Recién pasado el plebiscito del 4 de septiembre, indiqué en una columna la importancia de avanzar “juntos y con todos”, destacando la relevancia de volver a ser un país ejemplo de reconciliación y de unión, con una mirada de futuro común.

La verdad es que hasta la fecha vemos con decepción que el gobierno no promueva proyectos que vayan en esta línea, proyectos que se caractericen por un reformismo responsable y que incluyan las diversas visiones que conviven en la sociedad. Esta actitud, que dista mucho del discurso invitando a la unidad, al diálogo y los acuerdos, se manifiesta en la presentación de reformas que no representan el sentido común o el sentir mayoritario de la ciudadanía.

En el caso de la Reforma Tributaria, por ejemplo, sabemos que el Estado necesita recaudar más para cubrir las crecientes necesidades sociales, pero cualquier cambio en esta materia no debiera afectar el crecimiento ni la inversión, sino todo lo contrario. La aprobación del impuesto al patrimonio atenta contra el ahorro, que es justamente lo que permite a las empresas invertir, con todo el círculo virtuoso que ello trae en creación de puestos de trabajo y bienestar para las personas. Los avances de la iniciativa en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados parecen desoír a los expertos y se alejan de lo que hoy necesita nuestra alicaída economía para volver a ponerse en marcha.

Lo mismo se aprecia en la Reforma de Pensiones. Aquí también son necesarios cambios y acuerdos, pero el proyecto presentado está lejos de lo que quieren los trabajadores respecto de que sus ahorros sigan siendo para ellos, poder elegir quién se los administra y no ser perjudicados con una menor rentabilidad de los fondos. Por otra parte, es un proyecto que tiende a la estatización del sistema e incluso a llegar a un monopolio, con el evidente daño al mercado de capitales, sumado al riesgo de caer en un servicio deplorable para las personas, como es el caso del Transantiago, el Registro Civil o los servicios públicos de salud.

Tampoco hemos visto a la autoridad responder con la premura y profundidad que requiere la crisis de los afiliados a isapres, la cual puede redundar en una situación catastrófica para el sistema integral de salud, con serias consecuencias como el incremento de las listas de espera de cirugía, dejar sin atención a pacientes que están cursando alguna enfermedad grave y pérdidas de empleos en los prestadores privados de salud, entre otras.

Otro ejemplo que se aleja también del objetivo de avanzar como país, lo vimos recientemente en el rechazo al proyecto Dominga por parte del Comité de Ministros. En momentos en que urgen inversiones generadoras de empleos de calidad, se dejan de lado los criterios técnicos y se actúa políticamente, sin considerar que la mayoría de la comunidad donde operaría el proyecto lo apoya, ya que traería más oportunidades y desarrollo a las familias de La Higuera.

En resumen, pareciera que el gobierno no oye a la ciudadanía, quien habló con mucha fuerza el 4 de septiembre, dejando claro que quiere moderación y cambios responsables. Las ideas refundacionales que el propio Presidente Boric y su círculo cercano apoyaron en el proceso constitucional fueron derrotadas y debieran ser desterradas de aquellos discursos que aún vemos en algunas autoridades.

Hoy los chilenos y chilenas tenemos una larga lista de pendientes para hacer de Chile un mejor país, más justo, estable y desarrollado. Durante 30 años avanzamos en la dirección correcta hacia la consolidación de este propósito. Primó la generosidad, la búsqueda del bien común de los políticos, economistas y sabios de la época, y fuimos un ejemplo de transición política y logros económicos, como la derrota de la pobreza. Tuvimos las mejores y más fecundas décadas de nuestra historia reciente, fruto de consensuar el camino común a seguir a partir del retorno a la democracia el año 89, poniendo a Chile primero, en marcha, con el pragmatismo que hoy se echa de menos.

Nuestro gran desafío es hoy, y debemos partir por acordar una nueva Constitución, moderna, racional y equilibrada, que deje fuera cualquier exceso y nos permita la estabilidad para construir un nuevo proyecto de país que nos una, traiga desarrollo integral para todos y permita la cohesión social. Para ello, la condición basal es la seguridad y la estabilidad social, política y jurídica, que genere las confianzas necesarias para que haya nuevas inversiones y con ellas, más empleo y oportunidades.

Necesitamos avanzar en buenas reformas y enfrentar correctamente la delincuencia, el terrorismo, la migración descontrolada, la informalidad, la inflación, el desempleo, las bajas pensiones, las deficiencias en la educación y en la salud. Estas son las verdaderas preocupaciones de los chilenos. Ha llegado el momento de que el gobierno se defina entre caminar zigzagueando, desprolijo y sin rumbo claro, o avanzar juntos y con todos para volver a ser un ejemplo de reencuentro, desarrollo, oportunidades y paz social.