Casi todos los analistas coinciden en que es muy poco probable que el gobierno pueda avanzar en su reforma tributaria en el corto plazo. Esto sugiere la conveniencia de no insistir en el proyecto inicial, y aprovechar el tiempo que resta para convenir un pacto fiscal más amplio, antes de presentar un nuevo proyecto en la Cámara de Diputados a comienzos del próximo año. Esto podría permitir abarcar temas de fondo que no están bien resueltos aún. A continuación, me refiero a algunos de ellos.

En materias propiamente tributarias, el informe de la Ocde del año pasado dejó ideas que no fueron recogidas en la propuesta inicial y que se podrían abordar ahora.

Dicho informe muestra que Chile tiene una carga tributaria baja con relación a los países de la Ocde, incluso cuando se corrige por las diferencias contables en el tratamiento de las contribuciones a la Seguridad Social. La paradoja es que cuando se examinan los impuestos por separado, eso no es obvio: la tasa y cobertura del IVA es similar o mayor que el promedio de la Ocde; la tasa máxima del impuesto a la renta de las personas es alta en Chile; y algo similar ocurre con la tasa del impuesto a las empresas. Por otra parte, se acaba de legislar sobre los aportes de la minería y el resultado es que, en años normales, el Estado va a captar una elevada proporción de las rentas del sector. Parece evidente que después de la gran reforma tributaria de 1990 y tres reformas en la última década, todas con el propósito de aumentar la recaudación, ya no quedan muchos espacios “fáciles” para aumentar los ingresos fiscales.

El informe de la Ocde da pistas donde buscar: la recaudación del impuesto Global Complementario es baja, porque afecta a poca gente, ya que el mínimo exento es muy alto. Quienes ganan el salario promedio de la economía están bajo dicho límite y una persona que gana el monto del tope imponible (algo menos de $ 3 millones), paga sólo el 4,5% de sus ingresos por este impuesto. Por otra parte, las tasas de este impuesto suben por tramos de ingreso, pero aumentan lentamente, para luego dispararse en los tramos más altos. Un diseño que incorpore más contribuyentes a este impuesto y tasas que crezcan a un ritmo más homogéneo, podría ayudar a tener tasas de recaudación más parecidas a las de la Ocde.

Estos cambios no tendrán rendimiento inmediato, de manera que, si se espera cuadrar las cifras, habría que comenzar por hacer ajustes en algunos gastos. Para ello hay varias fuentes posibles:

a. Identificar políticas costosas que no han rendido los frutos esperados, han quedado obsoletas, o que favorecen a muchas personas que, en rigor, no lo necesitan.

b. Subsidios a actividades productivas: muchos de ellos apuntan a favorecer a pequeños productores y, en realidad, terminan beneficiando a algunos que no lo son. En otros casos, apuntan a que pymes sigan haciendo lo mismo, aunque no sean económicamente viables, en vez de promover su reconversión.

c. Megaproyectos de dudosa rentabilidad económica y social: hay grandes proyectos de inversión pública que comprometen recursos fiscales tanto para su construcción como para su posterior operación. Una evaluación rigurosa ayudaría a identificar algunos que se podría postergar, redimensionar o cancelar.

d. Revisar los compromisos de gastos que estaban en el programa de gobierno, pero sujetos a la disponibilidad de recursos. El candidato más obvio es la condonación del CAE (también regresiva). La ampliación de la cobertura de la PGU a grupos de ingreso altos es otro candidato.

Un primer paso en esta dirección podría ser identificar un conjunto de programas públicos que sirvieron de justificación para las anteriores reformas tributarias, evaluar sus costos y beneficios en la práctica, y reformularlos. Otro, sería revisar las grandes rigideces que existen en la gestión de personal dentro del sector público, aunque ello no produzca ahorros en el corto plazo.

Una pausa en el proyecto de reforma tributaria podría dar tiempo para identificar mejoras posibles en el sistema impositivo, así como ajustes permanentes en los gastos. Es lo menos que se puede pedir cuando ya hay signos evidentes de que se están alcanzando límites en la capacidad de aumentar recaudación.