Últimamente se han sucedido gobiernos de distinto signo, unos más inclinados a fortalecer el sector privado y otros la acción del Estado, sin que logremos consolidar un marco público común. La ausencia de este marco, que podemos denominar pacto fiscal, es uno de los principales obstáculos que hoy tenemos para crecer.

En el pasado pudimos consensuar reformas estructurales difíciles, a menudo barreras infranqueables en otros países. Fue el caso de la apertura al exterior, la independencia del Banco Central, las reglas fiscales, las leyes de concesiones, la legislación en favor de la competencia y la regulación de la relación dinero y política, entre otras.

Todos estos logros no hubieran sido posibles con una discusión polarizada. Desgraciadamente, esta capacidad de privilegiar el bien común, más allá de ganadores y perdedores directos, no se está mostrando a la hora de encontrar acuerdos que delimiten el espacio de lo público y lo privado en materia económica.

Es fácil caricaturizar para trabar. Los contrarios a subir impuestos dirán que estos solo perjudican el ahorro y la inversión y, por tanto, el crecimiento y el empleo. Los partidarios, que únicamente el dinero público permite emprender acciones que el sector privado no acometerá y que son las indispensables para el desarrollo.

En el extremo ambas afirmaciones son ciertas, así como falsas en lo intermedio. Es evidente que subir aquellos impuestos que más interfieren con el ahorro y la inversión privada y utilizar esos fondos para financiar consumo, por ejemplo, será adverso al crecimiento. Tan evidente como es lo contrario, si se trata de mayores impuestos que sean más inocuos para el ahorro y la inversión privada y que se destinen a expandir el potencial productivo en áreas donde no entrará el sector privado. Por lo mismo, una discusión seria debe contemplar todos los efectos y arribar a un marco común que defina los recursos y ámbitos de acción de lo público y lo privado. Eso es lo que han hecho los países desarrollados.

En la presentación de la reforma tributaria, el ministro de Hacienda inició la discusión identificando beneficios y costos en materia de crecimiento. Es indispensable retomar la discusión en esos términos. Veamos ejemplos.

Gravar los ingresos cuando estos sean fuente de ahorros y de inversión no es una buena idea. Eso ocurre, se puede argumentar, con los impuestos corporativos y los gravámenes a las utilidades retenidas. Los impuestos patrimoniales, en tanto, tienen el problema de afectar doblemente a los activos transparentes que pagan impuestos a las utilidades y no gravar en lo absoluto a los del extremo contrario. Pero los impuestos a las utilidades distribuidas, más aún cuando postergar impuestos mientras se retengan es, en nuestro país, mucho más fácil que en los países desarrollados, no debieran entorpecer el ahorro ni la inversión. Lo mismo podemos decir de las normas para reforzar la evasión y la elusión, prácticas que implican una competencia desleal y que difícilmente ayudan a financiar nuevas inversiones.

Semejantes consideraciones podemos hacer por el lado de los gastos. Hay abundante literatura y evidencia empírica sobre gastos clave que potenciarían nuestro crecimiento. Mencionemos tres ejemplos. En educación, nuestros resultados PISA son altos dado lo que gastamos. No hay ningún otro país que rinda mejor con un gasto público por estudiante inferior al nuestro. Los más eficientes, esto es, rendimiento comparado a inversión de recursos son, nótese, los países desarrollados intensivos en recursos naturales. Pero este grupo duplica la inversión nuestra, lo que es una brecha imposible de financiar sin nuevos recursos. En salud -donde hay evidencia histórica maciza de cómo una mejor salud potenció el crecimiento de los países hoy prósperos- nuestro esfuerzo público se ha expandido, pero aún estamos en un nivel insuficiente, tanto en porcentaje sobre el PIB (5,6 contra 7,1% en la Ocde), como en gasto por habitante (US$ 1680 vs. 3900). Un tercer ejemplo es el financiamiento de una sala cuna universal. Es evidente el potencial que esta tendría en términos de la fuerza de trabajo femenina y su consiguiente aporte al producto y el crecimiento. Y así hay otros, en ingresos y gastos, que sería bueno discutir.

Me pregunto cómo no va a ser posible acercar posiciones sobre esta base, en un foro propicio para este debate como es el Senado. Sería beneficioso para cualquier gobierno futuro.