Un giro inesperado tuvo el proyecto de ley de Ingreso Mínimo Garantizado en su discusión en particular en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Con siete votos a favor y seis en contra, la instancia legislativa aprobó una indicación la cual establece un nuevo monto de ingreso mínimo a $550 mil brutos.

El proyecto original del Ejecutivo sugería elevar el ingreso mínimo vía subsidio a $350 mil brutos, pero la mayoría opositora de la Cámara Baja apuntó a más y a focalizar el aporte gubernamental solo para aquellos trabajadores que laboren en empresas cuyo tope de ventas anual, sean de 75 mil UF.

En concreto la indicación fija las remuneraciones en $550 mil brutos para todas las empresas. Pero, entendiendo la realidad productiva de las pequeñas y medianas, los trabajadores que pertenezcan a este grupo podrán optar por un subsidio que les permita alcanzar ese monto.

Es decir, toda persona que gane menos de $550 mil brutos va a tener subsidio, por ejemplo, si un empleado gana $350 mil brutos, el Estado deberá aportar $199 mil para que este logre alcanzar un ingreso mínimo de $550 mil.

Con este telón de fondo varias fueron las críticas desde el oficialismo, incluso, el mismo ministro de Desarrollo Social Sebastián Sichel, en la instancia calificó de "irresponsable" la indicación, dado que argumentó que, la iniciativa exclusiva en materia de gasto según la Constitución, recae bajo el Presidente.

Bajo este supuesto, el titular de la cartera manifestó sentirse preocupado "cuando la admisibilidad de un proyecto pasa a ser como un juego. No solo me preocupa decir que es inadmisible (…) sino que me parece irresponsable que esa decisión se tome porque se tiene una mayoría dentro del Congreso", remarcó sobre lo anterior.

En esta misma línea se manifestaron los parlamentarios oficialistas. De hecho, el diputado de la UDI, Patricio Melero acusó inconstitucionalidad sobre la indicación y el proyecto. "Este proyecto afecta el numeral cuarto de la Constitución el cual establece que la potestad de fijar remuneraciones solo debe caer en el Presidente".

Alejandro Santana, diputado de RN, "la forma de rechazar los guarismos no es metiendo indicaciones inconstitucionales que vulneren la Constitución y las leyes".