Este martes, la Comisión de Economía del Senado comenzó la tramitación del proyecto de ley que crea el Registro de Deuda Consolidada (RDC). El objetivo de esta medida, administrada y resguardada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), es contener la información relativa a las obligaciones crediticias y al cual deberán reportar tanto oferentes de crédito bancarios como no bancarios y otras entidades financieras.
Si bien la iniciativa ha sido presentada en varios proyectos de ley, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, explicó que “en el contexto económico actual, las medidas tendientes a prevenir el sobreendeudamiento de las personas y familias cobran especial importancia. Por ello, se optó por presentar un nuevo proyecto de ley con características simples, enfocado en la creación de un registro consolidado de deudas, y en la protección de la seguridad de los derechos de los deudores”.
Según Berner, el proyecto de ley busca mejorar la información sobre el comportamiento de pago de las personas, para que los buenos pagadores puedan beneficiarse; incorporar oferentes de créditos no bancarios y otras entidades como aportantes y receptores de información; permitir que las personas tomen mejores decisiones sobre sus niveles de endeudamiento; y dar acceso a mejor información para impulsar políticas en materia de endeudamiento y educación financiera. De igual manera, el Registro reconoce a las personas como dueños de su información crediticia, la que pueden acceder, modificar y eliminar cuando corresponda.
En la actualidad, sólo los créditos vigentes están obligados a reportar al CMF y son los bancos, las sociedades de apoyo al giro y las cooperativas de ahorro y crédito con patrimonio sobre 400.000 UF, las que pueden ingresar al registro para evaluar el riesgo de potenciales clientes. El proyecto agrega a todas las entidades fiscalizadas por la Comisión que ofrezcan créditos, como lo son los emisores de tarjetas de crédito, compañías de seguro y otros.
Además, los reportantes estarán obligados a entregar información al registro en la forma que la CMF determine, serán responsables sobre la exactitud de la información entregada, y solo tendrán acceso a información de obligaciones reportables de deudores específicos y respecto de obligaciones específicas.
La subsecretaria Berner enfatizó que el proyecto implica reconocer que los deudores son dueños de sus datos, ya que consagra los derechos irrenunciables de acceso, rectificación y cancelación de forma gratuita. Este trámite, añadió, se puede realizar de forma presencial u online.
“Por primera vez se reconocen claramente estos derechos a todos los deudores, incluyendo a personas naturales y jurídicas, ya que la ley de datos personales no aplica a empresas de menor tamaño y la regulación del boletín comercial no reconoce estos derechos de forma expresa”, señaló la subsecretaria.
