Cuentan que Churchill, mientras sostenía una reunión con su gabinete, en plena Segunda Guerra Mundial, un ministro le preguntó, ante la estrechez fiscal, cómo pensaba equilibrar los gastos militares con las necesidades de gasto social. El líder británico le respondió: “Primero ganamos la guerra, luego ganamos la paz”. En otras palabras, en tiempos de estrechez, priorizar es una tarea esencial.

En ese contexto, habrá o no plata para el próximo gobierno es la pregunta que ha estado en el debate durante los últimos días. Para formarse una opinión, resulta esencial revisar los principales datos fiscales.

1. Holguras fiscales: es lo que se conoce como diferencia entre el nivel de gasto compatible con las metas fiscales y el gasto ya comprometido. Si esta diferencia es positiva, significa que habrá espacio para aumentar el gasto; si es negativa, indica lo contrario. El gobierno anterior entregó las finanzas públicas para el período 2023-2025 con holguras fiscales estimadas en US$15.600 millones, una cifra que fue confirmada por la actual administración en su primer Informe de Finanzas Públicas (IFP) publicado a inicios de 2022.

Mientras, el futuro gobierno recibirá las arcas fiscales, según las proyecciones más recientes del Ministerio de Hacienda, con holguras fiscales negativas por US$312 millones para el período 2026-2029. Esto significa que, por esta vía, no habrá margen para financiar nuevas iniciativas.

2. Ahorro: la administración actual recibió un nivel de ahorro público equivalente a 6,3 puntos del PIB. Las estimaciones más recientes de la autoridad fiscal indican que lo entregará al próximo gobierno con un saldo de 3,4 puntos del PIB, es decir, cerca de la mitad de lo recibido.

Es importante recordar que este nivel de ahorro es insuficiente, según lo ha advertido el Fondo Monetario Internacional, que al mismo tiempo ha recomendado a Hacienda reponer los ahorros públicos a niveles entre 5 y 7 puntos del PIB para enfrentar adecuadamente futuras crisis económicas o contingencias.

3. Deuda pública: al final de este gobierno, la deuda bruta estará a solo 3 puntos del PIB de alcanzar su nivel prudente, definido en 45 puntos del PIB. Esto sugiere que la próxima administración no tendrá mayor margen de endeudamiento, ya que, de lo contrario, el país se quedará sin margen de acción para enfrentar futuras contingencias.

En resumen, la próxima administración recibirá las finanzas públicas sin espacio para financiar nuevos programas, con un nivel de ahorro insuficiente y que se debe recomponer, y con un margen muy acotado para aumentar la deuda pública.

Entonces, ¿cómo se podrán financiar las prioridades del futuro gobierno?

Hagamos un repaso a las dos principales fuentes de financiamiento:

• Ingresos permanentes: aun cuando se implementara un conjunto de medidas procrecimiento, como por ejemplo las propuestas por la Comisión Marfán, su impacto sería marginal en el PIB tendencial, que es lo que nos permite gastar más y probablemente rendirá frutos en el gobierno que tomará la posta.

Por el lado de las exenciones tributarias, que equivalen hoy día a 2 puntos del PIB, eliminarlas será objeto de una fuerte resistencia política y de los grupos de interés. Como también serán inevitables, ante este estrecho escenario fiscal, las presiones para realizar una nueva reforma tributaria.

• Gasto público: para implementar un conjunto de medidas de austeridad, eficiencia, junto a la priorización de recursos públicos, la principal ventana se abrirá durante los primeros meses del futuro gobierno. Estos ajustes podrían generar hasta 1 punto del PIB en espacio fiscal. Por supuesto que poder materializar lo anterior tendrá un costo político alto y requerirá de acuerdos.

Como podemos concluir, tanto en las alternativas para aumentar la recaudación fiscal permanente, como en la búsqueda de espacios en el gasto público, la historia reciente nos ha demostrado que el principal desafío para materializarlas radica en la economía política. Esto explica por qué no ha sido posible avanzar por décadas, a pesar de su claro diagnóstico.

En resumen, frente a este escenario fiscal limitado que se perfila hacia el futuro, Chile debe retomar dos prácticas esenciales. La primera es avanzar en un acuerdo técnico y transversal lo más amplio posible sobre los temas clave para el progreso del país, y definir un mecanismo de financiamiento sostenible. Y lo segundo, como nos recordaba el buen Churchill, realizar una tarea que no es muy distinta a la que cada mes realiza la mayoría de las familias chilenas con su presupuesto, y que en el arte de gobernar se le llama: priorizar.