Columna de Óscar Landerretche: “El pacto fiscal ha muerto… viva el pacto fiscal”

El pacto fiscal ha muerto. Lo mató el escándalo. El pacto fiscal ha muerto y con él ha fenecido la reforma tributaria. Pero, paradójicamente, si es que ésta revive será por un nuevo pacto fiscal, uno mejor, fortalecido y robustecido. El pacto fiscal ha muerto… viva el pacto fiscal.

Se ha generado una enorme interrogante a la narrativa que condicionaba políticas públicas a más impuestos. Simplemente no hace sentido a la ciudadanía que quienes demandan más recursos, muestren ese nivel de despilfarro y descaro. Francamente, si este escándalo hubiera sido diseñado conspirativamente por la derecha más refractaria a subir los impuestos, no les habría salido tan bien.

Una lástima porque en algún momento pareció posible un pacto fiscal, algo importante para el país.

¿Qué sería ese pacto fiscal?

En términos resumidos sería un acuerdo con tres patas: una reforma tributaria sustantiva; un paquete de medidas pro crecimiento y una importante reforma del Estado.

La reforma tributaria que necesitamos sube la recaudación, por cierto, pero también la progresividad, esto es, el impacto distributivo de los impuestos; aumenta la contribución de los más ricos, pero trata de minimizar el desincentivo a la inversión y creación de empleo; aumenta la importancia relativa del impuesto a la renta y reduce la del IVA; reduce evasión y exenciones, pero simplifica la estructura impositiva.

Las reformas pro crecimiento podrían incluir medidas tributarias transitorias pro inversión; pero hay más cosas que se pueden hacer: esfuerzos por reducir los tiempos y aumentar la predictibilidad de los procesos de evaluación ambiental; señales de reducción de incertidumbre en regulaciones laborales; incrementos en la inversión en infraestructura, vivienda social y reconstrucción urbana acelerando las licitaciones que hoy se ven aletargadas y somnolientas; reactivación del sector minero con un ordenamiento y aceleración de los proyectos estructurales de Codelco; activación de una política de construcción de fundiciones y refinerías de última generación; mayor prontitud y pragmatismo con la expansión del litio; más agresividad en la apuesta hacia el hidrógeno verde e inicio a la transformación de Enap en una empresa estratégica energética que supere los hidrocarburos.

La reforma del Estado que necesitamos partiría por reducir algo así como tres cuartos de los cargos de confianza política y reemplazarlos por funcionarios de carrera; pero además modernizaría el estatuto administrativo para hacer factible la gestión pública, premiar a los funcionarios que destaquen y, por cierto, desvincular a quienes no rinden sistemáticamente. Se necesita, además, un sistema mucho más riguroso de evaluación externa de programas con mecanismos, protegidos del clientelismo político, para descontinuar aquellos que no han logrado los impactos prometidos y reasignar esos presupuestos a otras iniciativas.

Pero dada la contingencia hay otra cosa que quizás serviría para salvar la reforma tributaria. Esto es hacer imposible que se vuelvan a repetir bochornos como los de estos días. Por ejemplo, se podría pactar una reducción radical de los presupuestos ministeriales de asignación directa, establecer reglas que obliguen a concursar públicamente la abrumadora mayoría de lo que hoy se gasta así e implementar procedimientos que impidan el mecanismo de fraccionamiento de glosas y de camuflaje de gasto como inversión que usaron estos frescos. Y se podría constituir una comisión auditora del sector público completo, mandatada desde La Moneda que revise ministerio por ministerio, para detectar otros mecanismos similares a éste, apagarlos y recomendar sanciones cuando corresponda.

Quizás algo así de radical salvaría la reforma tributaria. Otro pacto fiscal. Uno más robusto. Quizás es demasiado tarde. Veremos.