Columna de Joaquín Vial: “Lecciones que nos deja el Niño 2023″

El año 2023 va a quedar en la memoria colectiva como aquel en que el clima se volvió loco: megaincendios forestales, lluvias torrenciales e inundaciones, temperaturas récord tanto en el verano boreal como en el invierno austral, fueron sus manifestaciones más llamativas.

Una Corriente del Niño excepcionalmente cálida parece haber sido una de las causas directas de esta locura climática, lo que, de ser cierto, augura una serie de problemas para los meses venideros, ya que este fenómeno debería culminar en la primera mitad de 2024. También el cambio climático ha hecho una contribución importante.

No podemos decir que esta sea una “nueva normalidad climática”, pero sí podría ser un buen anticipo de lo que podría ocurrir, si no hay una reacción rápida y eficaz para contener el calentamiento global.

Para Chile, la lección parece muy clara: hay que tomar en serio los desafíos que plantea la adaptación a la nueva realidad a la que estamos transitando, incluso si se cumplen las metas de reducción de emisiones de los Acuerdos de París. Sabemos que con los niveles de gases con efecto invernadero que se han acumulado en la atmósfera ya tenemos casi aseguradas mayores temperaturas promedio y, lo que es más peligroso, la proliferación de eventos climáticos extremos.

El Estado ya está trabajando para enfrentar estos problemas: entre otras iniciativas, el Ministerio de Medio Ambiente, en una labor que ha trascendido a los gobiernos, ha ido construyendo bases de datos sobre riesgos climáticos específicos a diversas actividades productivas, a lo largo de toda la geografía nacional. Por su parte, la Comisión para el Mercado Financiero está exigiendo que las empresas reporten los riesgos climáticos a los que están expuestas, tanto en forma directa, como por eventuales medidas de mitigación de emisiones.

Siendo esto muy útil, creo que mirando al futuro hay que ser más ambiciosos. Por una parte, necesitamos mapas de los activos en riesgo por el clima: obras de infraestructura, viviendas, plantas productivas, etc. Pero, además, necesitamos conocer el valor de esos activos para identificar prioridades. La gran pregunta es: ¿Cuál es el valor en riesgo frente a eventos climáticos extremos? Lo sucedido en las dunas de Concón es ilustrativo: ¿Cuánto valor perdieron esos edificios, a pesar de que están aparentemente intactos? ¿Cuántos préstamos hipotecarios pueden quedar impagos?

Conocidos esos potenciales efectos habrá que identificar las zonas de mayor riesgo que deben ser priorizadas para las inversiones “defensivas”.

Para las nuevas inversiones habrá que dictar normas que incorporen explícitamente los riesgos de eventos climáticos extremos en los proyectos de inversión, tanto públicas como privadas, con requisitos distintos dependiendo de dichos riesgos en cada unidad geográfica, en línea con lo que hoy ocurre con las normas de construcción para prevenir los riesgos sísmicos. En el caso de Concón, posiblemente los edificios se salvaron justamente por las normas para prevenir riesgos sísmicos. Desgraciadamente lo que falló fueron los colectores de aguas lluvias.

A nivel internacional se están levantando alertas sobre la subvaloración que están haciendo los inversionistas privados, e incluso las compañías de seguros, de los impactos económicos de los riesgos climáticos. Mi impresión es que eso también es aplicable a los gobiernos nacionales y locales. Si bien Chile está haciendo avances importantes, todavía falta mucho. Un primer paso puede ser la consideración de estos riesgos para la ejecución de las obras de reconstrucción postemporales. Una de las imágenes más impactantes de estos días ha sido la destrucción de los puestos comerciales aledaños al Salto del Laja, tanto por los daños causados por el torrente, como por el hecho que vimos las mismas imágenes hace unas pocas semanas, con ocasión del anterior aluvión: esto no debe repetirse.

La diversidad de riesgos, ya sea por inundaciones, olas de calor, incendios y marejadas, entre otros, sugiere que esta es una tarea que deben abordar diversas instituciones estatales, posiblemente bajo la coordinación del Ministerio de Medio Ambiente. Un Comité de Adaptación, similar al de capital natural, podría ser un comienzo.