Comenzó la discusión legislativa de la reforma tributaria. Dos semanas después de que el gobierno la presentara, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados inició el análisis del proyecto considerado como la columna vertebral, ya que el 77% de la recaudación esperada provendrá de las modificaciones a las personas, de la creación de un impuesto a la riqueza y de la redución de la elusión, evasión y las exenciones tributarias.
La exposición estuvo a cargo de la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, y los asesores tributarios Diego Riquelme y Nicolás Bohme. El primer tema que se abordó son las medidas con las que el gobierno pretende reducir la evasión y elusión.
En el proyecto se detalla que esta reforma avanza en el cumplimiento de estándares internacionales, haciendo administrativa la aplicación de la Norma General Antielusión, manteniendo el peso de la prueba en la autoridad tributaria, y permitiendo a los contribuyentes revisar e impugnar judicialmente dicha declaración de acuerdo con los procedimientos generales establecidos ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros, resguardando siempre su derecho a defensa. Además, se establece una sanción a los contribuyentes que eludan.
Asimismo, la iniciativa incorpora la figura del denunciante anónimo tributario, en dos situaciones. En primer lugar, se menciona que “un tercero que detecte delitos tributarios y haga una denuncia de manera anónima, podrá recibir como beneficio un porcentaje de la sanción económica en caso que se determine que haya delito” y, en segundo lugar, que “una parte involucrada en un delito tributario podrá auto denunciarse, recibiendo como beneficios evitar sanciones penales o rebajarlas por hasta dos grados”.
También se describe que se entregarán nuevas facultades de fiscalización al Servicio de Impuestos Internos (SII), permitiendo que direcciones regionales fiscalicen a contribuyentes en otros territorios jurisdiccionales al territorio del director regional, sin afectar los derechos del contribuyente. Además, se hará, según señala el proyecto, una serie de ajustes al catálogo de delitos contemplado en el artículo 97 del Código Tributario. Y, además, con “la finalidad de enfrentar la informalidad, se modifica el delito de comercio de mercaderías que no han cumplido con las exigencias legales, sancionando también a quien las almacene o transporte”.
De acuerdo a la propuesta, el mayor ingreso por esta vía será a un ritmo de 0,4% del PIB al año, llegando a una recaudación adicional de 1,6% del PIB en régimen el año 2026.
Con la reforma tributaria, el gobierno pretende recaudar 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB). De ese total, 1,6% del PIB es lo que se espera pesquisar con esta serie de medidas y cambios normativos y administrativos que se incluyen en el proyecto de ley, es decir, el 40% del total estimado de mayores ingresos.
Las dudas de los diputados
Las dudas de los diputados se concentraron en si se logrará la recaudación esperada con estas modificaciones y las nuevas atribuciones del SII contará con mayor personales y recursos. Además, el diputado Gonzalo de la Carrera y el Agustín Romero, ambos del partido Republicano, plantearon dudas sobre la diferencia entre elusión y planificación tributaria, lo que fue rápidamente aclarado por los representantes del Ejecutivo.
La primera en responder fue la propia subsecretaria Claudia Sanhueza, quien en primer término dijo que “el SII pueda utilizar inteligencia artificial para identificar acciones de riesgos” y además dijo que tanto “el SII como otros servicios relacionados con Hacienda tienen incorporados mecanismos sofisticados de inteligencia artificial. Estamos fortaleciendo y desarrollando para que puedan mejorar su competencia en los temas de evasión y elusión de impuestos”.
Mencionó que “en el informe financiero considera un presupuesto especial para fortalecer el SII, Aduanas y a la Tesorería, en el marco de este proyecto para disminuir la evasión y elusión”.
Con respecto a cuánto recaudarán estas modificaciones, dijo que “hay un compromiso con el director del SII de recaudar a la razón de 0,4% por año en menor elusión y evasión”.
Diego Riquelme, asesor tributario, explicó que “la elusión suele generar mucha confusión y la idea es dar la mayor cantidad de certezas posibles. La elusión es un delito, es un delito civil, y la diferencia con la evasión es que esta última es un delito penal. Lleva penas de cárcel”.
Riquelme sostuvo que “la elusión es la principal preocupación a nivel internacional, a nivel de la Ocde. La elusión fiscal no es otra cosa que la planificación tributaria agresiva. Una cosa es la economía de opción donde el contribuyente tiene todo el derecho de organizarse en la forma que estime lo más eficientemente posible, pero eso tiene un límite y ese límite es la ley. Cuando se vulnera la ley lo que hace es que se planifica agresivamente y eso se llama elusión. Lo que estamos haciendo es atacar de mejor forma la elusión fiscal que es un delito. No es un derecho del contribuyente”.
Por último, Riquelme especificó la figura del denunciante anónimo. “Hay experiencia internacional en países como Brasil, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos”.
Ante las dudas sobre una posible “avalancha” de denuncias, agregó que “no creemos haya una avalancha de denuncias anónimas, porque hay una sanción de 100 UTA a quien haga una denuncia falsa. Eso es un efecto disuasivo bastante potente el momento de establecer una denuncia, hace poco el Congreso aprobó el denunciante ánimo para los actos fiscalizados por al CMF, no estamos inventando la rueda, existen antecedentes a nivel internacional”.
En otro tema que se alcanzó a esbozar es que el cambio del sistema a la renta para pasar a un sistema dual estará en régimen hacia 2028.
