Tras la polémica que desató el dictamen emitido ayer por la Dirección del Trabajo (DT), los diputados de oposición de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados solicitaron esta mañana la renuncia de la directora subrogante de la institución Camila Jordan.
“Hemos solicitado a la ministra del Trabajo María José Zaldívar, y al subsecretario Fernando Arab formalmente la renuncia indeclinable de la directora de la Dirección del Trabajo, por haber emitido un dictamen que condena a los trabajadores de nuestro país a quedarse en sus casas sin derecho a remuneraciones”, sostuvo el diputado Raúl Soto tras haber acordado con sus pares de la oposición.
La decisión fue sometida a votación en la sesión siete votos a favor y seis abstenciones.
En este sentido, agregó que la directora de la DT “debe dar un paso al costado y se deben replantear las decisiones y los dictámenes de dicha entidad” e indicó que se les solicitó a la ministra y al subsecretario la modificación inmediata de los criterios plasmados en el dictamen de la DT.
Su par Karol Cariola, en tanto, dijo a través de su cuenta en Twitter que “deja a los trabajadores a la deriva y entrega carta blanca al empleador para despedir a causa de la crisis”.
Recurso de protección
Por su parte, el Presidente del Partido Radical (PR), Carlos Maldonado, presentó un recurso de protección en contra del dictamen. En el texto ingresado esta mañana a la Corte de Apelaciones de Santiago, se califica como arbitraria e ilegal la resolución del ente gubernamental.
“En virtud de dicho dictamen la Directora del Trabajo ha ejercido y se ha arrogado atribuciones que la Constitución Política no le ha conferido, infringiendo los artículos 6 y 7, modificando preceptos legales y afectando relaciones contractuales indebidamente, incorporando circunstancias no pactadas entre empleadores y trabajadores, permitiendo la suspensión de derechos esenciales que son parte de la relación laboral”, expresa el texto.
El dictamen de la DT generó ayer una fuerte controversia entre diferentes actores, dado que al considerar como caso fortuito o de fuerza mayor la emergencia santinaria declarada por el coronavirus, se abría la posibilidad de exentar a las partes (empleador y trabajador) de cumplir con sus obligaciones contractuales.
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