Un nuevo paso dio el proyecto que busca definir un nuevo fraccionamiento de la pesca artesanal e industrial: este martes se respaldó la idea por mayoría de la comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y la instancia ahora definió más detalles de la iniciativa.

Según explicó el Senado en sus canales oficiales, durante la sesión, se insistió en la necesidad de abordar las realidades regionales y las afectaciones propias de cada sector.

Además, se acordó que el plazo del nuevo fraccionamiento, “siguiendo siempre criterios científicos y técnicos, regirá hasta el 31 de diciembre del año 2040″, explicó la Cámara Alta.

Sobre lo aprobado, el Senado informó que sobre los recursos anchoveta y sardina, se aprobó la enmienda que propone que, en el área marítima comprendida por las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama y de Coquimbo: “el fraccionamiento de captura, se establecerá dentro de los rangos de 80% a 50% para el sector pesquero artesanal y 20% a 50% para el sector pesquero industrial, con un porcentaje inicial de 50% para cada sector”

Para el jurel en el área marítima comprendida entre la Región de Arica y Parinacota y la Región de Antofagasta, “se refrendó la propuesta que llegó de la Cámara con el rango del 80% al 90% para el sector pesquero industrial y del 10% al 20% para el sector pesquero artesanal (condicionado a determinadas reglas)”, explicó el Senado en sus canales oficiales.

Sin embargo, el Senado explicó que, para el mismo recurso en el área marítima comprendida entre la región de Atacama y la región de Los Ríos se estableció un 25% para el sector pesquero artesanal y 75% para el sector pesquero industrial; mientras que en el área de Los Lagos: “15% para el sector pesquero artesanal y 85% para el sector pesquero industrial”.

En tanto, para la merluza común, se aprobó la indicación para “el área marítima comprendida entre las Regiones de Coquimbo de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O’Higgins, del Maule, de Ñuble, del Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos: 43% para el sector pesquero artesanal y 57% para el sector pesquero industrial.”

El Senado también destacó que prosperó la indicación del Ejecutivo para merluza de cola “en el área marítima comprendida entre las regiones de Valparaíso, de Libertador Bernardo O’Higgins, del Maule, Ñuble, del Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes y de la Antártica Chilena: 5% para el sector pesquero artesanal, 95% para el sector pesquero industrial.”

Para la merluza del sur se acordó un fraccionamiento de 40% para el sector pesquero industrial y 60% para el sector pesquero artesanal que regirá en las regiones de Aysén y de Magallanes; mientras que desde Los Lagos hacia el norte la cuota será de 30% y 70%, respectivamente.

Mientras que, el guarismo para el recurso jibia también fue modificado, quedando, a nivel nacional: “80% para el sector pesquero artesanal y 20% para el sector pesquero industrial”.

Por último, la propuesta para reineta también sufrió modificaciones, según detalló el Senado en su comunicado, tras la aprobación de la indicación que propuso “en el área marítima a nivel nacional: 97% para el sector pesque artesanal y 3% para el industrial.

Lo aprobado por la comisión no fue bien recibido por la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), quien espera que existan cambios a lo largo de la tramitación del proyecto -que ahora pasa a la Comisión de Hacienda del Senado-. El gremio respaldó sus dichos en que, según su análisis, de no existir modificaciones a la iniciativa se van a perder “miles de empleos”.

“En cuanto a los nuevos fraccionamientos, si bien se aprobó una norma para que sean hasta 2040, a su vez fue rechazada la indicación que entregaba certezas jurídica de que ese plazo se cumplirá”, comentó Felipe Sandoval, presidente de Sonapesca.

Los reparos de Sandoval también se extendieron a otras áreas del proyecto: “Es preocupante que no se permitiese la discusión de las licitaciones y hayan quedado en la ley, ya que se trata de una norma inconstitucional, y que además no cumplirá con el objetivo planteado por el propio gobierno de que puedan participar pymes y nuevos actores en estos procesos. Es fundamental modificar esta norma en las próximas instancias legislativas”.