¿Cómo se revoca una concesión?

La caducidad de una concesión a una empresa de distribución eléctrica está reglada por el capítulo cuatro de la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE), y considera que el Presidente de la República puede declarar caducada una concesión en caso que la calidad del servicio de una distribuidora eléctrica no se corresponde con “las exigencias preestablecidas” en la misma ley, a menos que el concesionario logre remediar la situación dentro de los plazos exigidos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Para la especialista en regulación eléctrica, la abogada Daniela González, “le corresponde a la SEC determinar la concurrencia de la causal indicada, pero la caducidad se declara por el Presidente de la República mediante decreto”.

La directora de Domo Legal enfatiza que “si bien la medida de caducidad de concesiones forma parte de la normativa vigente y de las reglas del juego, es un procedimiento de último recurso por la envergadura de las consecuencias que trae aparejadas. Por ello, debiera tramitarse con los mayores estándares de debido proceso y transparencia”.

Agrega que “no es un procedimiento rápido, que podría estar sujeto a eventuales recursos judiciales. Estamos hablando de años más que meses”.

La normativa legal además establece, en su artículo 43, que en caso que el Presidente de la República declarara caducada una concesión se dispondrá “la licitación de los bienes afectos a ella”, la cual deberá verificarse dentro de un plazo no mayor de un año.

En ese sentido, González subraya que, “de declararse la caducidad, lo que corresponde es que se asigne una administración provisional del servicio, lo que no es algo trivial ni fácil de hacer dada la envergadura de la responsabilidad, de la zona de concesión, y del número de clientes. Luego se deben licitar los bienes y lo recibido, excluidos los gastos, se le devuelven al exconcesionario. Esto significa que los bienes no pasan al Estado, sino que debe buscarse un nuevo concesionario, por lo que es más bien una venta forzosa”.

Visión que respalda Eugenio Evans, abogado, socio Grupo Evans, profesor de Derecho UC. “Afortunadamente, la ley no prevé que los activos pasen a ser explotados por el Estado. Por ello, no hay tampoco expropiación, pues el producto de la licitación se entrega al propietario de la empresa afectada con la caducidad, deducidos los gastos y deudas garantizadas con prendas, hipotecas, etc”, señala.

Eso sí, el abogado pone paños fríos a la situación: “Un escenario como el que está viviendo la Región Metropolitana podría justificar una decisión de estas características, pero, al mismo tiempo, valga señalar que existen razones por las cuales estamos enfrentando esta situación. Las hay naturales, políticas, negligencias colectivas, deficiencias regulatorias, etc”.

González suma que hay temas de fondo: “Tenemos que abordar el rol de la distribución eléctrica en la transición energética, la necesidad de modernizar la regulación existente discutiendo la calidad de servicio que necesitamos y a los cuales aspira la ciudadanía, y por cierto el rol público tanto respecto a si se tarifica efectivamente para que las distribuidoras den un servicio de calidad como respecto a la fiscalización de la prestación de servicios que son esenciales para la población”.

Rodrigo Castillo, exdirector ejecutivo de Empresas Eléctricas, ve además dificultades prácticas. “Desde el punto de vista jurídico y práctico el revisar una concesión eléctrica tiene enormes dificultades”, dijo el también abogado en diálogo con el programa Desde la Redacción, de La Tercera.

“Yo coincido en que desde el punto de vista práctico, el cancelar la concesión de una empresa de suministro eléctrico es algo muy difícil, no solo porque es muy difícil normativamente, sino porque es muy difícil prácticamente. ¿Qué vas a hacer con esos activos? ¿Los va a administrar la SEC? ¿Los va a administrar el Estado? En la práctica yo veo muy difícil que algo así pudiera prosperar, más allá del gesto político y más allá del mensaje político de enorme preocupación, que creo que la ciudadanía completa comparte”, indicó.