Esta semana conmemoramos el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, una instancia que nos lleva a reflexionar sobre una realidad incontrarrestable. Chile figura en el lugar 16 entre los países con mayor estrés hídrico. El cambio climático representa una amenaza brutal anticipando un futuro incierto. En dicho contexto, el desarrollo de infraestructura que potencie la seguridad hídrica de la ciudad cobra aún mayor relevancia. La Región Metropolitana ha sufrido innumerables eventos extremos, en los que, gracias a un robusto y sostenido plan de inversiones, el suministro se ha mantenido continuo y sin alteraciones.

Lo anterior no es fruto del azar, sino que el resultado de una estrategia de alianza público-privada iniciada hace 25 años y que comenzó con el saneamiento del 100% de las aguas residuales de la ciudad de Santiago en un tiempo récord. Junto a lo anterior, se han ejecutado 3 de las 4 etapas del plan de resiliencia que elevó de 4 a 37 horas la autonomía de agua potable de la ciudad frente a escenarios de alta turbiedad en el río Maipo. En paralelo, durante los momentos más complejos de la sequía, mediante una gestión planificada y sostenible de la cuenca, se alcanzó un acuerdo con los canalistas de la Primera Sección del río Maipo, que ha permitido salvaguardar el consumo humano y elevar las reservas del embalse El Yeso.

El avance impredecible del cambio climático, sin embargo, nos obliga a mantener un rol activo y protagónico en estas materias. Fue así como, mirando hacia 2030, en noviembre del 2023 presentamos Biociudad, nuestra ambiciosa propuesta de obras que contempla una inversión de US$ 1.000 millones. Esta se basa en cinco pilares -resiliencia, aprovechamiento de aguas subterráneas, soluciones basadas en la naturaleza, búsqueda de nuevas fuentes y uso responsable- y busca garantizar que Santiago no solo pueda sobrellevar el actual escenario, sino que continúe prosperando dentro de un futuro marcado por la incertidumbre climática.

El agua más cara es la que no se tiene. Estudios han determinado que la megasequía en Chile ya ha costado US$ 1.202 millones y proyectan que el cambio climático reducirá los ingresos de Chile en un 10% a mediados de siglo, lo que equivale a pérdidas de unos US$ 50 mil millones o 15% del PIB actual. Esta realidad nos muestra que, de no hacer las inversiones necesarias, el costo del cambio climático deberemos asumirlo entre todos.

Necesitamos de un esfuerzo conjunto y multisectorial, la única vía para materializar los cambios que garanticen el bienestar de las próximas generaciones. La seguridad hídrica es un objetivo compartido y alcanzable si actuamos con decisión y compromiso.