En marzo comienza una nueva forma en que las empresas deben elaborar y presentar sus memorias anuales ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Según la nueva normativa 461, las compañías deberán transparentar información en materia de sostenibilidad, misión y valores, modelo de negocios, gobierno corporativo, personas y gobernanza.

El formato posee nuevos indicadores, modifica la sección 2.1.C.2 de la NCG (Norma de Carácter General) N° 30, precisando el contenido mínimo de la memoria e incorporando exigencias de información sobre sostenibilidad y gobierno corporativo. El objetivo es que las firmas reporten las políticas, prácticas y metas adoptadas en materias ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), en línea con los estándares internacionales.

La normativa se aplicará por etapas: la primera, para sociedades anónimas abiertas (SAA) con activos totales consolidados con valor superior a 20 millones de UF, a partir del 31 de diciembre de 2022, las que deberán remitir su memoria desde marzo de este año. Luego, a contar de diciembre del 2023, para aquellas SAA con activos totales consolidadas por un valor superior a un millón de UF, y para los demás emisores de valores no contemplados en los anteriores (bancos, compañía de seguros, entidades de infraestructura financiera), desde el 31 de diciembre de 2024.

A menos de un mes de que comience el primer plazo, hay cierta preocupación por parte de las empresas de cómo se realizarán las revisiones, fiscalizaciones y sanciones. Así como también respecto de lo que significa trasparentar la información de las compañías, el impacto que podría tener en el mercado, inversionistas y consumidores. En ese sentido, la CMF ha declarado que esta materia “está en constante evolución”, por lo que está consciente de que “es necesario monitorear las nuevas tendencias para ajustar la normativa en caso de que resulte pertinente”, según su sitio web.

Desde EY, empresa de consultoría y auditoría, explican que hay inquietud frente a las medidas de supervisión y a las consecuencias de no reportar según las exigencias. Romina Gaete, gerenta senior de Servicios de Sostenibilidad, afirma que, además, “vemos una brecha de cuáles podrían ser las equivalencias de lo que exigen normativas extranjeras para cada industria”.

Coincide David Falcón, socio líder de ESG, Riesgos Estratégicos y Gobiernos Corporativos de Deloitte. Cuenta que las dudas de sus clientes tienen dos focos principales: “El primero en relación a los indicadores específicos, sobre todo los que son por industria del Sustainability Accounting Standards Board (SASB), estándar de divulgación de Estados Unidos, con indicadores que hacen referencia a normas de ese país que no necesariamente tienen equivalencia en Chile. Y el segundo foco tiene que ver con la calidad y exhaustividad de la información. Al ser la primera vez que muchas empresas reportan, es difícil que tengan la respuesta a cada requerimiento de la norma; por eso surgen las preguntas sobre qué se debe hacer en esos casos”.

Gaete añade que algunas firmas son algo reacias a publicar temas de transparencia, “porque hay información que siguen considerando como ventaja competitiva, sobre todo el tema asociado a brecha salarial, políticas de diversidad, o sea, materias que en el fondo son más confidenciales”.

Con todo, las empresas ya trabajan en sus reportes, incorporando las nuevas especificaciones exigidas. En el caso de Falabella S.A., Daniela Bertoglia, gerenta de Sostenibilidad Corporativa, señala que la norma 461 los ha impulsado a avanzar en la definición y aplicación de las políticas y medidas ASG. “Hemos trabajado de forma integrada para asumir este nuevo estándar, que vemos como una oportunidad de acelerar la gestión de impactos de nuestro negocio, asumiendo de manera pública los desafíos que reflejan el compromiso y estrategia de la compañía a largo plazo”, sostiene.

Desde el grupo Latam, Johanna Cabrera, gerenta de Sostenibilidad, indica que la preparación de la memoria anual ha sido un proceso minucioso de revisión, pero que “debido a la metodología de reporte que tiene Latam, el trabajo ha sido más sencillo, porque gran parte de la información solicitada ya era reportada. En este proceso participan más de 15 áreas, las que han facilitado los datos adicionales que se están incorporando en el documento”.

Para Fernanda Hurtado, gerenta general de Fundación Generación Empresarial (FGE), organización sin fines de lucro que promueve la ética y las mejores prácticas en las empresas, esta normativa implica un cambio cultural. “Aquí es importante que se visualice como una manera de sentar las bases para avanzar juntos como sociedad en transparentar y compartir buenas prácticas, lo que incide en un mejor desarrollo organizacional, mejora la competitividad y sostenibilidad”, manifiesta.

Añade que con las memorias integradas, las empresas podrán entregar mensajes potentes a la comunidad, a sus stakeholders y también a sus trabajadores. La reportabilidad que establece la normativa permitirá generar una suerte de radiografía que “obligará a perfeccionar estándares y gestionar cambios, adoptando compromisos al respecto”, dice.

Por su parte, Marcela Bravo, gerenta general de Acción Empresas, fundación dedicada a sostenibilidad empresarial, comparte esa mirada. Considera que más que un check list, va a requerir un gran esfuerzo de las empresas, donde los directores son pieza fundamental. “Antes los reportes de sostenibilidad estaban a cargo de distintas áreas, pero con la nueva normativa este tema se ubica en la estrategia de negocio, impulsando una gestión colaborativa. En este contexto los liderazgos son clave para transmitir y llevar estas conversaciones al más alto nivel, involucrando a todos los colaboradores en el avance del desarrollo sostenible. Es un paso importante para la transparencia y generar valor en la sociedad, pues las organizaciones son un actor relevante en los territorios y necesariamente deben medir sus impactos en sus grupos de interés”, enfatiza.