Es impresentable la situación en que se encuentra la Contraloría General de la República.
Primero, clarificar que tengo la mejor opinión de la actual contralora subrogante. Dicho eso, hay muchos abogados y abogadas de destacada trayectoria que podrían ejercer el cargo en forma muy competente y efectiva. Lo que importa, en esto, no son personas específicas, sino el proyecto institucional de la Contraloría y el interés del país.
Segundo, aclarar que mi posición personal es que la institucionalidad de la Contraloría sí requiere cierto nivel de reforma. Creo que es importante hacer un barrido de cuerpos legales poco claros o contradictorios que se han ido acumulando en el tiempo y que generan espacios de discrecionalidad en la interpretación respecto de conflictos de atribuciones con diferentes agencias del Estado. Esas ambigüedades, en el mejor de los casos, dan lugar a conflictos innecesarios entre instituciones que, de buena fe, tratan de cumplir con su deber; en el peor, se abren espacios para el oportunismo comunicacional, el macuqueo de los operadores y la corruptela de los sinvergüenzas. Además, creo que una institución con el poder e importancia de la Contraloría debería tener un gobierno institucional colegiado: un consejo, con nombramientos relativamente prolongados e intercalados de modo que ningún gobierno o sector político pueda forzar una mayoría. El objetivo es que exista un control independiente y técnico sobre quien ostente el cargo de contralor. La Contraloría es una institución que debe replicar, en su interior, el espíritu republicano de división de poderes, chequeos y balances. Debe ser capaz de tener políticas corporativas e institucionales de largo plazo que excedan en temporalidad, alcance y profundidad los entusiasmos y/o apetitos de quien preside circunstancialmente la institución. Y, por cierto, la Contraloría no debe ser, nunca más, el juguete comunicacional de alguien. Es demasiado importante.
Dicho esto, creo imposible que se hagan estas u otras reformas de fondo a la Contraloría en la situación política actual. Me conformaría con que quien preside la institución no estuviera en un estado perpetuo de subrogación.
Todos sabemos la razón por la cual la clase política es incapaz de nombrar y confirmar a alguien en ese puesto. Es una razón inconfesable. La verdad es que, en tiempos recientes, se ha usado y abusado de la Contraloría como un arma política. Los políticos saben que si tienen a alguien cercano a ellos en el puesto, dispondrán de un arma de revancha y chantaje de enorme calibre. También saben que si se coloca a un adversario político en el puesto, puede resultar catastrófico para sus operaciones clientelistas. Es por eso que prefieren que quede pendiente el tema. Es demasiado riesgoso perder en el proceso de nombramiento. Es preferible el equilibrio actual. Es, para los que gustan de la teoría de juegos, una trampa del prisionero clásica.
Pero hay una interpretación peor que anda rondando y que, creo, puede terminar siendo muy dañina para esa institución. Por eso creo que es mejor decirla. Se interpreta que una manera de neutralizar a la Contraloría, de evitar que ésta sea firme en su persecución de la corrupción de gobierno y el clientelismo asociado a la política es mantener pendiente la designación. Todos quienes aspiran al cargo tendrían el incentivo, se dice, a ser cuidadosos con quienes definirán, eventualmente, la designación.
¿Delirios conspiranoicos, dice usted? Quizás. O quizás usted necesita ser más receptivo a la educación pública, gratuita y de calidad que nos está impartiendo el profesor Whatsapp sobre la obscenidad de los mecanismos de designación de cargos en diferentes poderes del Estado chileno.
Derivo tranquilidad de mi convicción que la actual contralora subrogante jamás capitularía frente a una presión implícita como esa. Su trayectoria muestra un comportamiento completamente opuesto y una disposición a asumir costos enormes por cuestiones de principio. Dicho eso, debo reconocer que esta interpretación del estatus de la Contraloría que anda rondando, por falsa que sea, puede terminar dañando a esa institución. Creo que es una situación que debe terminar… y pronto. Se aproximan períodos electorales en que el potencial de abuso de poder y mal uso de recursos públicos es alto. Es de la mayor importancia que tengamos una Contraloría, digamos, como la mujer del César, que además de serlo, tenga las condiciones para parecerlo.
Ratifiquen o presenten una alternativa, pero terminen con esta tontería. Llevamos ocho meses con este payaseo.
