Don Otto le cuenta a su amigo Fritz que descubrió a su mujer, Helga, con un amante, Fabio, en el sofá de la casa. Le cuenta que está indignado y que tomará medidas drásticas. Días después Fritz le pregunta por lo que hizo. Don Otto le cuenta que vendió el sofá.

El cuento del sofá de Don Otto juega con una ambigüedad. No queda claro por qué el caballero tomó esa opción. ¿Lo hizo por que es estúpido y no entiende la verdadera causa de la traición de Helga? ¿Lo hizo porque es cobarde y no se atreve a confrontar a Fabio? ¿Lo hizo porque es flojo y le da lata enfrentar el problema? ¿Es una combinación de las tres? Como sea, Don Otto está haciendo el ridículo y sus explicaciones se las cree solo él.

Hoy en día están de moda los vendedores de sofá.

En Estados Unidos y en Argentina hay, hace tiempo, problemas con el gasto fiscal. En ambos países hay déficits fiscales significativos, deudas públicas disparadas y una frondosa estructura de instituciones, subsidios, contratos, franquicias y prebendas que no parecen tener justificación y que han sido resultado de años de clientelismo, “pork barreling”, ñoquis e inconsistencia fiscal. En ambos países se han elegido gobiernos que han priorizado el recorte de gasto público. En ambos casos esta responsabilidad ha sido colocada en manos de conversos al anarcocapitalismo y a la teoría del Estado mínimo. Su símbolo es la motosierra de la cual han hecho aspavientos. Y por ende, no muy sorprendentemente, se observa que los recortes no se han circunscrito a excesos de gasto evidentes, sino que se han extendido a funciones públicas importantes e inversiones cruciales que un Estado moderno debe hacer. En Argentina se produjo una paralización abrupta de la inversión en infraestructura que simplemente no es sustentable. En Estados Unidos, un ejército de incels ha sido desplegado con el mandato y potestad de cortar el financiamiento a cualquier cosa que no entiendan sus tiernas mentes.

Curiosamente, en ambos casos, quienes lideran estos procesos tienen, digamos, una “relación creativa” con la probidad. Es por lo menos curiosa la existencia de jefes de Estado que anden promoviendo criptomonedas, terminen o no siendo fraudes piramidales. Es particularmente obscena la sigla de la agencia que fue creada para estos efectos en los Estados Unidos: DOGE, que supuestamente viene de Department of Government Efficiency, pero que curiosamente coincide con el nombre de la criptomoneda vinculada a los intereses de Elon Musk: DogeCoin. La admiración que generan estos personajes y sus coqueteos con el oportunismo financiero desde posiciones de poder en parte del empresariado y de la tecnocracia local me preocupa.

Es cierto que Argentina, en particular, no tenía muchas alternativas a un programa de ajuste radical en el gasto. Personalmente siempre he tenido muchos reparos a la inclinación del peronismo al clientelismo, su trágica propensión a la corrupción y su tendencia a la irresponsabilidad fiscal. Más reparos tengo al atractivo que generaba esa manera insostenible y oportunista de gestionar el Estado en parte del progresismo local.

Seguramente, dada la dimensión del problema macroeconómico en que se habían metido los argentinos, no les quedaba otra. Pero pasar de constatar eso a afirmar que en Chile debiéramos imitar la extravagancia operática y falta de sutileza estratégica de lo que están haciendo nuestros vecinos es un salto argumentativo bastante largo.

Primero que nada, la Constitución de ese país, a diferencia de la chilena, da un espacio significativo a lo que es, en la práctica, el gobierno por decreto. En Estados Unidos también existen atribuciones que permiten a los presidentes gobernar con órdenes ejecutivas, mecanismo que ha sido usado y abusado hace tiempo. Esto significa que aunque fuera una buena idea lo que hacen Milei y Musk, hay poco espacio institucional en Chile para imitarlos. Así que esos que andan prometiendo implementar esas estrategias en Chile no solo están vendiendo sofás, están vendiendo humo.

Pero, además, el desafío de reactivar el proceso de desarrollo y crecimiento de nuestro país no requiere de un Estado ausente, sino de un Estado efectivo; no requiere de un Estado mínimo, sino de un Estado estratégico; no requiere de motosierras, sino de reformas inteligentes que reviertan nuestro déficit fiscal estructural, ordenen las cuentas fiscales, sanen el régimen laboral del servicio público, reduzcan a su mínima expresión los puestos de confianza política, construyan una carrera funcionaria profesional exigente y orienten la acción de ministerios y superintendencias, municipios y empresas públicas hacia la productividad. El hecho de que el Estado tenga problemas de ineficiencia, clientelismo o incluso corrupción no significa que hay que botar el Estado. Eso es vender el sofá y tal como ocurre con el cuento original de Don Otto, cuesta discernir si quienes lo proponen lo hacen por estupidez, cobardía, flojera o una combinación de las tres.

El problema que tenemos en Chile con la gestión, eficiencia y efectividad del gasto público no es una excusa para juguetear frívolamente con utopías anarcocapitalistas, sino una oportunidad para hacer una reforma profunda del Estado. Una reforma del Estado al servicio de una nueva estrategia de desarrollo.