde posiciones jerárquicas superiores de las empresas. En estos días, asombró el debate levantado por ello, y en especial, la gestión de dos importantes gremios del país -CPC y Sofofa- frente al Tribunal Constitucional con el argumento de que el cuerpo legal vulneraría el principio de igualdad ante la ley. Sus argumentos ya fueron desestimados, pero siguen reflejando -sumado a otras gestiones con espíritu parecido- el Zeitgeist de una parte importante de la elite económica chilena.

El rol de la elite en organizaciones, su poder y su responsabilidad específica, son aspectos analizados desde décadas por expertos en organización. Herbert Simon (1916-2001) analizó, por ejemplo, cómo mercados y sociedades se han ido especializando de funcionar a través de organizaciones de derecho público y privado, y cómo estás instituciones han crecido en cantidad y tamaño durante los últimos dos siglos. Simon destacó también otro aspecto central: una toma de decisión suele ser diferente dentro que fuera de una organización, porque las jerarquías organizacionales condicionan el comportamiento de las personas. En esta línea, Charles Perrow (1925-2019), otro experto organizacional, precisó las organizaciones como vehículos de poder, útiles y necesarios, pero a la vez no libre de riesgo. Son el mecanismo a través de los cuales algunos controlan el comportamiento de otros. Podrán promover liderazgos autoritarios y reforzar sumisión en niveles inferiores. Las elites entonces ejercen poder a través de organizaciones; influencian o definen cómo trabajamos y consumimos, quienes tienen status y prestigio, o como se percibe el Zeitgeist, describió Perrow.

Las elites moldean el mundo, pero suelen no tener presente su responsabilidad respectiva. Es decir, el Zeitgeist eterno de las elites -también de la CPC y Sofofa- pareciera ser no reconocer cómo ellos mismos influencian el Zeitgeist de la sociedad. Quizás por ello, cuesta que faciliten procesos de transformación, aun cuando la gestión exitosa de reformas siempre requiere de un rol proactivo y positivo de las elites, como escribió Martin Wolf, editor y principal comentarista económico del Financial Times en su libro The crisis of Democratic Capitalism, publicado este año.

Más que preocuparse de reformas sistémicas, una parte importante de la elite económica suele estar ocupada de gestionar normalmente aún más poder para su propia organización, lo que se acompaña de rivalidad y luchas cuya agresividad se suele subestimar, mencionó el economista alemán Walter Eucken (1891-1950). En sí mismo, la rivalidad entre elites es una ocupación importante e histórica del sector. En consecuencia, la economía no solo tiene que resolver sus nuevos problemas técnicos -destacó Eucken-, sino suele enfrentar en paralelo las típicas y antiguas luchas de poder que ocurren en otra cancha de juego y dificultan la regulación del mercado. Ese diagnóstico inspiró la primera generación de economistas ordoliberales, quienes solían destacar la importancia del factor “poder” a la hora de regular el mercado. El objetivo deberá ser evitar -o controlar mejor- el poder cuando es monopólico u oligopólico, dado que distorsiona y dificulta reformas sistémicas. Se requiere salir de la presión de i) unos pocos empresarios, pero también de ii) la discreción de unos pocos políticos o empresas estatales, para buscar más bien un “tercer camino”: el de mayor competencia entre los actores para crear valor frente a la sociedad.

Entre las propuestas presentadas esta semana para la nueva Constitución, hay una que va en esta línea: “Es deber del Estado promover y defender la libre competencia” indica una enmienda, presentada por los consejeros Becker, Cuevas, Gallardo, Hutt y Mangelsdorff. Elevar en Chile la importancia del principio de la competencia en las transacciones económicas, y trabajar hacia una menor concentración de poder, es importante y deberá facilitar el funcionamiento del mercado, y así también la cooperación de las elites privadas con las transformaciones necesarias. A su vez, deberá restringir también el actuar -a veces- anticompetitivo del propio Estado y de sus elites, para que haya efectivamente un máximo de competencia posible no solo en compras y obras públicas, sino también en contratos de explotación minera, o transferencias del Estado. Lo anterior también es importante porque las concentraciones de poder y una reducida presión competitiva siempre facilitan conductos no deseadas, sea en el mercado o en el Estado. Vaclav Havel, siendo presidente de Checoslovaquia, lo sabía muy bien cuando decía: “Estando en el poder, sospecho de mí mismo” (1991).