Columna de Joaquín Vial: Reforma previsional, ojo con los detalles prácticos
"Un riesgo grande es que en la transición y en la gestión posterior del IPS se produzcan errores, se vaya deteriorando la operación y los plazos de los trámites se vayan alargando. Esto sería un perjuicio grave para las personas, y también representa un riesgo para las finanzas públicas, porque estos problemas darán origen a mayores presiones de gastos".
Esta semana el gobierno dio a conocer su proyecto de reforma de pensiones. Después de varios intentos fallidos, es importante que esta vez tengamos éxito en dar una solución perdurable a este tema ya que, si algo tienen en común el 18-O y el 4-S, es mostrar el fin de la paciencia de la gente con la ausencia de respuestas eficaces a sus problemas.
En las próximas semanas y meses habrá que evaluar cuidadosamente los costos y beneficios de la propuesta, con cálculos actuariales rigurosos para ver si el dinero de las cotizaciones alcanza, tomando en cuenta los ajustes en las organizaciones y las conductas de cotizantes y pensionados.
El punto de partida es mejor que en los intentos anteriores, porque el actual nivel y cobertura de la PGU asegura que todos los ancianos tendrán ingresos por encima de la línea de pobreza, incluso si no contribuyeron a la Seguridad Social. También hay acuerdo para subir la tasa de cotización desde 10% a 16%, a pesar de los posibles efectos adversos sobre el empleo formal. Este es un costo que hay que acotar, ya que impone límites a los beneficios a pagar ahora y en el futuro.
Uno de los cambios más radicales que se propone es separar las funciones de soporte y administración de las cuentas de los afiliados, de la gestión de las inversiones, entregando las primeras a una entidad estatal basada en el IPS.
¿Cuáles son las funciones de soporte y administración de cuentas?: muchas y muy variadas, pero esenciales: atención al público, afiliación al sistema, registro de las cotizaciones, tramitación de certificados, cobranza de cotizaciones informadas y no pagadas, tramitación y pago de la jubilación, gestión de las pensiones de invalidez y sobrevivencia, entre otras. Se argumenta que separar estas funciones permitiría rebajas de costos y facilitaría una mayor competencia entre las gestoras de fondos. Mi impresión es que las rebajas de costos rara vez se realizan cuando se reemplazan gestores privados por entidades públicas, por lo que pondría una gota de escepticismo sobre ese argumento, especialmente si se trata de un IPS “reforzado”. Por ejemplo, hoy se cotiza 1,54% del sueldo para pagar los seguros de invalidez y sobrevivencia: ¿será el IPS igual de estricto y eficiente? Si no lo fuera, este ítem, que va a ser cubierto por el 6% adicional, absorbería una fracción mayor, restando recursos para los otros beneficios.
Si bien se plantea que este nuevo IPS será un organismo técnico y apolítico, la verdad es que también será el mayor “botín político” del Estado, no solo por el pago de beneficios, sino también por los miles de personas que deberá contratar para hacer lo que hoy hacen las AFP.
Donde sí hay ventajas de una mayor participación del Estado es en controlar la evasión previsional y, en particular, en la cobranza de las cotizaciones declaradas y no pagadas (hoy las demandas de las AFP se acumulan en el sistema judicial sin ser despachadas en años). Este problema afecta a cientos de miles de trabajadores. Disponer del poder del Estado para cobrar esas cotizaciones impagas podría facilitar las cosas, aunque esto también se podría hacer dando esta facultad a la Tesorería y el SII, sin tanta reingeniería.
Un riesgo grande es que en la transición y en la gestión posterior del IPS se produzcan errores, se vaya deteriorando la operación y los plazos de los trámites se vayan alargando. Esto sería un perjuicio grave para las personas, y también representa un riesgo para las finanzas públicas, porque estos problemas darán origen a mayores presiones de gastos, los que ahora se financiarán con el presupuesto fiscal, y no a costa de las utilidades de las AFP.
La administración de las cuentas no es simple, está lleno de problemas prácticos al momento de integrar sistemas informáticos de las AFP en uno solo. Requiere recursos financieros y técnicos, así como tiempo. Lo mismo ocurre con la integración de los sistemas de atención al público para la tramitación de las jubilaciones y de los beneficios del Pilar Solidario, que requieren reuniones presenciales y asesoría especializada. Hoy estas funciones las cumplen la AFP, las que fueron capaces de gestionar los retiros de fondos en los plazos absurdamente cortos que fijó el Congreso. La “refundación” de estas funciones tiene riesgos y dificultades que se deben tomar en cuenta al momento de legislar.
