Fue uno de los proyectos que se anunció como eje para hacer frente a las demandas del estallido social. Uno de los pilares de la “agenda social” que tiene como objetivo mejorar la relación de las empresas con los consumidores y disminuir la sensación que existen abusos y privilegios de algunos sectores de la población sobre otros.
El proyecto de ley que fortalece la investigación y persecución de carteles y aumenta su pena se ingresó en marzo de este año a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, pero no ha tenido ningún movimiento desde esa fecha. Eso hasta ahora, puesto que el presidente de esa instancia, el diputado Jaime Naranjo (PS) adelantó que más allá de que el gobierno se decida a darle urgencia, la pondrá en tabla durante diciembre. “Una vez que concluyamos la actual agenda de urgencia lo reactivaremos. En diciembre debiéramos con o sin la urgencia del gobierno retomar la discusión”.
Desde el gobierno, el ministro de Economía, Lucas Palacios, compartió la necesidad de avanzar rápidamente con esa agenda y no esperar que estalle un nuevo caso de colusión para reactivar la discusión. “Esta agenda continúa siendo una prioridad para nosotros, sin embargo, algunas de las medidas contempladas dentro de esta iniciativa se ralentizaron debido a la necesidad urgente de habilitar soluciones que iban en ayuda directa de las familias afectadas fuertemente por la crisis sanitaria”, subrayó.
Por ello, enfatizó que “ya es momento de retomar con fuerza la totalidad de esta agenda que es estructural para nuestro país. Esta agenda incluye medidas muy relevantes, ligadas a la protección de los derechos de los consumidores, combate de conductas anti competitivas y abusos, fortalecimiento de nuestras instituciones, entre otras”.
Para Naranjo, el foco de la discusión estará puesto en las nuevas atribuciones que se le entregan a la Fiscalía Nacional Económica y al Ministerio Público en cuanto a quien va a tener la exclusividad o ambas en la acción judicial. Otro de los puntos que el legislador destaca son los bienes esenciales. “Prefiero dejarlos definidos que a criterio de los jueces”, comentó
El proyecto
En lo concreto, el proyecto aumenta el piso de las penas por colusión para bienes y servicios de primera necesidad desde 3 años a 5 años y un día, manteniéndose el máximo de 10 años. También plantea nuevas herramientas para fortalecer la investigación de carteles por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y se agrega una obligación a la FNE de mantener la reserva de la identidad del denunciante en caso de que así sea solicitado, cumpliendo las condiciones mínimas de la denuncia. Se incluyen sanciones graves para quienes utilizan maliciosamente este instrumento.
Expertos. Los expertos apoyan que se reactive la discusión en el Congreso. Andrés Bustos, socio de Bustos Gómez Abogados sostuvo que “estas medidas fortalecen los mecanismos para investigar y poder desarticular actos que vayan o atenten contra la Libre Competencia”.
El experto añade que “son herramientas que permitirían declarar conductas que acrediten concertaciones o bien acuerdos expresos o tácitos entre distintos actores relevantes de un mercado, a fin de que prevalezca la eficiencia económica, tanto desde la óptica de los comerciantes como de los consumidores”.
Ignacio Concha, Socio de Deloitte acota que “uno no puede sino estar de acuerdo con medidas que hagan las investigaciones más eficaces, pero tampoco debe olvidarse que el mero hecho de estar sujeto a una investigación ya es un castigo para empresas inocentes, dado lo que involucra por disrupción en sus actividades y gasto de recursos, para responder a las solicitudes de la autoridad”. P
