Un giro inesperado tuvo el proyecto de Ingreso Mínimo Garantizado en la votación en particular, celebrada ayer en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Con siete votos a favor y seis en contra, la instancia legislativa aprobó una indicación que establece un nuevo monto de ingreso mínimo a $550 mil brutos.
Si bien el proyecto inicial del Ejecutivo apuntaba a elevar el ingreso mínimo a $350 mil brutos por la vía de un subsidio fijado en $49 mil líquidos, la oposición lo desechó y apuntó no solo a elevar el monto del aporte gubernamental, sino también a focalizarlo a aquellos trabajadores que laboren en empresas cuyo tope de ventas anual sea de 75 mil UF.
En concreto, la indicación busca fijar para todas las empresas sin distinción de tamaño un nuevo mínimo del ingreso en $550 mil brutos. Sin embargo, y entendiendo la realidad productiva de las pequeñas y medianas, el subsidio estatal irá solo a los trabajadores que pertenezcan a este grupo de empresas.
Pero, en la práctica ¿en qué se traduce? En simple, lo que hace la indicación es ampliar el guarismo. Con esto, toda persona que gane menos de $550 mil brutos y que trabaje en una pyme va a tener subsidio, mientras que las grandes empresas deberán costear la diferencia hasta alcanzar los $550 mil, es decir, la oposición está forzando un nuevo salario mínimo.
Por ejemplo, si un empleado gana $350 mil brutos mensual, el Estado deberá aportar $199 mil líquido para que este logre alcanzar un ingreso mínimo de $550 mil brutos. En este sentido, y aunque aún está por definirse el monto del aporte dependiendo de los diferentes niveles de ingreso, lo que sí está zanjado es que el tope máximo del subsidio será de $199 mil líquidos.
Con este telón de fondo, varias fueron las críticas que surgieron desde el oficialismo, incluso, el mismo ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, en la comisión calificó "de irresponsable la indicación", puesto que, según argumentó, "la Constitución actual establece que la iniciativa en materia de gasto es exclusiva del Presidente de la República". Bajo este supuesto, el titular de la cartera manifestó sentirse preocupado "cuando la admisibilidad de un proyecto pasa a ser como un juego", y añadió que "no solo me preocupa decir que es inadmisible (…) sino que me parece irresponsable que esa decisión se tome, porque se tiene una mayoría dentro del Congreso".
En esta misma línea se manifestaron los parlamentarios oficialistas. Desde la UDI, Patricio Melero, acusó inconstitucionalidad sobre la indicación y su par de RN, Alejandro Santana, dijo que "la forma de rechazar los guarismos no es metiendo indicaciones inconstitucionales que vulneren la Constitución y las leyes".
40 horas
Todo parece indicar que el Ejecutivo está considerando poner a un lado su proyecto de adaptabilidad laboral y presentar indicaciones sobre la iniciativa en curso que reduce la jornada laboral a 40 horas. Esto, porque durante la sesión de la Comisión de Trabajo del Senado, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, dijo que "si bien nosotros seguimos manteniendo la inadmisibilidad sobre este proyecto, si este en definitiva pudiera perfeccionarse y recoger ciertos aspectos, uno podría, a lo mejor, ir aunando criterios y tener una mirada distinta".P
