Este lunes 13 de enero de 2025 comenzó la audiencia de formalización de 20 imputados por el denominado caso Factop. La jornada inició temprano, cuando pasadas las 8 de la mañana comenzaron a llegar al Centro de Justicia ejecutivos y directivos de Larravín Activos AGF, entidad que gestionó el polémico Fondo Capital Estructurado I, creado para solventar las deudas de Antonio Jalaff, fundador y exsocio de Grupo Patio.

Durante la audiencia, la fiscal jefa de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Lorena Parra, inició la lectura de una minuta que detalla los presuntos delitos imputados, entre los que se incluyen administración desleal, uso malicioso de instrumentos privados mercantiles falsos, estafa, soborno, lavado de activos y delitos tributarios. El documento, al que accedió Pulso, consta de 182 páginas. En el primer día de la audiencia, los fiscales avanzaron en la lectura de los antecedentes hasta la página 46 del documento presentado, mientras que el proceso continuará este martes y se proyecta que se extienda hasta el próximo viernes.

Ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, La Fiscalía busca probar el delito de lavado de activos en el caso Factop mediante una estrategia centrada en evidenciar el origen ilícito de los fondos involucrados, las operaciones fraudulentas y la utilización de empresas de fachada.

Lo describe en el hecho número 12 de las 182 páginas de la minuta de formalización. Ahí describe que entre 2017 a 2023, los dineros originados en las actividades ilícitas como estafa, infracción a la ley de mercado de valores, e invasión al giro bancario, “fueron utilizados por los imputados Daniel Sauer Adlerstein, Ariel Sauer Adlerstein, Rodrigo Topelberg Kleinkopff y Luis Flores Cuevas para financiar a grupos económicos y personas de su círculo cercano, entre ellos los imputados Álvaro Jalaff Sanz, Antonio Jalaff Sanz, Luis Hermosilla Osorio y Maria Leonarda Villalobos, Luis Angulo Rantul, entre otros”.

“Este mecanismo de financiamiento se realizó mediante el otorgamiento de líneas de crédito en favor de los imputados Álvaro Jalaff Sanz y Antonio Jalaff Sanz, líneas que alcanzaron aproximadamente los 4.500 millones de pesos para cada uno”, agrega laminuta de la fiscalía.

Según el documento, los imputados “crearon un grupo de empresas o holding al cual le dieron el nombre de fantasía de Sum Capital”, mediante el cual “realizaban actividades comerciales en el área de la industria financiera con operaciones mayormente lícitas”, pero que posteriormente comenzaron a perpetrar “diversas actividades ilícitas con el fin de defraudar a sus clientes” utilizando sociedades como Factop y STF Capital Corredores de Bolsa.

La acusación de lavado de activos se dirige contra siete personas, según la minuta distribuida ayer entre los abogados de las partes: los hermanos Ariel y Daniel Sauer, Rodrigo Topelberg, Luis Flores, Cristián Menichetti y los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff.

La Fiscalía sostiene que se efectuaron múltiples operaciones ilícitas, como la emisión de facturas falsas, para justificar flujos de dinero. El documento consigna que “los imputados no destinaron los fondos captados a las operaciones de factoring que decían realizar, sino que los destinaron a otros fines no declarados a sus clientes, simulando las operaciones de factoring a través de la emisión de facturas falsas”. Este esquema permitió crear “la apariencia de un negocio serio y solvente”, lo que indujo a las víctimas a entregar importantes sumas de dinero.

Otro eje central de la acusación es la estructuración del Fondo Capital Estructurado I, utilizado para dar apariencia de legitimidad a los activos ilícitos. La Fiscalía argumenta que este fondo permitió “la conversión de acreencias/deudas de origen ilícito en cuotas y dinero líquido”, y que su creación contó con la participación de altos ejecutivos que “realizaron las acciones necesarias para la creación del Fondo”, el cual facilitó la integración de dinero de origen ilícito en el sistema financiero formal.

Según la minuta, la investigación detalla el uso intensivo de dinero en efectivo y la triangulación de recursos para dificultar su rastreo. Se describe que “los imputados utilizaban empresas en el extranjero y triangulaban los fondos entre distintas sociedades vinculadas”, lo que generaba obstáculos para detectar la verdadera fuente de los recursos. Estas pruebas, junto con la documentación y testimonios recopilados, buscan demostrar que las actividades de los imputados constituyen el delito de lavado de activos.

La minuta describe, además, la triangulación de dineros, el uso de dinero en efectivo, la compra de vehículos y la adquisición de numerosas propiedades.

Entre 2018 y 2022, a través de Factop SpA, los imputados Ariel Sauer, Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg realizaron la compra de inmuebles en las comunas de Chillán, El Quisco, Las Condes, Panguipulli, Tierra Amarilla y Viña del Mar, por un monto total de $1.849.754.892. En 2020, utilizando Inversiones Das Limitada, los mismos imputados adquirieron propiedades en la comuna de Las Condes por un total de $1.813 millones.

En paralelo, en 2019, Daniel Sauer Adlerstein registró la compra de un Porsche Cayenne del año 2019, por un monto de $85.551.271. Ese mismo año, Ariel Sauer Adlerstein adquirió dos vehículos por un total de $70.140.198, mientras que entre 2019 y 2022, Luis Flores Cuevas compró cuatro vehículos por un monto total de $154.177.837.

Durante 2018 y 2019, período en que mantuvo una línea de crédito en Factop, Álvaro Jalaff Sanz adquirió dos casas en Zapallar y Vitacura, por un total de $2.459 millones. Además, mediante su sociedad Inversiones Ralún SpA, compró propiedades en Colina, Lo Barnechea, Pucón, Renaico y Vitacura, sumando un total de $2.570 millones. Entre 2019 y 2022, también a través de su sociedad Inversiones 540 (anteriormente Gestión y Desarrollo Patio SA), Jalaff realizó adquisiciones en Pichilemu por un total de $292 millones.

Por su parte, Antonio Jalaff Sanz adquirió un inmueble en la comuna de Ñuñoa en 2021 por $182.267.563 y, en 2019, otro en Las Condes a través de su sociedad Antofagasta, Mejillones y Cobija, por $258.457.322.

Según la Fiscalía, estas operaciones fueron realizadas con recursos de origen ilícito vinculados a los delitos investigados. Las adquisiciones inmobiliarias y de bienes de lujo se inscriben en un esquema más amplio de lavado de activos, diseñado para ocultar el verdadero origen de los fondos mediante transacciones aparentemente legales.

En la minuta la Fiscalía sostuvo que el imputado Luis Hermosilla, aprovechando su relación profesional y de amistad con la familia Jalaff, obtuvo entre 2017 y 2023 una sublínea de crédito garantizada por la línea de crédito que Álvaro Jalaff mantenía con los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg. Este financiamiento fue justificado mediante operaciones comerciales simuladas y facturación ideológicamente falsa, provenientes de empresas como Factop SpA y STF Corredora de Bolsa, las cuales eran controladas por los mencionados imputados.

Luis Hermosilla, en coordinación con los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg, simuló transacciones comerciales con empresas del grupo SUM Capital, girando cheques en blanco que eran transados por Factop SpA en el mercado financiero del factoring. Estas operaciones eran justificadas mediante facturas ideológicamente falsas emitidas a su favor, las cuales posteriormente eran anuladas, permitiendo a Hermosilla obtener financiamiento con dineros ilícitos.

Según la Fiscalía, Hermosilla “conociendo el origen ilícito de los dineros, proveniente de delitos de estafa, invasión al giro bancario e infracciones a la Ley de Mercado de Valores, adquirió, tuvo y usó, con ánimo de lucro y de manera sistemática, dineros de Factop SPA, STF corredora de bolsa y otras empresas controladas por los hermanos Jalaff cubriendo sus gastos personales y los de su familia, solventando altos costos de vida, la realización de inversiones e incluso costear gastos derivados del ejercicio de sus actividades profesionales, lo que no hubiese sido posible sin esta modalidad de financiamiento”.

Entre 2017 y 2023, los fondos provenientes de Factop SpA, STF Corredora de Bolsa y otras empresas controladas por los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg sumaron un total de $5.515.265.899, los cuales fueron abonados a la cuenta corriente de Hermosilla en el Banco BCI. Parte significativa de estos recursos fue manejada en efectivo, almacenada en una caja fuerte en su oficina, y solo parcialmente reflejada en depósitos realizados en instituciones financieras.

“Durante el período comprendido entre los años 2017 y 2023 el imputado Hermosilla, recibió sistemáticamente sobres de dinero en efectivo por parte de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, y los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff Sanz, parte de los cuales fueron posteriormente depositados en sus cuentas bancarias”, concluyó la Fiscalía.