La abrumadora derrota del oficialismo el domingo pasado en el plebiscito de salida por la nueva Constitución no solo está removiendo los tejidos políticos más íntimos de la coalición gobernante, sino también sus planes de cómo avanzar en los próximos años de gobierno. Mientras gana terreno la idea de sacudirse de la agenda constituyente y dejar atrás el “inmovilismo” programático que caracterizó los primeros seis meses desde su instalación en La Moneda, el gobierno comienza a poner todas sus fichas en las reformas estructurales que le permitirán, pretende, dar vida a la ambiciosa agenda social prometida en campaña.

En lo que marca un diseño renovado del “realismo sin renuncia” que caracterizó la segunda parte de la administración de la Nueva Mayoría, con Michelle Bachelet a la cabeza, Boric deberá avanzar mediante una moderación de sus reformas tributaria y de pensiones en un escenario marcado por el “empoderamiento” de la oposición tras el plebiscito, la falta de mayorías en el Congreso y una economía con alta inflación y recesión ad portas.

Las primeras señales de esta moderación que deberá marcar el rumbo de las reformas las dio esta semana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien ya ha mostrado visos de flexibilidad en la reforma tributaria que se tramita en el Congreso y llamó a escuchar con “humildad” la decisión del plebiscito. De hecho, esta semana expondrá al Congreso un paquete de indicaciones a la reforma tributaria que moderan y corrigen algunos aspectos clave conversados con la oposición y el empresariado.

“Tenemos la responsabilidad de gobernar y llevar adelante reformas que el país valora y que están en el programa de gobierno. Ese trabajo de administrar, gobernar y de impulsar reformas no va a ser igual a la manera que veíamos previo al plebiscito (...) Acá el tema no es la velocidad de las cosas, sino la disposición a buscar acuerdos, consensos”, dijo esta semana el ministro.

En materia previsional, la otra gran ancla estructural de reformas, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, afirma que el diálogo y los acuerdos marcarán el ritmo del proyecto. “Estamos disponibles para profundizar el diálogo político y técnico para buscar mayores acuerdos y, en ese marco, conversar estratégicamente sobre nuestra propuesta de transitar hacia un verdadero sistema de seguridad social, con un pilar contributivo que tendrá ahorro individual y un componente solidario y público, para mejorar las pensiones de los actuales y futuros jubilados y para compensar las enormes deficiencias que tiene el sistema actual respecto de las mujeres”, afirmó la ministra Jara a Pulso.

Pero las dudas sobre el tonelaje político de Boric para avanzar en las reformas tal cual las prometieron también vienen desde el exterior. “El gobierno también debe presentar este mes un paquete amplio de reformas de las pensiones que tratará de aumentar el papel del sector público en el sistema de pensiones. No está claro si el respaldo del Presidente Boric a la Constitución rechazada debilitará la capacidad de su administración para implementar su programa político”, afirmó la agencia internacional de calificación crediticia Fitch Ratings esta semana.

Pese a que el diseño original de la reforma de pensiones, con fuertes componentes de solidaridad y mayor intervención del Estado, hoy tiene un deteriorado piso político después del plebiscito, en círculos cercanos a Hacienda refuerzan la idea de anunciar y enviar pronto el proyecto. “Se enviará probablemente la última semana de septiembre al Congreso”, afirma una fuente legislativa.

El reconocido pragmatismo y flexibilidad del ministro Marcel ya ha sido percibido desde el sector privado. Se sabe que se reúne personalmente, incluso ya caída la noche, con los mayores líderes empresariales del país para conversar los nudos de las reformas.

“Marcel no es un enamorado de los proyectos, sino más bien de sus objetivos, y sabe muy bien que después del domingo pisa en un escenario distinto”, afirma un cercano al jefe de las finanzas públicas.

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, destaca que el nuevo terreno político tras el referéndum del domingo debe apuntar hacia la moderación en las reformas tributaria y de pensiones.

“Mario Marcel es un ministro que tiene mucho sentido de realidad, aparte de su capacidad y su rigor profesional. Él entiende que el eje político cambió y junto con cambiar ese eje político también el gobierno debe moderar las reformas pensando en cómo hacer de Chile un país que vaya al desarrollo”, afirma a Pulso el líder del mayor gremio empresarial, quien se reunió este lunes en la tarde con Marcel y representantes de las pymes y trabajadores en el Ministerio de Hacienda.

Pese a la delicada situación económica, Sutil sostiene que es el momento de hacer reformas “bien hechas” y equilibradas. “Los países que han llegado al desarrollo lo han hecho fruto de la racionalidad y el pragmatismo. No han llegado fruto de la ideología”, añade el presidente de la CPC.

Lejos de ralentizar el ritmo de las reformas, en Hacienda están empeñados en despejar las incertidumbres y acelerar los acuerdos políticos en un Parlamento dominado por la oposición. Pragmatismo es lo que guiará con mayor fuerza los pasos de Mario Marcel desde ahora en adelante, afirman cercanos a Hacienda.

“A partir de lo que ocurrido el domingo, Gabriel Boric deberá sacar adelante las reformas tributaria y de pensiones, y avanzar con fuerza en su programa de gobierno. Al mismo tiempo, deberá olvidarse de toda la discusión constitucional”, afirma un influyente parlamentario oficialista al explicar el nuevo escenario que se abre para el gobierno. “Hacienda le pondrá corriente y acelerará las reformas”, añade el mismo legislador, quien prefirió el anonimato.

La misma fuente cree que el escenario posplebiscito pavimenta el camino para que Marcel saque una reforma tributaria y de pensiones con mayor facilidad, dado que no tendrá mayores presiones desde los sectores más duros de la izquierda que hoy están muy debilitados tras el rechazo a la nueva Constitución.

“La fuerte debacle del domingo ayuda a Mario Marcel a introducir más flexibilidad a la reforma sin tener las presiones que podrían haber venido desde su flanco izquierdo. Debe aprovechar el momento para que la flexibilidad que aplique de ahora en adelante no sea cuestionada por otros sectores”, afirma el mismo legislador, quien cree que el complejo momento económico influirá fuertemente en el debate tributario de manera de no afectar la economía.

De hecho, cree que la fórmula que evaluará el ministro para evitar que el cambio impositivo pueda interferir en la recuperación de la inversión y el crecimiento es aplazar la entrada en vigencia de algunas medidas tributarias, especialmente en rentas a las personas. “La mayor gradualidad que se aplique para estas medidas puede ser la clave para avanzar con la reforma”, afirma un personero oficialista.

Enfático, el senador PPD Ricardo Lagos Weber señala que el nuevo terreno político obligará al oficialismo a buscar los consensos con mayor intensidad. “Entiendo que tenemos una coyuntura económica compleja para los próximos 18 o 24 meses, pero eso no nos puede inhibir de consensuar una reforma tributaria que genere un cambio estructural a la hora de financiar los bienes públicos. Voy a confiar en la madurez política para que tengamos buenos acuerdos”, sostiene el también miembro de la Comisión de Hacienda del Senado.

Conscientes del renovado respaldo político tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida, los parlamentarios de centroderecha creen que es necesario repensar las reformas a la luz de los efectos que tendrá en la población la persistencia inflacionaria, la recesión que impactará con fuerza al país en 2023 y la caída de la inversión.

Esta semana, el Banco Central corrigió a la baja el crecimiento de la economía para el próximo año, confirmó las expectativas de recesión (-1,5% y -0,5%) y afirmó que la inflación anualizada llegará al 12% hacia fin de año.

“Es necesario repensar las reformas en la lógica de la nueva realidad que el país vive. No parece razonable insistir en la misma reforma previsional. Tampoco entendería una reforma tributaria en las mismas condiciones que se habían pensado en medio de una situación económica completamente distinta”, afirma el senador UDI y miembro de la Comisión de Hacienda, Juan Antonio Coloma.

Precisa, por ejemplo, que persistir en una reforma previsional que no entrega heredabilidad ni propiedad a la cotización adicional que propone el gobierno es contradictorio con los resultados del plebiscito del domingo pasado.

“Es fundamental que el gobierno haga un giro hacia un plan económico que enfrente los nuevos problemas en materia inflacionaria, crecimiento e inversión. Esa es la prioridad y las otras cosas deben adecuarse a eso”, añade el senador Coloma.

En la misma línea, el senador de RN, José García Ruminot, cree que las reformas como la tributaria deben replantearse ante el nuevo escenario que enfrenta el país en materia económica.

“El ministro Mario Marcel sabe exactamente lo que viene y, por lo tanto, se da cuenta de que impulsar la reforma tributaria en los términos en que ha sido planteada es frenar más aún el proceso de inversión y el proceso de desarrollo del país. Se da cuenta también que debe tener un ritmo distinto y probablemente medidas distintas en momentos en que necesitamos impulsar la inversión con mayor fuerza”, afirma el senador RN.

Si bien estima que la reforma previsional tiene prioridad, afirma que es necesario clarificar si el aumento de cotizaciones irá a capitalización individual y si serán heredables. “Esto de que la mayor cotización sea de propiedad de los trabajadores no es un capricho nuestro. Los trabajadores saben también que esa es la mejor forma de ir ahorrando para su vejez”, sentencia el senador García.

Sin embargo, en la vereda opuesta, el diputado socialista Jaime Naranjo es tajante a la hora de modificar fuertemente los proyectos emblemáticos del gobierno y afirma que la oposición no debe sacar “cuentas alegres” del resultado del plebiscito del domingo. “La gente no fue a votar a favor o en contra de las reformas, fue a votar una propuesta constitucional. Quienes pretendan congelar la reforma tributaria o transformarla en una ‘reformita’ tributaria, o más bien en una reforma administrativa, donde solo nos preocupemos de evasión y elusión, se equivocan rotundamente”, concluye el también presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, quien insiste en que es la hora de invertir en “paz social”.

Recaudación: La reforma impositiva enviada por el gobierno hace dos meses al Congreso buscar recaudar un 4,1% del PIB para financiar la reforma de pensiones y el programa de gobierno de cuatro años.

Impuesto a la renta: Se establece un aumento de Impuestos personales sobre aquellas personas con ingresos mensuales superiores a $4.030.000, un cambio en la estructura tributaria (sistema dual) y una reducción del impuesto a las empresas (del 27% al 25%).

Impuesto a la riqueza: Aplica un impuesto al patrimonio para un primer tramo que irá entre US$5 millones a US$15 millones, con una tasa marginal del 1%; y un segundo tramo tendrá una tasa del 1,8% sobre la parte del patrimonio que supere los U$$15 millones.

Evasión, elusión y exenciones: Se consideran varios cambios tendientes a fortalecer normas antielusión sobre tasación, gastos rechazados y precios de transferencia, entre otros.

Royalty a la minería: Afectará aquellas mineras con una producción mayor a 50.000 toneladas de cobre fino, con un impuesto ad valorem y otro un componente sobre la renta minera.

Indicaciones: Tras conversaciones con la oposición, el gobierno ingresará una serie de correcciones a la reforma en materias como exenciones al DFL2, Denunciante Anónimo Tributario, Fondos de inversión y Exit tax (impuesto al patrimonio), entre otros.

Recaudación: El grueso del cambio en pensiones, que el gobierno anunciará en detalle en las próximas semanas, busca recaudar alrededor de un 1,6% del PIB en régimen (unos US$ 5.000 millones).

PGU: La mayor promesa del gobierno es llevar la Pensión Garantizada Universal a los $250 mil (cuyo beneficio máximo hoy está en poco más de $190 mil) para la población de 65 años y más.

Alza contributiva: El programa de gobierno establece un nuevo pilar contributivo de carácter público y mixto en su diseño, el que se financiará con cargo a las cotizaciones obligatorias de los trabajadores y una nueva cotización de cargo de los empleadores del 6%. El pilar contributivo contará con un componente de contribución definida en cuentas de ahorro personales, las cuales se invertirán y cuya rentabilidad será colectiva por generación y entre generaciones.

Ente público: Para implementar el nuevo sistema se propone crear una institución pública a cargo de su administración. Entre sus funciones estará la de recaudar cotizaciones, administrar cuentas, atender a los afiliados y beneficiarios y pagar pensiones.

Capitalización: El ministro Mario Marcel ha dicho que “se necesita capitalización para asegurar la sostenibilidad” del sistema de pensiones. “Al momento en que se presente la reforma (esperemos) para ver qué forma toma esta capitalización, si es colectiva, individual, si es cuenta individual administrada por quién”, afirmó a fines de mayo.