Pese a que en Chile contamos con una Ley de Insolvencia y Reemprendimiento desde 2014, cuyo espíritu es posibilitar la reorganización efectiva de las empresas viables y la liquidación eficiente de las empresas inviables, en los últimos años algunas compañías chilenas se han acogido a la normativa contenida en el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos: Latam Airlines en 2020, Corp Group Banking, Alto Maipo y Automotores Gildemeister en 2021, y en abril de este año, Wom.

Desde mi perspectiva, la ley 20.720 que rige en Chile, ofrece las garantías necesarias para que las compañías se reorganicen en nuestro país. En efecto, desde su entrada en vigencia y hasta mayo de 2024, 450 empresas se han reorganizado bajo este régimen, entre las cuales se cuentan grandes reestructuraciones como la de Caja de Compensación La Araucana, Multitiendas Corona, Unifood -Pollo Stop, Pedro, Juan y Diego- y ABC Din, además de una serie de empresas inmobiliarias, constructoras y agrícolas.

Nuestro sistema ofrece a las empresas que están atravesando dificultades financieras, la oportunidad de reestructurar su endeudamiento mediante un acuerdo vinculante con sus acreedores, incentivando a que la empresa deudora viable subsista y en lo posible salga fortalecida.

La regulación chilena establece, además, plazos más breves con procedimientos menos costosos en comparación con los que se realizan en Estados Unidos, ya que brinda la posibilidad de acordar una reorganización en un periodo de 3 a 6 meses en promedio. En contraste, en EE.UU. los procesos son más lentos y costosos, especialmente por la cantidad de asesores que intervienen. Corp Group, por ejemplo, demoró un año en acordar su plan de salida, mientras que Latam tardó 24 meses. Este punto es fundamental, dado que existen activos en juego, que se desvalorizan y que tienen que volver a reinsertarse en la economía.

Adicionalmente, la ley chilena obliga a contar con un interventor durante el período de un año desde el acuerdo de reorganización, lo que ayuda y facilita el cumplimiento del plan acordado.

Asimismo, la modificación de la normativa chilena que entró en vigencia en agosto de 2023, potenció la posibilidad de la empresa deudora de conseguir financiamiento mientras se encuentra acordando su reorganización con sus acreedores, ya que amplió el concepto y la facultad de hacer valer su preferencia especial en el pago, a las entidades financieras que facilitan los recursos en dicho período.

¿A qué responde, entonces, la decisión de reorganizarse en Estados Unidos?

Es relativamente fácil para una empresa extranjera convertirse en deudor bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras estadounidense, por cuanto dicha legislación establece que cualquier empresa o individuo que cuente con domicilio, lugar de negocios o simplemente con activos en los EE.UU., puede solicitar la supervisión de la corte para reestructurar sus finanzas y operaciones bajo sus normas. No es necesaria la insolvencia del deudor para iniciar el procedimiento, y usualmente se gatilla por la falta de liquidez de la empresa.

El proceso en EE.UU. se radica en cortes especializadas en insolvencia, cuyos jueces tienen un rol activo.

Existe la posibilidad de reorganizar pasivos de varias firmas que pertenecen a un mismo grupo empresarial, lo que aún no está regulado en Chile.

Las empresas tienen un mayor y más expedito acceso a financiamiento mientras tramitan el Capítulo 11, a través de una figura conocida como Debtor in Possesion Financing (DIP Financing), que permite levantar financiamiento mientras se acuerda el plan de salida, en un mercado más desarrollado y profundo, con inversionistas que buscan financiar empresas en estas condiciones.

El deudor cuenta con la posibilidad de rechazar contratos que considera desfavorables. Esta herramienta, conocida como Rejection, ha sido importante para empresas como Latam, que tenía contratos de leasing en Estados Unidos para sus aviones, algunos de los cuales pudo rechazar.

Si bien el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras estadounidense cuenta con elementos que atraen el interés de las empresas por reorganizarse bajo dicha normativa, los cuales podrían ser valiosos de incorporar en Chile, nuestra Ley de Insolvencia y Reemprendimiento entrega un procedimiento que permite acordar una reorganización en un tiempo acotado, menos costoso y con cada vez mayores opciones de financiamiento.