Cómo entender en 5 claves el intento del gobierno por avanzar en un pacto fiscal por partes y de dudoso piso político

Fue una puesta en escena cuidadosamente preparada y que incluyó el discurso del Presidente Boric en la mañana de este martes y el despliegue posterior de las medidas anunciadas a cargo del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y parte del equipo político en La Moneda.

Sorpresivamente, un antiguo cité de las calles Maruri y San Luis fue el escenario elegido por el Presidente Boric para instalar el mensaje político detrás de esta nueva arremetida del gobierno para avanzar en un pacto fiscal.

“Esta propuesta considera el aporte que el crecimiento, la reforma del Estado, el fortalecimiento de la fiscalización tributaria y los impuestos pagados por sectores de mayores ingresos para poder financiar de esta manera los gastos sociales urgentes, los que, por su magnitud no pueden ser absorbidos con los recursos que actualmente tenemos disponibles (…) extiendo la invitación como Presidente de la República para que todos nos hagamos parte de este pacto. Demos el paso. Hagámoslo posible”, dijo enfático el Mandatario en la comuna de Independencia.

Durante la tarde Marcel se encargó de aterrizar el contenido técnico del pacto, flanqueado por las ministras del Interior, Carolina Tohá, y del Trabajo, Jeannette Jara. La meticulosa performance comunicacional, que fue transmitida en directo por las redes sociales del gobierno, también incluyó a la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, y a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, las que gozan de una gran cercanía con el ministro Marcel.

Tras el inesperado portazo a la reforma tributaria a principios de marzo de este año, y que constituyó la mayor derrota política de Mario Marcel, el gobierno intentó sacudirse del fracaso. El antiguo proyecto, que consideraba una recaudación de alrededor de 2,6% del PIB, proponía la creación de un impuesto a los altos patrimonios y una nueva tasa a las utilidades retenidas, ampliamente rechazadas por el sector empresarial, además de una reducción de exenciones y medidas antievasión y antielusión.

Esta vez, la propuesta del gobierno, que contiene seis ejes y divide el pacto en al menos tres proyectos (Evasión y elusión, impuesto a la renta y medidas procrecimiento y reforma del Estado), desecha el impuesto al patrimonio y la tasa a las utilidades retenidas. Sin embargo, incluye también medidas de eficiencia del gasto público y mayor transparencia fiscal a propósito de los escándalos surgidos por el lío de platas luego del caso de Democracia Viva.

“El primer intento de reforma rechazado en el Congreso descansaba sólo en alzas de impuestos y durante todo este tiempo el Ejecutivo minimizó permanentemente el rol del crecimiento económico y del mejor gasto. En ese sentido, los anuncios hechos hoy son positivos, porque al menos en principio, se hacen cargo de los puntos planteados tanto por técnicos, como empresarios y políticos en el debate de los últimos meses para avanzar en un pacto fiscal. Esto permitirá lograr puntos de acuerdos que hasta ahora no existían”, considera el coordinador macroeconómico de Clapes UC, Hermann González.

Y el académico de la Universidad de Talca y cientista político, Mauricio Morales, va más allá. “Dada la impopularidad de hablar sobre impuestos en un escenario de corrupción, traslada la discusión a los puntos centrales de la cuenta pública del 1 de junio, que corresponde a financiar planes sociales relevantes como sala cuna universal, sistema nacional de cuidados y programas de seguridad pública. Ya no se habla del pago a la deuda histórica de los profesores o la condonación del CAE. Si bien la promesa era avanzar en estos puntos, ahora definitivamente se dejan caer”, sostiene el analista político.

En medio de la imposibilidad del gobierno de insistir en el Senado con el proyecto rechazado en marzo, dado el alto quórum de 2/3 de la Cámara Alta, la estrategia de Hacienda ahora fue dividir el llamado corazón de la reforma tributaria, que incluía alzas en el impuesto a la renta y medidas contra la evasión y elusión en diferentes fases. Mientras el primer proyecto será enviado al Congreso entre marzo y mayo de 2024, y una vez que se cumpla la veda de un año tras el rechazo en 2023 de la reforma, el texto legal de mayor fiscalización al cumplimiento de obligaciones tributarias debiera ingresar durante el último trimestre de este año.

Si bien existen dudas sobre la constitucionalidad de ingresar por la Cámara y antes de un año las medidas contra la evasión y elusión por contener eventualmente ideas matrices del proyecto anterior, el gobierno estaría obligado a asumir ese riesgo. “El gobierno no tiene el propósito de saltarse la institucionalidad. Nos interesa tener una discusión sustantiva con los actores políticos y esperamos que quienes no participaron ahora lo hagan en ese sentido”, dijo Marcel, sin explicitar el camino que tomarán. Si bien RN ha mostrado su disponibilidad para discutir el tema en la Cámara, la UDI señaló que estará atenta a las eventuales inconstitucionalidades de una iniciativa de este tipo.

“Más que un pacto fiscal, es un fracaso fiscal. Luego del rechazo a la reforma tributaria en la Cámara, el gobierno ideó un plan más ambicioso para insistir en el Senado. Ante la evidencia de que no contaba con los dos tercios, decidió claudicar en su idea original, fracturando el proyecto. Esto implica abandonar la discusión sobre el alza de impuestos al menos este año, dejando aquellas áreas en que la oposición tiene más acuerdo, específicamente las vinculadas a elusión y evasión. Recién en marzo el gobierno podría reponer una reforma tributaria, con la gran incógnita respecto a su viabilidad en un contexto de elecciones locales”, añade el cientista político, Mauricio Morales.

Junto a la señal para el mundo privado de desechar los impuestos más lesivos para las empresas, la propuesta de pacto fiscal anunciada por el gobierno incorpora una serie de medidas procrecimiento y contra la informalidad que eran muy solicitadas por los gremios empresariales. Sin embargo, para muchos analistas los ganadores de esta jornada fueron las pequeñas y medianas empresas, aunque sus dirigentes reaccionaron con cautela frente a las medidas.

“El anuncio del pacto fiscal se produce en un contexto donde la economía se encuentra estancada y con un Estado anquilosado que desde un tiempo a la fecha todo lo que gestiona lo malogra. Se celebran las medidas procrecimiento que buscan destrabar la inversión asfixiada por la permisología sectorial y ambiental del Estado, como también aquellas que van en la dirección de mejorar la eficiencia del gasto público, pero falta ver a cuánto ascienden estas eficiencias”, afirma el exdirector del Presupuestos, Matías Acevedo, quien extrañó en los anuncios una reforma profunda al empleo público.

“Los programas mal evaluados tienen contrataciones y sus padrinos en el Congreso. No será posible mejorar el gasto público si no tenemos una profunda reforma al empleo público”, precisa Acevedo.

Las grandes dudas que aparecen en la ruta que tomarán las distintas partes del pacto fiscal corresponden al piso político que tendrán los proyectos anunciados. Más allá de las conversaciones con distintos sectores económicos y políticos durante estos meses, varios añalistas reparan en la ausencia de un “pacto” que sustente el camino de las medidas.

“En el fondo, más que pacto fiscal parece modernización integral del Estado. Partió por lo tributario, pero va a ir derivando hacia la necesidad de incluso modificar el Estatuto Administrativo y otros aspectos clave. De hecho, ya se desliza que muchas cosas se van a hacer en la Ley de Presupuestos. Al final, la amplitud de la discusión me parece positiva, pero no sé si el espacio político da para enfrentar una tarea de estas proporciones”, afirma Alberto Cuevas, socio de Tax & Legal de KPMG y excoordinador de Política Tributaria de Hacienda.

“Hoy escuchamos el anuncio de un compendio de medidas, no de un pacto”, complementa Matías Acevedo.

“Lo feo (es) la falta de un pacto político. Respecto de las medidas procrecimiento y modernización del Estado, varias de estas medidas no son nuevas y han sido presentadas por varias administraciones anteriores. Sabemos que la piedra de tope no es necesariamente la técnica, sino la política. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurrirá con los sectores más radicales del gobierno (PC y Frente Amplio) en el Parlamento cuando se presenten medidas para destrabar los trámites sectoriales y ambientales? O bien, cuando se decida modernizar el Estado, lo que necesariamente tocará los intereses de los operadores políticos que tienen sus padrinos en el Congreso”, alerta Acevedo.

A su vez, el economista de Clapes UC, Hermann González, también manifiesta sus dudas sobre el piso polÍtico de las distintas propuestas asociadas a impuestos.

“Aunque ahora es menor la parte del financiamiento que dependerá de aumentos de impuestos y se posterga el debate para el próximo año, se ve más difícil aprobarlos. En consecuencia, es posible que al final de este gobierno la carga tributaria suba en torno a 2% del PIB debido al aumento del royalty minero y de las medidas para reducir la evasión, la elusión y la informalidad. A esto se sumará el mayor espacio de gasto que se obtenga por crecimiento económico y eficiencia del gasto que serán determinados por un grupo de expertos y por la Ocde, respectivamente”, concluye el experto.