Sin apuro, la discusión de la Reforma Tributaria sigue su ritmo. Ayer, en la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se siguió analizando la creación de la Comisión Antielusión.

Por esa razón se convocó a quienes conformarían dicha instancia: se trata de las máximas autoridades o representantes de la Fiscalía Nacional Económica (FNE); la Comisión de Mercado Financiero (CMF); el Tribunal de la Libre Competencia (TLDC) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), que asumirían el rol de resolver de manera vinculante sobre casos de potencial elusión. Esto reemplazaría al esquema vigente, en que el SII presenta el caso ante los Tribunales Tributarios.

El transcurrir de la sesión sorprendió a los propios parlamentarios: uno a uno -salvo el SII-, validaron la comisión, pero declinaron participar de ella.

El primero en exponer fue el fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, quien señaló que su cargo "no es de experto en Derecho Tributario ni tampoco tiene un piso mínimo de conocimiento técnico y experiencia práctica en materias tributarias", acusando una carga laboral duplicada desde 2017. Además sostuvo que "formar parte de una comisión resolutiva desvirtuaría en parte el carácter persecutor de la FNE". Razones suficientes, a juicio de Riesco, para declinar la participación de la entidad.

En la misma línea prosiguió el presidente de la CMF, Joaquín Cortez, quien expuso en 4 puntos su posición. Primero, que "el nuevo encargo escapa del mandato legal" de la CMF; segundo, que el comisionado "puede verse enfrentado a tomar una decisión que entre en conflicto con los objetivos que el legislador impuso" a la instancia; tercero, que la supervisión de la CMF es muy amplia, con el riesgo de "obligar al comisionado a inhabilitarse" si se trata de temas comunes; y por último, las dificultades de asumir la carga de trabajo adicional.

En esta línea, el presidente del TLDC, Enrique Vergara, planteó tres aprensiones: la expertise para integrar la instancia; el tiempo de trabajo que demandará a sus miembros; y "la configuración de eventuales inhabilidades en futuros casos que tenga que enfrentar el TLDC", declinando la participación.

Por parte, el subdirector jurídico del SII, Miguel Zamora, valoró el diseño de la instancia, toda vez que -dijo-, a diferencia del esquema actual, se le permite al director del SII pronunciarse respecto de las resoluciones finales sobre elusión. En cambio, la Asociación de Fiscalizadores del SII señaló que la Comisión Antielusión no era necesaria.