Después de casi siete meses, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular la propuesta de reforma tributaria del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Pero si bien con ello el proyecto quedó listo para el próximo paso, que es la votación en la Sala de la Cámara, el objetivo del gobierno de poder tenerlo aprobado antes del receso legislativo en dicha instancia no es seguro que lo logre, dada la abultada agenda legislativa que tiene el hemiciclo.
De hecho, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Carlos Bianchi (independiente), dijo que “lo más aconsejable es que el proyecto se pueda votar la primera semana de marzo, ya que al menos se necesitan dos sesiones consecutivas para poder analizarlo con calma”.
El legislador argumentó que, antes de ponerlo en tabla, “se necesita contar con el informe técnico que tiene que hacer la Comisión de Hacienda, pero dada la magnitud de la reforma, no puede ser evacuado en un par de horas, no calzan los tiempos”, agregando que “se debe hacer “un trabajo serio y responsable”. De esta manera, crece la opción de que finalmente la Sala de la Cámara lo despache recién en marzo, para luego continuar su trámite en el Senado.
Al finalizar la jornada, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recalcó que en estos casi siete meses “se ha hecho una discusión mucho más detallada de lo que ha ocurrido con reformas tributarias anteriores. Sacamos la cuenta y ha habido alrededor de 200 votaciones, de las cuales por lo menos en 3/4 de ellas hemos tenido votos cruzados dentro de esta mesa. El Ejecutivo introdujo 40 indicaciones, algunas de ellas bastante sustantivas respecto de la propuesta original del proyecto”.
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En la jornada de este lunes se aprobaron el impuesto al patrimonio, las normas de beneficiarios finales de las empresas y los ajustes a los beneficios del DFL 2.
En el detalle de cada uno de ellos, lo primero fue la aprobación del impuesto a los altos patrimonios, por 7 votos a favor y 4 en contra, de la oposición. Este gravamen establece a los residentes o domiciliados en Chile un impuesto a la parte del patrimonio que supere las 6.000 UTA (US$4,9 millones). Esta norma, además, contiene lineamientos que le permitan al contribuyente determinar el valor económico de sus activos, entendiendo por valor económico aquel que fuera determinado por terceros independientes.
La tasa que se aplica varía según el monto del patrimonio: hasta 6.000 UTA, US$4,9 millones, queda exento, entre 6.000 a 18.000 UTA (US$4,9 – US$14,7 millones) tendrá una tasa de 1% y a los que tengan un patrimonio sobre 18.000 UTA, esto es más US$14,7 millones, la tasa será de 1,8%.
A este gravamen el gobierno le ingresó algunas indicaciones. Entre ellas, se eliminó el impuesto de salida para aquellos contribuyentes que pierden el domicilio, pero se mantiene la obligación de informar para quedar excluido del impuesto. Asimismo, se precisó la redacción para establecer normas más simples, sin perder la correcta determinación del patrimonio. Y se propuso un límite a la carga tributaria del 50% sobre los ingresos que consideren las tasas efectivas de impuesto a la renta y del impuesto al patrimonio.
De acuerdo a cálculos del gobierno, 6.383 contribuyentes estarán afectos al impuesto al patrimonio, y se espera una recaudación de 0,48% del PIB.
El segundo punto abordado fueron las normas que crean un registro nacional de personas beneficiarias finales. Este tiene el objetivo de generar una mayor transparencia en la actividad empresarial, con énfasis en aquellos que reciben fondos públicos. Este registro permite mejorar las labores de fiscalización en ámbitos como los impuestos o lavado de activos o delitos financieros.
Asimismo, se aprobaron modificaciones a la ley de Herencia y Donaciones, y la modificación a las exenciones DFL2, norma que proviene de 1959, que pretendía fomentar la adquisición de inmuebles con destino habitacional, e impulsar la construcción de viviendas sociales. No obstante, según argumentó el Ejecutivo, “con el correr de los años esta normativa fue objeto de un mal uso al transformarse en un instrumento que permitía la acumulación de inmuebles con un fin exclusivamente rentista distorsionando su objetivo, al ser utilizado por personas y por sociedades inmobiliarias”.
Así, el proyecto establece el término de la exención respecto de arriendo y del impuesto a la herencia. Sin embargo, para las personas sobre 65 años se mantiene la condición de ingreso no renta por arriendos percibidos por hasta 15,5 UTA ($ 960.000 mensuales), cuando el ingreso total anual sea menor a 30 UTA.
“Yo sé que es una reforma compleja, nunca lo hemos ocultado: es una reforma ambiciosa, que le quedan todavía varias etapas de discusión por delante, pero siempre es importante ir cumpliendo hitos y este es un hito muy fundamental y lo valoramos en todo su significado”. El titular de las finanzas públicas añadió que “pese a que podíamos tener muchas visiones distintas respecto del contenido de la reforma, creo que ha primado un espíritu de cooperación y, en esa circunstancia, no me cabe la menor duda que el proyecto que va a llegar a la Sala -y lo digo con mucha humildad- va a ser mejor que el proyecto que se presentó originalmente a este Congreso”.
