Luego de más de cinco años de tramitación, este martes se despachó del Congreso el proyecto que establece nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados.

Minutos después de ese hecho, el fundador de Felices y Forrados, Gino Lorenzini, salió a anunciar que cerraría todas sus empresas, y mediante la cuenta de Twitter de Felices y Forrados, comunicaron que “el servicio de sugerencias de FyF funcionaría hasta el 31 de mayo de 2021, o a más tardar 31 de agosto de 2021″.

“Se eliminó Felices y Forrados, es un hecho, ya no se puede echar atrás. Obviamente que $1.700 millones de garantía no los vamos a poner en la Superintendencia de Pensiones, no porque no queramos, sino porque nosotros dijimos ojo: que sea la CMF (Comisión para el Mercado Financiero), un organismo objetivo”, dijo ayer Lorenzini en una transmisión mediante el canal de Felices y Forrados.

Y agregó: “$1.700 millones no tengo, y no pienso subir el precio ni pienso llevarme la empresa al extranjero. Simple: esto se terminó”.

La iniciativa que se aprobó establece que habrá dos registros, uno de Asesores Previsionales y otro de Asesores Financieros Previsionales. Estos últimos serán fiscalizados conjuntamente por Superintendencia de Pensiones y de la CMF, a través de resoluciones conjuntas y diferenciadas.

Entre los requisitos se establece que deben constituirse en Chile y sus socios y administradores deberán contar con antecedentes comerciales intachables, y acreditar una garantía “para responder de los perjuicios que puedan ocasionar” a quienes los contraten. Si bien el monto lo fijarán los reguladores, la norma establece un piso de 500 UF (unos $15 millones) y un techo de 60.000 UF (cerca de $1.760 millones).

Fue el 1 de julio de 2015 cuando la entonces Presidenta Bachelet envió al Congreso el proyecto de ley sobre nuevas exigencias a los agentes del mercado.

En ese momento, no se consideró en el texto una regulación para quienes recomiendan cambios de fondos en las AFP, sino que más bien la iniciativa se centró en fortalecer la regulación respecto a sociedades anónimas, empresas de auditoría, market maker, entre otros temas.

El 16 mayo de 2017 se aprobó en general el proyecto en el Senado, y el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, adelantó que se incorporarían nuevos temas en línea con recomendaciones del Consejo Consultivo de Mercado de Capitales y de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por el fraude de empresas de inversión o estafas piramidales, como respuesta a casos emblemáticos de Garay y los hermanos Chang, entre otros.

Y fue el 17 de julio de ese mismo año, cuando se ingresaron las indicaciones anteriormente mencionadas, donde finalmente también se incorporó la regulación a los ahora llamados “asesores financieros previsionales”, aunque en términos muy generales.

Luego, cuando el Presidente Sebastián Piñera asumió el mando del país, el 19 octubre de 2018, se decidió reiterar la indicación de Valdés, pero se formuló una nueva indicación sustitutiva en términos similares respecto de los asesores financieros previsionales. En la presentación ante los senadores se mencionó a Felices y Forrados.

Pero fue el 13 de mayo de 2020 cuando empezó a ganar mayor visibilidad el tema de los recomendadores de fondos, ya que el Banco Central (BC) dedicó un recuadro especial del Informe de Estabilidad Financiera (IEF) para comentar los riesgos para la estabilidad financiera que representan los agentes que recomiendan cambios de multifondos en las AFP. Es más, el instituto emisor dedicó tres páginas para hablar de este tema, y pidió que se regule a este tipo de entidades.

El 18 de mayo el gobierno reactivó este proyecto que dormía en el Congreso, ya que le puso urgencia suma e ingresó nuevas indicaciones.

Unos días después, la Ocde entregó al gobierno un informe donde recomendó regular de mejor forma los cambios que hacen los afiliados en los fondos de pensiones, e imponer una mayor regulación a los asesores que recomiendan estos traspasos. Lo anterior, luego de que el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) solicitó el 31 de enero de 2020 un análisis al organismo para ver cómo opera la regulación en otros países.

De inmediato, el 2 de junio de 2020, el entonces ministro de Hacienda, Ignacio Briones, presentó una nueva indicación, esta vez, para restringir el cambio de fondos: solo se podría efectuar tal transferencia hacia tipos de fondos adyacentes en su denominación y el traslado podría demorar 30 días.

También incorporó nuevas regulaciones a los asesores financieros previsionales, especificando que se entendía como asesoría previsional a “las transferencias entre fondos”. Se estableció que la garantía que debía desembolsarse, sería para “los perjuicios” ocasionados por sus consejos.

También se prohibió a los asesores y parientes en primer grado beneficiarse “de las variaciones en los precios de mercado que se deriven de las recomendaciones”. Se estableció, además, una prohibición para que hagan difusión con declaraciones que puedan inducir a error, equívocos o confusión al público.

Desde Felices y Forrados llamaron a detener “el corralito de Piñera”, y solicitaron que las personas envíen un correo a los parlamentarios que en ese momento estaban discutiendo el tema. Llegaron cientos de correos a la Comisión de Hacienda y los diputados. En tanto, el BC se mostró de acuerdo con limitar los cambios de fondos, y advirtió que no era un “corralito”.

El 7 de octubre el gobierno retiró la indicación que limita el traspaso de fondos tras un fuerte intercambio con el presidente de la Comisión, diputado Daniel Núñez (PC), que la calificó de inadmisible y los acusó de crear un “corralito” con los ahorros de los afiliados.

El 15 de octubre del año pasado, se aprobó en general y particular el proyecto en la Cámara de Diputados, donde se mantuvo lo dispuesto por la Comisión de Hacienda, que suprimió la obligación de que los asesores previsionales presentaran una garantía por no lograrse mayoría.

En la oportunidad, votaron a favor los diputados de ChileVamos y el resto se abstuvo: Giorgio Jackson (RD), Daniel Núñez (PC), José Miguel Ortiz (DC), Marcelo Schilling (PS) y Alexis Sepúlveda (PR).

Luego, el 28 de octubre de 2020, la Comisión de Hacienda del Senado comenzó a revisar los cambios realizados en la Cámara de Diputados al proyecto, y el 7 de enero de este año la iniciativa pasó a Comisión Mixta.

El 26 de enero, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, envió a la Comisión Mixta una indicación donde se concreta la diferenciación entre los Asesores Previsionales y los Asesores Financieros Previsionales que no realizan atención personalizada, sino que de forma masiva se comunican con los afiliados y entre otras cosas, sugieren transferencias entre tipos de fondos de pensiones. A estos últimos pertenece por ejemplo la entidad Felices y Forrados.

Allí también terminó por zanjarse la fiscalización conjunta de este tipo de asesores, por parte de la Superintendencia de Pensiones y de la CMF, así como el rango del valor de la garantía que se debería constituir.

El Senado finalmente aprobó en sala el proyecto el 28 de enero, justo antes de que iniciara el receso legislativo. Ese día, en redes sociales el punto más polémico fue la supervisión -inclusión de requisitos y obligaciones- de las entidades que funcionan como asesores previsionales masivos que llevó a Felices y Forrados a iniciar una campaña #RechazaArticulo4 en redes sociales. Pero el informe de Mixta se discutió como un todo y no hubo votación separada de ningún capítulo. Así, el Senado lo aprobó por 31 votos y 5 abstenciones.

Y pese a que se esperaba que el proyecto también fuera votado por la sala de la Cámara de Diputados antes del receso legislativo, eso finalmente no ocurrió. Pero quedó en tabla para este martes. Es por esto que el lunes Felices y Forrados pidió a las personas que manden correos electrónicos a los parlamentarios solicitando que rechacen lo que esta entidad llamó “Ley Mordaza de Piñera”.

Finalmente, este martes los diputados aprobaron el proyecto con 96 votos a favor, 18 en contra y 12 abstenciones. Ahora resta la promulgación del Presidente y la publicación en el Diario Oficial para que se convierta en ley.