Columna de Matías Acevedo: “Reforma de pensiones: priorizar para mejorar las pensiones hoy y en el futuro”

El destino de la cotización adicional ha sido uno de los principales nudos para lograr un acuerdo en la reforma de pensiones. En el estudio “Priorizar, para mejorar las pensiones actuales y futuras” que publicamos recientemente junto al economista de Clapes-UC Hermann González, intentamos responder tres preguntas que podrían aportar a destrabar el destino de la cotización adicional, mejorando las pensiones hoy y en el futuro:

1. ¿Cuánto cuesta financiar el seguro social con recursos fiscales?

Estimamos que manteniendo el mismo diseño institucional y criterios para entregar los beneficios (que son perfectibles) de la propuesta actual -pero cambiando el financiamiento por los 3 puntos de la cotización adicional a recursos fiscales-, el seguro social tendría un costo anual inicial de 0,4 puntos del PIB, hasta llegar a 0,7 puntos del PIB en el año en régimen (en adelante, el 2050).

2. ¿Cómo se puede financiar el costo del seguro social de 0,7 puntos del PIB con recursos fiscales permanentes, sin afectar la sostenibilidad fiscal?

Recordemos que el costo fiscal en régimen del proyecto de ley en discusión es de 1,3 puntos del PIB, donde un poco más de la mitad de los recursos están destinados tanto para aumentar la PGU a $250 mil (0,38 puntos del PIB), como para extenderla al 10% de la población de mayores ingresos (0,34 puntos del PIB).

(i) Para encontrar espacio en el presupuesto actual para la reforma, debemos partir priorizando. ¿Qué es más urgente: aumentar la PGU a $250 mil al 10% más rico, o financiar el seguro social? Pareciera más justo que el presupuesto del Ejecutivo para aumentar la PGU al 10% más rico sea redestinado a financiar una parte del costo total del seguro social.

(ii) Entre 2018 y 2022 se destinó al pilar solidario (hoy PGU) 1,2 puntos del PIB. Un año después, se propone en este proyecto destinar otros 0,38 puntos del PIB para aumentar la PGU a $250 mil, sabiendo los efectos negativos que este aumento tendrá en el incentivo a cotizar y la formalidad. Si, por el contrario, el aumento de la PGU se limita a garantizar que ningún adulto mayor se encuentre en condición de pobreza durante su jubilación, se podrían redestinar otros 0,16 puntos del PIB al financiamiento del seguro social.

(iii) Y quedaría un remanente que es acotado y perfectamente abordable por 0,2 puntos del PIB. Este se puede financiar estableciendo un mínimo de años cotizados para recibir el beneficio, entre 15-20 años, reduciendo con ello el costo del seguro entre 20% y 25%. Y también, recurriendo a los nuevos ingresos permanentes de litio y/o bien a un esfuerzo adicional de eficiencia del gasto público.

Esta propuesta se logra financiar sin afectar la sostenibilidad fiscal. Porque sobrepasar los compromisos de balance y nivel prudente de deuda nos llevarán a una rebaja segura de la clasificación de riesgo, que la pagarán las personas y pymes con mayores tasas de interés y menor acceso al financiamiento que, paradójicamente, son las mismas a las que se busca beneficiar al momento de su jubilación.

3. ¿Cuánto mejoran las tasas de reemplazo en distintos horizontes de tiempo?

La tasa de reemplazo calculada con la misma metodología del informe de la Superintendencia de Pensiones y Dipres de enero de este año, alcanzaría el 2024, 2044 y 2070 a 69%, 69% y 64%, respectivamente. Y subiría en 13, 20 y 21 puntos para los mismos años.

Respecto de la propuesta actual del Ejecutivo, la tasa de reemplazo sería inferior para el 2024 en 4 puntos, igual para el 2044 y superior en 3 puntos para el 2070. Este cálculo no incorpora el impacto negativo en la tasa de reemplazo sobre la formalidad de los futuros jubilados, por destinar una parte de su cotización a financiar el seguro social y aumentar la PGU más allá de la condición de pobreza, ambas presentes en la propuesta del Ejecutivo.

En resumen, sí es posible mejorar las tasas de reemplazo hoy, en el mediano y largo plazo, destinando los 6 puntos de cotización extra a las cuentas individuales, sin desmejorar nuestras estrechas finanzas públicas. Con un seguro social financiado con recursos fiscales y una PGU que garantice que ningún adulto mayor reciba una pensión que lo deje en condición de pobreza.

Para lograrlo, hay que priorizar.