Después de más de una década, al fin se aprobó un proyecto para resolver el tema de las pensiones en Chile. No es poca cosa si comparamos con lo que ocurre en otros países: en estos días el presidente Macron en Francia ha abierto la posibilidad de retroceder en el modesto aumento de la edad de jubilación a 64 años que impuso hace dos años. Lo más notable es que la ley aprobada mejora significativamente las propuestas, tanto de Bachelet II como de Piñera II, al elevar el aporte a cuentas de capitalización al 16% en el largo plazo.

¿Qué problemas soluciona la nueva ley?

En primer lugar, pone al día la tasa de cotización con la mayor longevidad y menores tasas de retorno de las inversiones que las que existían en las primeras décadas del sistema. Esto permitirá que quienes cotizan regularmente puedan aspirar a una pensión que mantendría su nivel de vida después de jubilar. Esta es una buena noticia para los trabajadores jóvenes, aunque repercutirá adversamente en sus salarios y posibilidades de empleo.

En segundo lugar, genera un mecanismo para aumentar las pensiones de las generaciones mayores mediante apoyo estatal, financiado con un préstamo de los actuales cotizantes al Estado. Es un mecanismo complejo y difícil de administrar por un sector público que se ve cada día más atrasado respecto de las demandas de calidad de servicio de la población, pero al menos resuelve uno de los temas que hundió los intentos anteriores de reforma.

Lo anterior, unido a la PGU, creada durante el gobierno anterior, permite asegurar un piso mínimo de ingresos en la vejez, lo que ha sido uno de los temores atávicos de la población desde que yo tengo recuerdos.

El gran pendiente es el ajuste en la edad de jubilación, especialmente de las mujeres. Sin embargo, existe un paliativo, ya que en Chile la jubilación es una decisión voluntaria.

Los costos no son menores: al 7% de aumento del costo de la mano de obra, hay que unir más de 5.000 millones de dólares al año de recursos fiscales (1,5% del PIB), justo cuando la deuda pública ha comenzado a ser un problema y las proyecciones fiscales muestran sólo déficits hacia el futuro. Ambos desafíos requieren de acciones concretas inmediatas para mitigarlos.

Como se dijo antes, ese aumento del costo de mano de obra va a afectar al empleo y la formalidad laboral, en momentos en que el mercado de trabajo ya está muy tensionado por el bajo crecimiento de la productividad y nuevas leyes que aumentan el costo del trabajo formal. Entre ellas, destacaría los aumentos desmesurados del salario mínimo -que afectan más a los trabajadores menos calificados- y la reducción de la jornada laboral a 40 horas, que, como mencioné en una columna anterior, equivale a aumentar las vacaciones pagadas de 15 a 35 días hábiles. Es cierto que todas estas medidas se van a aplicar en forma gradual y podrían ser absorbidas por un eventual aumento en la productividad, pero eso está por verse, y los datos recientes sobre evolución de esta última no son alentadores.

Es imperativo, por lo tanto, hacer un gran esfuerzo para introducir mejoras que aumenten la flexibilidad laboral para aprovechar bien todo lo bueno que pueden aportar las nuevas tecnologías, sin perjudicar la formalidad. De lo contrario, el universo de trabajadores beneficiados por el aumento de la cotización se irá reduciendo, las lagunas aumentando y con ello, se irán diluyendo los beneficios de esta reforma: sin cotizaciones no hay manera de subir las pensiones.

El otro gran tema es la solvencia fiscal. Esta no se va a resolver con ajustes marginales en la tributación, los que crecientemente está recayendo en los trabajadores y jubilados de ingresos medios y altos. Hay que poner ahora al Fisco en una situación sostenible en el largo plazo, que además permita recuperar espacios de maniobra en futuras crisis, las que hoy aparecen cada vez más probables dado el preocupante panorama global.

Lo peor sería que la inacción lleve a aumentos en la informalidad laboral, el desempleo y las tasas de interés, o aún peor, a la inflación. Los presidentes Boric y Piñera pueden pasar a la historia como los que eliminaron el temor a la pobreza en la vejez, si es que sus sucesores enfrentan bien estos desafíos. Pero para eso hay que hacerse cargo ahora de los costos asociados a estas reformas.