El Comité de Ministros, máxima instancia administrativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y que es presidido por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y compuesto además por los titulares de las carteras de Salud, Economía; Agricultura; Energía y Minería, juega un rol clave en los grandes proyectos de inversión.

Este órgano colegiado con carácter político y técnico ha revisado grandes proyectos, como las centrales termoeléctricas Campiche, Punta Alcalde y Castilla. Además del proyecto minero El Morro. De acuerdo a cifras del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) solicitadas por Pulso, actualmente el Comité de Ministros acumula 15 proyectos de inversión que suman US$7.609 millones.

Al comparar con el año pasado, en particular al 15 de febrero de 2024, la entidad mantenía nueve proyectos de inversión por US$1.562 millones pendientes de revisión, es decir, en monto se ha multiplicado casi por 5.

Los cinco mayores proyectos de inversión identificados son los siguientes: en primer lugar, el proyecto minero Los Bronces Integrado, liderado por Anglo American Sur, contempla una inversión de US$ 3.000 millones. Le sigue el desarrollo urbano habitacional Maratué de Puchuncaví, impulsado por Inmobiliaria El Refugio (Familia Lería)., con una inversión estimada de US$ 2.000 millones. En tercer lugar, se encuentra la Central Termoeléctrica Angamos, de Empresa Eléctrica Angamos (AES Andes), con US$ 1.000 millones. Luego, figura el Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3, que incluye la subestación Itahué y está a cargo de Mataquito Transmisora de Energía (MATE), con una inversión de US$ 324 millones. Finalmente, cierra el listado el Parque Fotovoltaico El Pelícano, de Sunpower Chile, con un monto de US$ 340 millones.

Los proyectos que forman parte del listado fueron elevados al Comité de Ministros a raíz de recursos administrativos presentados por sus titulares, principalmente reclamaciones y solicitudes de invalidación. Estos mecanismos permiten a las empresas impugnar resoluciones de calificación ambiental (RCA) desfavorables o con condiciones que consideran injustificadas. En términos simples, se trata de una vía para que los titulares soliciten una segunda revisión de sus proyectos, con el objetivo de revertir o modificar decisiones adoptadas previamente por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

En el listado también se observan casos con particularidades, como el de la Central Termoeléctrica Angamos, que llegó al Comité de Ministros a raíz de dos reclamaciones PAC (instancias de participación ciudadana), presentadas conforme al artículo 25 quinquies de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Este tipo de recurso permite que tanto el titular del proyecto como terceros que hayan participado del proceso de participación ciudadana puedan impugnar una resolución de calificación ambiental. Lo hacen cuando estiman que existen vicios de legalidad en el proceso de evaluación o en los fundamentos de la decisión adoptada por la autoridad ambiental.

Por otro lado, el Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales (CIGRI), de la empresa Ciclo, que contempla una inversión de US$ 85 millones y cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, es el proyecto que enfrenta el mayor número de recursos en su contra ante el Comité de Ministros. La iniciativa acumula un total de 12 reclamaciones admitidas a tramitación.

Desde su ingreso al Comité de Ministros, el proyecto que más tiempo lleva en espera es Los Bronces Integrado, de Anglo American Sur, con 462 días desde diciembre de 2023. Le sigue la Central Termoeléctrica Angamos, de Empresa Eléctrica Angamos, que acumula 357 días. En tercer lugar está el Embalse Zapallar, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas, con 325 días. Más atrás aparece el Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3, de Mataquito Transmisora de Energía, con 323 días. Finalmente, el Sistema de Transmisión Tineo–Nueva Ancud, de Transmisora del Pacífico, suma 232 días en revisión.

Debate

Pulso consultó a abogados expertos en tramitación ambiental de proyectos de inversión sobre qué medidas adoptarían para agilizar el trabajo del Comité de Ministros. Todos coincidieron en la necesidad de introducir mejoras concretas tanto en la gestión del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) como en el funcionamiento del propio comité.

Paulina Riquelme, socia del estudio Eelaw, planteó un conjunto de medidas operativas para enfrentar el rezago. “Aumentaría transitoriamente la dotación de profesionales técnicos, especialmente para abordar el stock de reclamaciones. Entiendo que actualmente el departamento cuenta con solo ocho personas, por lo que sería ideal reforzarlo para revisar técnicamente los expedientes e identificar los aspectos reclamados”, explicó. Además, propone establecer un plazo máximo de dos semanas para que el SEA emita la resolución definitiva una vez concluida la sesión del comité. A eso suma la necesidad de fijar un calendario de reuniones periódicas, con al menos una sesión mensual, y una definición más precisa de la información requerida a otros organismos con competencia ambiental, a fin de evitar demoras por falta de antecedentes.

Desde el mundo académico, Ximena Insunza, profesora de la Universidad de Chile, recomendó “contratar personal transitorio calificado que apoye a la división a cargo de la Dirección Ejecutiva del SEA, para que el Comité de Ministros se reúna al menos dos veces en los próximos seis meses”.

Por su parte, Rodrigo Benítez, exsubsecretario del Medio Ambiente, advirtió sobre la necesidad de fortalecer el equipo técnico del SEA y establecer plazos exigibles. “Hay que reforzar el equipo que prepara las propuestas, fijar un plazo razonable –porque el actual no lo es– y que existan consecuencias si no se cumple. Además, se debe establecer un límite claro para que el SEA redacte y publique los acuerdos del comité, ya que ahí también hay una demora relevante”, puntualizó.

En la misma línea, Emanuel Ibarra, exfiscal de la Superintendencia del Medio Ambiente, señaló que “el funcionamiento del Comité de Ministros ha demostrado ser un problema para lograr pronunciamientos rápidos y completamente técnicos”. A su juicio, la solución pasa por generar más sesiones, pero sobre todo por agilizar el trabajo del SEA en la elaboración de las resoluciones que formalizan los acuerdos adoptados. “Muchas veces se sesiona, se toma un acuerdo, y pasa mucho tiempo antes de que se publique la resolución respectiva, que es la que permite continuar con la tramitación del proyecto. Se necesita una planificación más estricta en la salida de esas resoluciones”. Ibarra fue más allá y planteó que los problemas actuales refuerzan la necesidad de avanzar en una reforma: “La componente política del comité le resta eficiencia a una decisión que debería ser técnica y ágil, como lo propone el proyecto de ley que busca eliminar esta instancia”.

José Domingo Ilharreborde, socio de E-I Abogados agregó que ”más allá de que se trata de una institución respecto de la cual me parece hay bastante consenso de que debiera desaparecer, ya que es un ente eminentemente político, la preocupación debiera ir por lograr de que no solo funcione un mayor número de veces (llevamos dos sesiones en lo que va del año), sino que además, el equipo del SEA logre que transcurra un menor número de meses desde que se adopta una decisión por parte del Comité, hasta que efectivamente se publica la resolución, porque actualmente pueden pasar muchos meses entre una cosa y la otra”.