El proyecto se ubica en la comuna de Ñuñoa, en las esquinas de Irarrázaval con Avenida Américo Vespucio y considera la construcción de cuatro torres, de las cuales tres tienen destino residencial y una de oficinas. Con la iniciativa se incorporan 1.752 departamentos, 24 locales comerciales y 198 oficinas.

Pulso accedió al registro audiovisual en la que la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana rechazó este lunes -por nueve votos a 2- el permiso ambiental que tenía ese megaproyecto. En la sesión, cada seremi justificó su voto y fue dirigida por Arturo Farías, director del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana (SEA). Farías expuso por 12 minutos el proyecto y luego entregó la palabra al representante del proyecto Plaza Egaña SpA, Rodrigo Benítez, abogado y exsubsecretario de Medio Ambiente en el primer gobierno de Sebastián Piñera. “Por favor, Rodrigo, usted puede encender su cámara y también su micrófono para lo cual tendrá tres minutos para poder intervenir, puede probar su audio, por favor”, dijo.

Aquí la exautoridad y hoy socio de Schultz, Carrasco & Benítez destacó que el Servicio de Evaluación Ambiental recomendó aprobar el proyecto y sostuvo que la iniciativa no considera efectos negativos significativos.

Sin embargo, sus palabras no convencieron a los seremis y la alcaldesa Emilia Ríos (RD), quien fue la primera que tomó la palabra.

“Estoy muy consciente que esta es una instancia que es acotada y que se refiere a los aspectos técnicos observados por el tribunal ambiental en la RCA. Sin embargo, sería bastante inadecuado restringirse solamente a eso, porque creo que es muy importante que ustedes autoridades que vienen entrando puedan tomar el peso a lo que ha significado la masacre inmobiliaria urbana que, como lo señaló el titular del proyecto, estuvo avalada por el gobierno anterior”, expuso la jefa comunal solicitando el rechazo del proyecto.

Según la jefa comunal, el proyecto ha sido desarrollado a espaldas de la comunidad.

Sin embargo, según consta en el expediente del SEA, la iniciativa contó con un proceso de participación ciudadana entre el 1 de diciembre de 2017 y el 17 de diciembre de 2018.

Acto seguido, la seremi de Vivienda, Rocío Andrade sostuvo: “Lamento que hayamos tenido tan poco tiempo para revisar estos antecedentes, muchos seremis estamos incorporándonos a nuestras actividades hoy, y por lo tanto cuesta analizar proyectos tan complejos en tan pocas horas”. “Entiendo que la seremi de Medio Ambiente iba a exponer antes que yo”, destacó la delegada presidencial Constanza Martínez al coordinador de la sesión.

En ese momento la seremi de Medio Ambiente, Sonia Reyes, tomó la palabra y resaltó que el proyecto debe ser sometido a un Estudio de Evaluación Ambiental (EIA) y no con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Posteriormente, destacó los nocivos efectos que tendría en la población la disminución de la exposición a la luz natural, por lo que consideró que el proyecto debía ser rechazado.

Finalmente, la delegada presidencial, Constanza Martínez, concluyó que el proyecto genera cambios importantes no sólo en los sistema de vida, sino que también en la dinámica urbana general del sector. “Considero que un proyecto de esta magnitud debiera ser siempre ser realizado por un Estudio de Impacto Ambiental. Entiendo que la respuesta tiene que ser sólo con la luminosidad, pero tengo que hacer presente que una EIA nos obliga a evaluar con mayor certeza las afectaciones sobre los componentes ambientales y humanos”, acotó.

El seremi de Transportes, Roberto Santa Cruz, añadió que las condiciones en que se realizaron los estudios del impacto vial no son las mismas a las de la actualidad, destacando el efecto de una mayor presión por parte de la población ante las mejoras de los índices sanitarios de la pandemia.

¿El resultado? Nueve votos estuvieron por rechazar la RCA del proyecto y sólo dos por confirmarla (SEA y Ministerio de Vivienda y Urbanismo).

Descargos

Frente al revés, el gerente de Arquitectura de Inmobiliaria Fundamenta, Alfredo Palomino, sostiene que “este es un proyecto que ha cumplido con creces todas y cada una de las exigencias y normativas, razón por la cual fue aprobado el 2019. Pese a ello tuvimos que parar la obra iniciada hace 33 meses, porque la Comisión de Evaluación Ambiental por motivos que desconocemos y sin argumentación técnica evidente decidió rechazar en un día un proyecto que estaba aprobado”.

También dijo que “como empresa que quiere invertir y dar empleo no podemos esperar. Es urgente hacer algo ya porque hay 500 familias de trabajadores y 600 compradores que necesitan de este proyecto”. “Si hay una objeción a algún aspecto del proyecto estamos disponibles a conversarlo, pero no podemos darnos el lujo de perder todo lo que aporta este proyecto a la ciudad y al país”, concluyó.

Por su parte, la constructora a cargo de desarrollar el proyecto DLP sostuvo: “Estamos conscientes que detrás de los trabajadores hay familias, y por eso, el gerente general se reunió el jueves pasado en terreno con todos para explicar la situación. También participó el presidente del sindicato, quien ha estado informado desde el primer momento”.

El caso y el riesgo de futuros despidos motivó ayer la protesta de varios trabajadores del complejo frente a la Plaza Egaña. “Entendemos y compartimos su preocupación por asegurar su fuente de empleo, pero rechazamos todo acto de violencia que ponga en riesgo a las personas, así como bienes públicos y privados”, acotó DLP. Por ahora las gestoras están a la espera de ser notificados de la resolución del CEA para presentar una reclamación administrativa ante la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Mientras, la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, en T13, también manifestó su preocupación por el caso. “Tenemos un plan de inversión pública importante, pero también necesitamos inversión privada este año. Esto tiene que ver con inversión en un sector que está decaído así que nos preocupa y vamos a ver de qué manera podemos solucionar”, indicó.