Tras haber sido respaldado en general en la Sala del Senado a inicios de diciembre, este miércoles la Comisión de Minería y Energía de la cámara alta aprobó el proyecto que establece en favor del Estado una compensación, denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio. Así, la norma pasarpa ahora a la Comisión de Hacienda.

Los parlamentarios de la Comisión de Minería y Energía, presidida por la Senadora Yasna Provoste (DC) e integrada por los senadores Isabel Allende (PS), Alejandro García Huidobro (UDI), Guido Girardi (PPD) y Rafael Prohens (RN), aprobaron una serie de indicaciones que fueron revisadas en la sesión del martes.

En particular, se discutieron diversas indicaciones presentadas por los senadores Allende, Provoste, Girardi y Guillier. Una de las materias más relevantes que se aprobaron fue la de recaudación. En ese sentido, se establece una fórmula con dos componentes, diseñada por Hernán Frigolett y Michel Jorratt.

El primero es el denominado cobro Ad Valorem, es decir, que tributa sobre las ventas brutas, y el segundo componente es de rentabilidad, que busca aumentar lo que actualmente recauda el impuesto específico.

En tanto, cuánto recaudará este impuesto dependerá del precio del cobre. De esta forma, el proyecto busca regular la forma en que se determina el monto de la compensación en los casos en los que el precio promedio anual de cobre, de acuerdo a lo registrado por la Bolsa de Metales de Londres, supere los US$2 dólares por libra.

Por otra parte, el texto busca regular el destino de lo recaudado por este impuesto, lo cual se distribuirá a un Fondo de Convergencia Regional, integrado por las comunas de las regiones en las que se realicen explotaciones mineras y lo restante se destinará a financiar proyectos de medidas de reparación, mitigación o compensación de los impactos ambientales provocados por la actividad minera en las comunas donde están los yacimientos.

Con las indicaciones aprobadas, en cuanto a la recaudación, el componente ad valorem de la compensación corresponderá al 1% a las ventas anuales de productos mineros de cobre. Esto en el caso de las empresas mineras que produzcan menos de 200 mil toneladas métricas de cobre. En tanto, para el caso de las empresas que produzcan más que eso, la compensación se aplicará dependiendo del precio promedio anual de cobre registrado según las cotizaciones de la Bolsa de Metales de Londres.

Sobre esto, el senador Guido Girardi explicó a Pulso que “al principio, había un ad valorem de 1% más impuesto a las utilidades creciente que recaudaba tres veces más de lo que se recauda hoy día y posteriormente lo que ocurrió, que como había otra indicación de Yasna Provoste y como había también un legítimo interés del nuevo gobierno, finalmente llegamos a un acuerdo de consenso que fue un ad valorem de 1 punto para toda las mineras de menos de 200 mil toneladas y luego un valor de 1 a 3 puntos creciente en función del precio del cobre para las que produzcan más de las 200 mil toneladas y que eximía las de menos de 50 mil. Y también fue una ecuación inteligente de impuesto a las utilidades también creciente, que a mí me parece una buena solución”.

Por otra parte, en cuanto al régimen para la minería no metálica -la cual incluye la extracción de litio y exceptúa a aquellas explotaciones relativas a contratos ya suscritos por Corfo en el Salar de Atacama- los componentes de la compensación serán ad valorem y corresponderá al 3% del valor de ventas anuales de todos los productos derivados de la explotación.

En cuanto a los destinos de lo recaudado, los montos se distribuirán por partes iguales a un Fondo de Innovación Regional administrado por el Gobierno Regional y a un Fondo de Desarrollo e Innovación Nacional administrado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y por la Corfo.

De acuerdo a la indicación, este Fondo de Innovación Regional deberá destinarse exclusivamente a financiar proyectos de desarrollo regional y comunal de las comunas en las que se encuentran los yacimientos, así como proyectos de protección, saneamiento ambiental, obras de desarrollo e infraestructura o programas de investigación en universidades estatales cuya casa central y rectoría se encuentren en las regiones mineras.

Para determinar la forma de asignación de tales recursos, se estableció que se deberá convocar a un consejo compuesto por los alcaldes de las comunas de la región respectiva y a las universidades con sede regionales.

Además, en el proyecto ahora se establece que se deberá priorizar al menos un 10% del fondo para proyectos relacionados con hidrógeno verde y 2% con proyectos de minería verde.

Sobre la norma despachada, Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, señaló que el contenido aprobado por la Comisión “es mejor al que aprobó la Cámara de Diputados. Sin embargo, tiene inconvenientes importantes, que esperamos se solucionen en las próximas etapas legislativas”.

En ese sentido, Villarino indicó sobre el componente ad valorem que “aunque morigerada en esta última versión, sigue siendo problemática, porque implica que cuando hay pérdidas igual se paga este impuesto”.

En tanto, respecto al componente de rentabilidad, el presidente de la entidad manifestó que es similar al impuesto específico actual, pero que no considera la depreciación y los gastos de organización y puesta en marcha, “lo que constituye un desincentivo a la inversión futura”.

“Además, las tasas impositivas van aumentando progresivamente según se incrementan los precios del cobre. Este incremento de tasas tiene lógica hacerlo en relación al aumento que va teniendo el margen operacional y no solo el precio del metal, ya que no recoge la evolución de los costos”, afirmó Villarino.

Por otra parte, el presidente de la entidad consideró que “el hecho de que no se considere la inflación en estos precios del cobre, cuyo aumento va generando tasas mayores a pagar, hará que algunos años se paguen más impuestos sólo por incrementos nominales de los metales”.

Ya que la norma aprobada incluye varios cambios, el presidente del Consejo Minero señaló que están evaluando el impacto que tendría en la carga tributaria sectorial.

“Finalmente, el problema de inconstitucionalidad, por tratarse de un cambio tributario tramitado a partir de una moción parlamentaria, sigue sin resolverse”, concluyó.

Sobre esto último, que también fue una de las razones del senador Prohens para votar en contra de varias de las indicaciones, Girardi señaló que los cambios en recaudación no implicarían inconstitucionalidad, ”porque esto es un royalty, no es un impuesto. Y está bien, siempre hay un punto de vista legítimo, pero esto fue trabajado con expertos de muy alto nivel. Aquí estuvo Álvaro García, estuvo Frigolett, estuvo Jorrat. Aquí no hay especulación”, señaló Girardi.