Columna de Nicolás Eyzaguirre: La política transaccional de corto alcance no nos iluminará el rumbo

A inicios del siglo XX Chile se expandía con vigor al ritmo de una economía mundial que se globalizaba. La distribución de frutos no era equitativa y emergía la cuestión social. Pero los gobiernos, de orientaciones similares, se sucedían unos con otros y, aún con una política disfuncional que se traducía en la caída de uno tras otro ministro, el país continuaba avanzando. Hacia fines de la primera guerra mundial, empero, la globalización se comenzó a frenar -y murió con la crisis del 29-, surgió el salitre sintético y el progreso económico en Chile se detuvo. Nos tomó veinte años recuperarnos y la disfuncionalidad política se tradujo en el golpe de Estado de Ibáñez quien, a su vez, caería tras la crisis mundial.

La estrategia de desarrollo industrial, que reemplazó al libre comercio, evidenció su propia fatiga hacia los años sesenta. La política no logró conducir el país a otra etapa y terminamos con un golpe de Estado.

El mundo volvió a girar hacia la globalización en los años 80. Habiéndonos abierto anticipadamente al comercio internacional, nuestro ingreso per cápita creció por sobre un 4% anual por más de veinte años. Gobiernos del mismo signo eran electos y todo parecía marchar, aunque la desigualdad cedía poco.

Pero, como hace un siglo, la globalización empezó a tropezar con la crisis de 2008. Desde entonces el comercio mundial crece menos de la mitad que en los decenios anteriores y las exportaciones de Chile ¡¡en una décima parte!! El producto por habitante se tendió a estancar. Y terminamos en la crisis de octubre de 2019. La indignación de la inequidad solo puede contenerse, transitoriamente, cuando se avizora un futuro mejor para todos.

La economía política de un país desigual es muy compleja. A la dificultad de no tener los recursos para financiar la igualdad de oportunidades y la cohesión social -los países más inequitativos tienden a tener menores cargas tributarias-, se suma la ausencia de instituciones y prácticas que promuevan la búsqueda de un rumbo común. Australia y Canadá, por ejemplo, dos economías abiertas y exportadoras de recursos naturales, han padecido los mismos problemas nuestros con los vaivenes de la globalización. Pero han podido cambiar de estrategia generando nuevos consensos, no con golpes militares o estallidos sociales. Alemania superó el trauma nazi construyendo instituciones políticas que favorecen la gobernabilidad.

Acá, por el contrario, tenemos prácticas políticas transaccionales, esto es, un conjunto disperso de actores que sienten deberse a sus particulares votantes y que buscan satisfacer la reivindicación que aparece más urgente. Como esas demandas suelen ser imposibles de satisfacer en conjunto y, aún más, ser a menudo contradictorias unas con otras, fijar un rumbo de consenso se torna casi imposible. Las cosas funcionan con alguna normalidad con viento a favor, pero cuando surgen puntos de inflexión comienzan a operar las fuerzas centrífugas.

Desbordado el 2019, el sistema político decidió, apropiadamente, canalizar el descontento con una convención que elaborara una nueva Carta Magna. Y frente al desprestigio de los partidos, producido por la incapacidad de llegar a acuerdos fruto de la comentada dispersión, resolvió una fórmula que, lamentablemente, trajo aún más dispersión. Y el resultado fue una yuxtaposición de intereses particulares, que generaron idéntica cantidad de intereses contrarios, confundiendo a la ciudadanía y diluyendo el mensaje central. Este no era otro que consensuar la necesidad de un Estado social de derecho, no sólo para fomentar la cohesión social, sino para construir la musculatura en capital humano e innovación que nos permitiera penetrar un mercado internacional que se nos hará más difícil.

Apoyé el Apruebo porque esto último me parecía esencial. Pero la contundente derrota dejó claro que la ciudadanía percibió más los riesgos asociados a esa multiplicidad de intereses particulares. Como alguien dijo, pasamos de no más AFP a con mi plata no, todos slogans efectivos, pero que son solo medias verdades y que nos impiden avanzar.

Tenemos ahora una nueva oportunidad. Ojalá la aprovechemos buscando una instancia legítima, sin particularismos y que busque concentrarse en reglas y aspiraciones de carácter general que les sean aceptables a la mayoría y que dejen a las leyes y a la política pública, en el libre juego democrático, la tarea de las definiciones más concretas.