Los sistemas de pensiones tienen su génesis en el seguro social para la vejez creado por el canciller prusiano Otto von Bismark en 1881. En su origen, el principal objetivo era socializar (compartir) un riesgo extraordinariamente bajo y garantizar cierto nivel de rentas (bienestar) a trabajadores que sufrieran dicha contingencia: la vejez. Desde entonces, comienzan a proliferar programas de seguridad social consistentes en compartir riesgos y cubrir determinados eventos como vejez, enfermedad, accidente laboral, invalidez, incapacidad laboral, desempleo, etc. La vejez, a diferencia de los otros eventos antes mencionados, es hoy en día un suceso que ocurre casi con certeza y cuya duración esperada puede ser estimada con precisión. Luego, los sistemas de seguridad social no debiesen tratar hoy a la vejez de la misma forma en que se tratan eventos cuyas ocurrencias son altamente impredecibles: socializar riesgos y cubrir estos sólo una vez que ya han ocurrido. Los seguros sociales para la vejez deben hoy anticiparse, atacar en tiempo y forma un evento cuya ocurrencia y duración esperada es predecible, y no limitarse a otorgar beneficios públicos mínimos al final de la vida laboral.

Lo anterior, sumado a un diagnóstico común y transversal respecto a la urgencia de aumentar la formalidad laboral, promover el pago de cotizaciones e incentivar la postergación de la edad de jubilación, hace necesaria la incorporación de solidaridad intrageneracional. Destinar un porcentaje de la cotización a un fondo solidario que se redistribuya instantáneamente en partes iguales a las cuentas individuales de sus aportantes, respetando propiedad y heredabilidad de los fondos, permitiría la existencia de subsidios cruzados en favor de trabajadores de bajos ingresos (beneficiarios netos); principalmente mujeres, jóvenes y tercera edad.

Esta solidaridad intrageneracional dentro del componente de capitalización individual, de costos administrativos casi inexistentes, atacaría los problemas antes mencionados generando importantes incentivos a la cotización y formalización de trabajadores de bajos ingresos (donde se concentran dichos problemas), mayor ahorro previsional y menor presión fiscal por beneficios públicos a largo plazo (Lorca, 2021). Además, le otorgaría mayor legitimidad social al sistema y reduciría la desigualdad de ingresos en la vejez proveniente del mercado laboral y amplificada por un sistema de capitalización puramente individual (Lorca, 2021), teniendo limitados costos ya que cotizantes de altos ingresos (contribuyentes netos) son menos propensos a cambiar su oferta laboral (Karabarbounis, 2016; Lehmann et al., 2013; Meghir and Phillips, 2010; Saez 2003).

El fortalecimiento del pilar no contributivo con la creación de la PGU (piso mínimo de ingreso) que ha aumentado significativamente la tasa de reemplazo de trabajadores de bajos ingresos, los retiros de fondos de pensiones que han hecho aún más inconveniente financiar beneficios de actuales jubilados con cotizaciones de trabajadores activos, la falta de legitimidad social del sistema y la creciente informalidad laboral, nos obligan a innovar en búsqueda de un sistema funcional y eficiente, más que sólo complementar pensiones autofinanciadas al final de la vida laboral. Luego de más de 140 años desde su creación, los seguros sociales para la vejez requieren un rediseño que permita enfrentar la nueva realidad y futuros desafíos. Para todo ello, y para destrabar la discusión política, la solidaridad intrageneracional es la llave.

- El autor es doctor en Economía, University of New South Wales (UNSW)