Columna de Mauro Valdés y Francisco Klima: “Construir una nueva legitimidad”

La actual movilización de las comunidades atacameñas a propósito del acuerdo entre Codelco y SQM plantea una pregunta profunda: ¿cómo puede la explotación del salar de Atacama obtener la legitimidad que necesita?

Heredamos nuestro actual concepto de legitimidad de la Roma imperial, en la que las guerras debían resolverse con un tratado o alianza. Para los romanos, este acuerdo es la continuación natural de todo enfrentamiento, porque el conflicto crea un mundo en común entre los bandos. Parafraseando a la filósofa Hannah Arendt, este mundo en común solo puede existir cuando la guerra da lugar a una nueva convivencia, a una coexistencia entre las partes.

La palabra legitimidad proviene, en última instancia, del griego legéin, que puede traducirse como “decir, hablar o contar”, pero también como “reunir o juntar”. Ambas acepciones aluden, finalmente, a la construcción de un mundo común, que agrupa a las personas alrededor de una experiencia compartida. La legitimidad conduce así al acuerdo, al entendimiento.

En lugar de este mundo compartido, existe cierto consenso en las ciencias sociales de que los tiempos que corren se caracterizan, en gran medida, por una crisis de legitimidad que se expresa en diferentes ámbitos de nuestra vida en sociedad. De hecho, autores como Kathya Araujo y Danilo Martuccelli plantean que una de las pocas experiencias compartidas de la ciudadanía en nuestros tiempos es la sensación de no ser escuchados, de ser ignorados por parte de las instituciones. Así las cosas, el malestar y descontento aparecen como reacciones ante el vacío de legitimidad que experimenta la mayoría de las personas.

El 27 de diciembre pasado, las comunidades que integran el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) se enteraron por WhatsApp de que Codelco y SQM habían logrado un acuerdo para la extracción de litio desde el salar de Atacama. Ambas empresas actuaron según los procedimientos institucionales establecidos para definir en conjunto las condiciones de la explotación del litio hasta el año 2060. El Consejo considera que debió haber sido parte de esa discusión desde el principio y denuncia que el acuerdo se realizó a sus espaldas. La reacción del CPA tiene lugar, además, en un momento en el que se perfilan nuevos actores y demandas territoriales, en el marco del convenio 169 de la OIT, ratificado por nuestro país en 2008.

Las manifestaciones que hemos visto en torno al acuerdo entre SQM y Codelco son, entonces, una denuncia de falta de legitimidad que ocurre en un escenario complejo. Esta situación, que necesariamente hay que enmarcar dentro del naciente proceso de la Estrategia Nacional del Litio, conduce a una pregunta: cómo lograr que un acuerdo que nació con cuestionamientos profundos, adquiera legitimidad en el camino, para permitir el desarrollo de un proyecto nacional de esta escala y relevancia, más allá de la propia minería del litio.

La apertura al diálogo es un buen comienzo: esta crisis evidencia la necesidad de que las comunidades afectadas tengan una experiencia concreta de integración, que las haga partícipes de un proceso que hoy las excede. Siguiendo la interpretación romana, tenemos que reunirnos para establecer las bases de convivencia futura de las contrapartes, para crear un mundo en común, “ecosistémico” diríamos en nuestra terminología actual. A partir de ese inicio, se podrán sentar las bases de nuevos modelos de gobernanza territorial que creen las condiciones y los acuerdos que permitan llevar adelante la Estrategia Nacional del Litio en el salar de Atacama, la mayor y mejor reserva global de este mineral.

Es el momento de pensar en cuáles son las condiciones que hacen falta para dar origen a esta nueva legitimidad, y de preguntarse cómo el Estado será capaz de conjugar de manera coherente la demanda global de litio con los desafíos locales de legitimidad. Es el momento de preguntarse seriamente cómo encontraremos maneras de invitar al otro a construir un nuevo mundo en común.