Su tercer rechazo en once años de tramitación ambiental sufrió este miércoles el proyecto Dominga en un Comité de Ministros. En 2017, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, ocurrió el primer rechazo, lo que generó la renuncia de los ministros de Hacienda y Economía. Y a diferencia de enero de 2023, cuando el Comité de Ministros del actual gobierno volvió a rechazar el proyecto de US$ 2.500 millones y dos jefes de cartera -Maisa Rojas, ministra de Medio Ambiente, y Nicolás Grau, ministro de Economía- explicaron en una vocería las razones de esa decisión, dos años después, en enero de 2025, otro Comité de Ministros -sin ministros y solo con subrogantes-, informó del nuevo portazo al proyecto mediante un escueto comunicado de prensa.

“El Comité de Ministros, de manera unánime, resolvió (...) calificar desfavorablemente el Proyecto Dominga”, indica una declaración, que informó que de las doce reclamaciones ciudadanas iniciales presentadas en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada en 2021, se acogieron aquellas que apuntaron a una exclusión de pronunciamientos sobre biodiversidad, y aquellas que apuntaban a un insuficiente Plan de Contingencia y Emergencia.

“Respecto de las otras reclamaciones, se tuvieron por rechazadas. Todo lo anterior, cumpliendo lo dispuesto por el fallo del Primer Tribunal Ambiental”, agrega la comunicación, nuevamente sin precisar el número de reclamaciones aprobadas y rechazadas.

La decisión fue adoptada en forma unánime por los seis subrogantes que ocuparon los puestos de sus respectivos ministerios. Presidió Ariel Espinoza, jefe de la División Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente, y conformaron la instancia la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli; el subsecretario de Pesca, Julio Salas; el jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura, Alan Espinoza; el subsecretario de Energía, Luis Felipe Ramos; y la subsecretaria de Minería, Suina Chahuán.

El comunicado oficial detalla que, respecto de la exclusión de pronunciamientos sobre biodiversidad “se excluyeron indebidamente las observaciones de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que en múltiples ocasiones a lo largo de la evaluación relevan la falta de información de las especies endémicas como la Krameria cistoidea (pacul) y la Balsamocarpon brevifolium (algarrobilla, en peligro de extinción), ambas presentes en el área mina del proyecto y que es una fuente de alimentación y hábitat para el tricahue, especie en peligro de extinción”.

En el proceso de evaluación, Conaf remarcó que “la algarrobilla presenta una distribución natural muy acotada al límite norte de la región (...) siendo una especie relevante del punto de vista ecosistémico y con un altísimo grado de vulnerabilidad”.

Lo anterior, a juicio del Comité, llevó a dictaminar que no fue posible determinar ni evaluar el real impacto sobre estas especies, que cumplen un relevante rol ecosistémico.

En cuanto a la segunda de las objeciones, el comité “constató que el plan de prevención de contingencias y emergencias del proyecto no es suficiente para hacerse cargo del riesgo de derrame de hidrocarburos”.

Además, señalan que tampoco consideró un plan de prevención de contingencias y emergencias para vertimientos de concentrados de hierro en el transporte marítimo. "

Lo anterior es de suma relevancia, toda vez que el proyecto se ubica en un área de características únicas, sirviendo de hábitat para especies como el pingüino de Humboldt y cetáceos en categorías de conservación, la que actualmente se encuentra protegida, todo lo cual disminuye la tolerancia aceptable al riesgo”, afirma en comunicado.

Esta es la tercera vez en los 11 años de tramitación ambiental que el Comité de Ministros rechaza el proyecto Dominga.

Su regreso al órgano colegiado quedó zanjado el 9 de diciembre de 2024. Ese lunes, el Primer Tribunal Ambiental (1TA) emitió una sentencia de 248 páginas acogiendo la reclamación que Andes Iron presentó en contra de lo resuelto por el Comité en enero de 2023. El recurso de la firma, ligada a la familia Délano, logró devolver el caso a esa instancia ya que según la corte especialista, lo obrado por el cuerpo colegiado resultó ser ilegal, al haber omitido una sentencia previa, dictada en abril de 2021 por el propio 1TA y que había sido confirmada por la Corte Suprema en 2022.

En esa ocasión, los supuestos vicios de legalidad advertidos por organizaciones ciudadanas en contra del proyecto habían sido descartados. Por eso, a juicio del 1TA, el actuar del Comité de Ministros en enero de 2023 no se ajustaba a una sentencia firme y ejecutoriada. Según el fallo, era cosa juzgada.

Además, la sentencia previa había anulado otro pronunciamiento del Comité de Ministros, dictado en 2017, cuando fue encabezado por el entonces ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, y que rechazó el proyecto en una polémica sesión, ya que el tema no estaba en tabla. Ese rechazo terminó con Rodrigo Valdés y Luis Felipe Céspedes renunciando al gabinete.

Así, en 2021, el 1TA había ordenado retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental a la etapa posterior al Informe Consolidado de Evaluación Ambiental, emitido en febrero de 2017, donde el SEA recomendaba aprobar el proyecto.

En ese momento, le correspondía a la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) regional de Coquimbo volver a ver la iniciativa. Ya lo había hecho en 2017, pero eso también fue anulado por la Suprema. El segundo pronunciamiento llegó bajo la segunda administración de Sebastián Piñera, que en agosto de 2021 lo aprobó.

Pero los detractores llevaron nuevamente el caso al Comité de Ministros, y durante el gobierno anterior no se votó. Sí lo hizo un comité presidido por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, que lo rechazó unánimemente. Según lo dictado en diciembre pasado, la titular de la cartera y presidenta del Comité estaba inhabilitada para participar en la instancia por haber realizado declaraciones previas respecto del proyecto.

Andes Iron alegó entonces que la decisión del Comité de Ministros estaba predefinida por motivos políticos, e hizo un contrapunto con otra definición de mismo Comité, que al momento de revisar del proyecto Los Bronces Integrado, no contó con la participación del ministro de Economía, Nicolás Grau, que se había restado de la sesión que aprobó dicho proyecto, por haber mencionado el posible impacto positivo de visar ese proyecto en las cifras de inversión extranjera.

Fue ese estándar para fijar las inhabilidades, de hecho, lo que más complicó a la hora de citar a una nueva sesión del Comité de Ministros. Ello se resolvió recién este lunes, con el pronunciamiento de Contraloría en mano, que fijó la subrogación para la presidencia del comité, y que retuvo el MMA.

Una vez conocida la resolución del Comité, desde Andes Iron reaccionaron con un marcado tono de molestia. “La actuación del Comité de Ministros marca un nefasto precedente nunca visto en la historia de Chile en materia de tramitación ambiental. Resulta inadmisible que el Poder Ejecutivo incumpla por segunda vez una sentencia judicial en el mismo caso”, señalaron en una declaración pública.

En ella, afirman que “lo resuelto por el Comité de Ministros violenta en forma y fondo la sentencia dictada el pasado 9 de diciembre por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, al ignorar sus directrices, además de contener vicios profundos”, y agregan que además es “ilegal e inconstitucional, por lo que esperamos confiados lo que resuelvan el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y luego la Corte Suprema”.

Pero la empresa no se quedó en eso, y anunció que ejercerá acciones legales “para restablecer el Estado de Derecho confiando en que próximamente podrá desarrollar el proyecto Dominga, ya que éste cumple cabalmente con todas las condiciones exigidas por la institucionalidad ambiental”.

Los gremios privados lamentaron la decisión. La presidenta de la multigremial empresarial CPC, Susana Jiménez, resumió así el sentir de los empresarios. “Demuestra que la política puede más que la economía. La comuna de la Higuera, la región de Coquimbo y el país necesitan con urgencia más inversión, más empleo y más crecimiento, pero hoy nuevamente se desconocen los criterios técnicos y se rechaza un proyecto que ha cumplido con la normativa vigente y con las exigencias para su correcta evaluación ambiental”. Y agregó: “Se está dando una señal preocupante a los inversionistas, en momentos en que lo que necesitamos es certeza jurídica, procesos objetivos e instituciones sólidas”.

La presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, se sumó a los cuestionamientos. “Resulta incomprensible que cuando el Parlamento discute proyectos de iniciativa del gobierno para agilizar los permisos sectoriales y ambientales, el Comité de Ministros, en contradicción con la opinión técnica refrendada judicialmente, termine rechazando un proyecto por razones que finalmente, solo contribuyen a concluir peligrosamente una politización del sistema”, reaccionó.

Lo mismo hicieron Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, y Jorge Riesco, timonel de la Sonami. “Se perdió así la oportunidad de enviar una fuerte señal de confianza a los inversionistas y de reafirmar que Chile es un país que acoge la inversión”, dijo este último.

Las reacciones en la comunidad de La Higuera, Región de Coquimbo, donde se ubicará el proyecto, también fueron desfavorables. “El Presidente, cuando era candidato, prometió un “No a Dominga”. Ahora está cumpliendo esa promesa, pero ¿a qué costo? Al costo de nosotros, de nuestra comunidad, de la gente de La Higuera”, recordó Andrea Flores, presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de La Higuera.

Jorge Cabrera, Vocero Sindicato de Pescadores de Totoralillo Norte, apuntó a lo mismo: “Esto fue una promesa política del presidente Boric durante su campaña. (...) Está bien cuidar el medio ambiente, y nadie dice lo contrario, pero creo que no podemos quedarnos estancados. También es necesario desarrollarnos”.

Quienes sí estuvieron de acuerdo con la decisión fueron las organizaciones ecologistas como la ONG Fima y Greenpeace Chile. “En más de 10 años de tramitación, Dominga ha sido sistemáticamente rechazado por razones técnicas: desde el inicio, la empresa no logró responder a todos los elementos requeridos para la evaluación del proyecto, presentó información insuficiente en su línea base, no realizó una correcta evaluación sinérgica de los impactos en la flora y fauna local, y subestimó los impactos en aves de la zona, especialmente del pingüino de Humboldt”, reaccionó Greenpeace.

Y también el exministro Marcelo Mena, quien presidió el Comité de Ministros que rechazó el proyecto Dominga, en 2017. “Bajo la ausencia de cambios en los informes técnicos que mostraban informes desfavorables para el proyecto, el Comité de Ministros logra rechazar el proyecto, pero también, siguiendo los lineamientos del tribunal ambiental. En la práctica, los fundamentos siguen siendo los mismos: el proyecto está mal emplazado, respecto a la biodiversidad, y esta situación absurda se podría haber evitado si se hubieran suspendido los efectos de la sentencia y se hubiera determinado el fin de este proyecto en la Corte Suprema”, concluyó.