En septiembre de 2019, antes de la crisis social, el Ministerio de Hacienda proyectaba que la deuda pública se estabilizaría en 29,3% del PIB hacia fines de 2024. Cuatro años después, pasando dos crisis (social y la pandemia), para el mismo año se proyecta que la deuda pública alcanzará su mayor nivel desde 1991, llegando a 40,9% del PIB y se estabilizaría el 2027, 13 puntos del PIB por arriba de la proyección del 2019.
Este ejemplo refleja parte de la historia de los últimos 15 años, donde hemos observado un crecimiento sostenido de la deuda, pasando de 3,9% a 37,3% del PIB entre los años 2007 y 2022, con un aumento de US$90.600 millones. Esta mayor deuda ha generado un mayor gasto de intereses por 0,6 puntos del PIB, recursos que antes se destinaban a financiar programas sociales.
Para 2024, el Ministerio de Hacienda anticipa que la deuda crecería 2,8 puntos del PIB. Este valor, es 40% superior al promedio del crecimiento de la deuda en los últimos 15 años de 2% del PIB (sin considerar años de crisis). Mientras el gasto por intereses aumentaría en 15% respecto del año anterior, dejando un menor espacio para financiar las urgencias sociales por US$500 millones (y activos del Tesoro Público por 4,8% del PIB).
Con todo, en la propuesta de incremento de la deuda en el Presupuesto 2024, al menos los siguientes elementos deberían ser considerados en la evaluación de parte de los parlamentarios:
1. Los escenarios de riesgos del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que concluyen que la deuda bruta podría ubicarse en un rango de entre 41% y 70% del PIB, en un horizonte de 20 años. Incluso, superaría el nivel prudente de deuda (45% del PIB) en un plazo de un año, en los escenarios de mayor estrés de corto plazo, como sería una crisis global. Los parlamentarios deben ponderar la probabilidad de ocurrencia de estos escenarios para corregir o moderar la propuesta de crecimiento de la deuda en 2024. Este límite se debe analizar en conjunto con la autorización de deuda para las empresas públicas (10,7% del PIB), y asegurar que los límites de la deuda del gobierno central no se cumplan a costa de un mayor endeudamiento de empresas públicas.
2. Que el mayor esfuerzo realizado por el Ejecutivo para estabilizar la deuda se realiza en los dos últimos años, aumentando la probabilidad de incumplimiento. Durante el 2025 y 2026 (primer año del próximo gobierno), el gasto público consistente en estabilizar la deuda y cerrar el déficit podría crecer sólo 1,6% y -0,4%, respectivamente. Considerando la trayectoria histórica del crecimiento del gasto de los últimos 15 años, de entre un 3-5% (sin considerar años de crisis), es un escenario poco probable, que puede poner en riesgo el esfuerzo de convergencia de la deuda, y que el Parlamento debe ponderar. Lo anterior se suma a que el Ministerio de Hacienda aún no define metas anuales de balance estructural que aseguran la gradualidad, previsibilidad y facilita el monitoreo al proceso de convergencia de la deuda pública.
3. Que se debe retomar el crecimiento de la economía, acelerar nuevas fuentes de ingresos como el litio y recuperar los niveles históricos de los recursos permanentes provenientes de Codelco para mitigar los riesgos que la deuda no logre estabilizarse en el mediano plazo. Recuperar la capacidad de crecimiento por sobre el actual potencial es una prioridad. Destrabar la discusión sobre el litio para el sector privado podría triplicar su producción, aportando ingresos permanentes al Fisco de entre 0,8 y 1,1 puntos del PIB. Mientras la recuperación de la producción de Codelco aumenta sus aportes al Fisco por al menos 0,6% del PIB.
Con todo, la economía continúa expuesta a riesgos relevantes y la deuda pública no debería superar el rango de 39% del PIB el 2024. Los parlamentarios tendrán que definir si la propuesta de incremento de la deuda en el Presupuesto 2024, considerando los escenarios de riesgo, podría terminar afectando la sostenibilidad de la deuda pública en el horizonte previsto por el Ejecutivo y realizar los ajustes que sean pertinentes.
